Deberá cumplir tareas comunitarias durante cuatro meses.
La militante nacionalista Romina Celeste Papasso fue condenada por un delito de atentado y deberá cumplir tareas comunitarias durante cuatro meses.
La resolución se alcanzó mediante proceso abreviado y determinó una pena de prisión por siete meses, que se sustituyó por libertad vigilada. Se le impusieron, además, medidas cautelares.
Romina Celeste fue detenida el miércoles pasado, en oportunidad del acto que se desarrolló en la explanada municipal como agasajo al presidente brasileño Luis Inazio Lula Da Silva.
En la ocasión, la líder del sector Juntos por el Pueblo, mientras se manifestaba en el lugar contra la presencia del mandatario, tuvo una discusión con una funcionaria municipal a la que terminó escupiendo.
Esto determinó la detención inmediata de la activista, quien se desacató al ser introducida en el móvil policial.
Este viernes, sobre el filo de las 48 horas del plazo de detención, el fiscal Rodrigo Morosoli alcanzó un acuerdo con la defensa de la acusada para establecer la condena mediante proceso abreviado.
Si bien en los papeles, la pena establece siete meses de prisión efectiva, la Justicia aplicó medidas alternativas a la reclusión, imponiendo el cumplimiento de la condena en libertad vigilada y una serie de medidas cautelares.
En principio, deberá fijar domicilio y presentarse ante la seccional correspondiente una vez por semana, en tanto cumplir tareas comunitarias por un plazo de cuatro meses.
Además, se le obligó a cumplir tratamiento psiquiátrico para el control de la ira y difundir una disculpa pública a la funcionaria damnificada. Romina ya dio cumplimiento a este último aspecto, publicando la disculpa correspondiente en su perfil de Twitter: “Después de un acuerdo con la fiscalía y con sentencia 19/2023 pido disculpas a los funcionarios municipales por el pollo”.
Desde Fiscalía se informó que la Justicia la autorizó a expresarse en estos términos, en respuesta al pedido de la involucrada que argumentó que la utilización de su lenguaje habitual reflejaba mejor la sinceridad de la disculpa.
También desde el Ministerio Público se hizo hincapié en que la condena obedece estrictamente al ataque sobre la funcionaria municipal, deslindando en todos los casos cualquier cuestionamiento al derecho de manifestación consagrado por la Constitución de la República.
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