El gobierno quiere desangrar ANTEL y aplicar la LUC contra viento y marea, pero el apuro los deja en orsai. Además, reapareció Novick ofertando para comprar Movistar Uruguay: ¿Conflicto de interés?
Por Fabricio Mato
El presidente de ANTEL, la telefónica pública y estatal de nuestro país, dijo que “si las cosas ahora se están cayendo es porque antes estaban atadas con alambres”. Sin embargo, pareciera que lo que sí está atado con alambres es el proceso de portabilidad numérica, habilitado en la LUC, entre otros proyectos que el gobierno de coalición tiene previstos para las telecomunicaciones en nuestro país.
Este lunes la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) publicó en su portal la resolución 005 del Comité de Portabilidad Numérica (CPN) en la que se establece en el primer numeral: “Disponer, en el marco de la Convocatoria al Procedimiento para la Contratación del Administrador de la Base de Datos, a los efectos de la Implementación de la Portabilidad Numérica en Uruguay, Período 2021 a 2026, una prórroga de 45 (cuarenta y cinco) días del plazo para que el Consorcio “CLEARTECH LTDA.-CIETEL S.A.” presente el correspondiente Contrato de Consorcio con las formalidades legales correspondientes”
Esto quiere decir que se adjudicó el llamado para ser el administrador de la base de datos, con todos los riesgos de seguridad para información sensible que ello implica, a una empresa que al día de hoy no existe y se le otorga un plazo de 45 días para que pueda formarse.
Esto de por sí solo ya sería escandaloso, pero no es la única aberración que se ha cometido a lo largo del proceso en el que se busca imponer la portabilidad numérica en nuestro país, un mecanismo anacrónico que donde se ha implantado no hace sino provocar la disminución de inversiones de los operadores de telefonía móvil en las infraestructuras necesarias para optimizar los servicios y garantizar el acceso de las telecomunicaciones a toda la población.
El proceso de la portabilidad numérica, a través del cual este gobierno busca trasvasar usuarios de ANTEL a los operadores privados multinacionales, ha sido por demás accidentado en tanto los operadores oficialistas en la URSEC y en la DINATEL están muy ansiosos por demostrar que cumplen con las instrucciones del gran capital transnacional o no estaban preparados para gobernar de acuerdo a las necesidades de todo el país, o las dos cosas.
La portabilidad numérica fue establecida el 9 de julio de 2020 en un capítulo de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que será derogado por nuestro pueblo junto a otros de los 135 artículos más regresivos de esa norma. Tuvieron que transcurrir casi seis meses (el 19 de enero de este año) para que fuera publicado el decreto en el que se estableció el reglamento del CPN, que no es sino una copia casi textual del reglamento similar que existe en Colombia.
Unos días después (el 4 de febrero) se publicó el procedimiento “para la selección del Administrador de la Base de Datos para implementar y desarrollar la Portabilidad Numérica en Uruguay”, que originalmente se cerraba el 5 de marzo de este año. Sin embargo, se realizaron sucesivas prórrogas para la presentación de oferentes que concluyeron el 25 de ese mes. Los sobres debían abrirse el 5 de abril, pero sin embargo este proceso concluyó recién el 5 de julio y la resolución sobre cuál fue la empresa ganadora se conoció recién el 16 de agosto.
O sea que sobró el tiempo para que el consorcio ganador pudiera conformarse, lo que nos hace suponer que no se hicieron los trámites correspondientes ante la incertidumbre de los operadores respecto a lo que pueda suceder en el referéndum a realizarse contra la LUC, mientras que el gobierno empuja y presiona para sacar este proyecto adelante, al que consideran una suerte de “caballito de batalla” para defender toda la LUC.
Mientras tanto, uno puede preguntarse con quién estarán negociando los tres operadores de telefonía móvil de nuestro país, cuándo se firmarán los contratos y si se estarán suscribiendo compromisos con algún o algunos representantes de este consorcio y si se estarán realizando cambios en las redes, sistemas y procedimientos de nuestra empresa pública para adaptar sus operaciones al trabajo con una empresa inexistente.
El gobierno nacional que hasta hace una semana prometía que la portabilidad estaría disponible en el mes de diciembre, ¿seguirá repitiendo este disparate? ¿Se comprometerá la seguridad de los servicios de telecomunicaciones para impulsar a marcha forzada el proyecto de las multinacionales Movistar y Claro en nuestro país? ¿Serán tan irresponsables?
El director de la URSEC en representación del Frente Amplio, Pablo Siris, planteó al Directorio de ese organismo y al Poder Ejecutivo que se suspenda la implementación de la portabilidad hasta tanto el pueblo decida sobre la LUC. A pesar de las reiteradas y sucesivas negativas por parte del oficialismo, parece que la terca realidad hará que efectivamente el referéndum sea convocado antes de que se logre llevar adelante ese mecanismo.
El regreso de Novick
La desprolijidad en las formas, siendo muy generosos en el calificativo, se extiende a toda la política del gobierno de derecha en telecomunicaciones. Solo parecen estar interesados en desguazar y desangrar ANTEL. Y ahora también, solo era cuestión de tiempo que aparecieran, se hacen evidentes los conflictos de interés.
Según informó el pasado jueves el semanario Búsqueda, el empresario y excandidato presidencial por el derechista Partido de la Gente, Edgardo Novick -quien fuera anteriormente candidato a intendente de Montevideo por la confluencia de todos los partidos que hoy integran la coalición de gobierno en las elecciones departamentales de 2015-, presentó conjuntamente con un grupo inversor norteamericano y un operador argentino de televisión para abonados una oferta de 400 millones de dólares para adquirir Movistar Uruguay.
La oferta realizada por Novick y asociados equivale a cerca de 240 dólares por usuario de esa empresa de telefonía móvil, que excede largamente los 41 dólares por usuario en el que están valuadas las operaciones de Telefónica en la región, según la publicación argentina Telesemana, especializada en telecomunicaciones.
Llama la atención la magnitud de la oferta, lo que puede hacernos pensar que existe algún tipo de compromiso en relación a la filial de la empresa española, que tiene cerca del 30% de los usuarios de servicios móviles en nuestro país. Es la segunda, muy lejos de ANTEL, pero delante de Claro.
La evidente conjunción de intereses, posición privilegiada y posible tráfico de influencias se transforma en un nuevo escándalo para un gobierno que entrega el puerto por 60 años, le regala a los propietarios de los canales privados dos millones y medio de dólares, le renuncia un ministro que era asesorado por un prestamista que negociaba con casinos online, al que todas las semanas se le fugan delincuentes retenidos y se desentiende de detenidos a quienes permitió que se sometiera a condiciones inhumanas.
Así como con la recolección de las casi 800.000 firmas, así como con el paro del 15 de setiembre, en el próximo referéndum tendremos la oportunidad de pararle la mano a un gobierno que gobierna solamente para los poderosos, a los que llama “malla oro”, para lograrlo solamente hay una forma: organizándose y luchando en defensa del patrimonio nacional, que es la herencia que le dejamos a nuestros hijos y nietos. Que no nos roben el futuro.
Fuente : elpopular.uy
