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La primera cárcel privada en Uruguay costara 120 millones de dolares


Uruguay tendrá en pocos meses su primera cárcel privada, y será la segunda más grande del país. El innovador negocio carcelario fue abordado durante un intercambio académico organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales. La discusión giró en torno a las políticas públicas de seguridad y el interés que incita la gestión de centros penitenciarios en base a lógicas empresariales.

En el debate, que tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Sociales, expusieron el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, el sociólogo Rafael Paternain, la psicóloga María Ana Folle, y el integrante del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) Mauro Tomasini.

El nuevo establecimiento carcelario es el primero en regirse por la Ley de Contratos de Participación Público-Privada (PPP), N° 18.786, promulgada en 2011, que autoriza la realización de obras de infraestructura y prestación de servicios.

La licitación pertenece al consorcio Sociedad Anónima Punta Rieles, conformado por las empresas Teyma, Abengoa, Inabensa y Goddard Catering Group. La inversión es de aproximadamente 120 millones de dólares, y será el primer caso en que una empresa privada prestará un servicio carcelario al Estado uruguayo. Lo hará durante 27 años y medio de contrato y, además de la infraestructura, el consorcio proveerá el servicio alimentario, de limpieza y lavandería.

El Estado, por su parte, se encargará tanto de la seguridad y administración, como del modelo de tratamiento de rehabilitación.

Capacidad para 1.960 reclusos

Según expuso Petit, el proyecto está en obra desde mediados de 2015 y se espera que comience a funcionar en setiembre de este año.

La capacidad del centro penitenciario será para 1.960 personas privadas de libertad, en un predio de 25 hectáreas.

Por concepto de “hotelería” debe entenderse que el Estado abonará al consorcio, según expusieron los especialistas, un costo estimado de 670 pesos por día y por recluso, hasta que finalice el contrato.

En caso de que la cárcel se encuentre llena, el Estado debería pagar unos 18 millones de dólares anuales, que multiplicados por los veintisiete años y medio que dura el contrato, implican cerca de 500 millones dólares. Además, el acuerdo implica que de superarse la población carcelaria se incrementará el pago por parte del Estado a las empresas.

El sociólogo Rafael Paternain se basó en las experiencias de casos de cárceles privadas en Chile, México y Estados Unidos, para plantear que estos modelos carcelarios van “hacia una tendencia que focaliza al recluso como una mercancía. El sujeto pasa de ser un sujeto de depósito a obtener un nuevo estatus de revalorización económica, lo que implica pensar que la lógica de estas cárceles neoliberales supone que estas dos mil plazas se llenen de inmediato”.

Paternain agregó que “seguramente se presione hacia el hacinamiento, pues el Estado debe pagar sobrecostos o multas cuando se supere esta frontera (de 1.960 internos), lo que constituye un excelente negocio para los administradores de estos proyectos, tal como las tarjetas de crédito, que ganan con los atrasos. En la experiencia chilena siempre hubo sobrecostos por pasarse de la cantidad de plazas”.

Por otro lado, ilustró que, aunque no hubo una discusión de por medio, el sistema penitenciario necesitaba construir de manera rápida un nuevo establecimiento que diera respuesta a los problemas estructurales.

Petit reconoció esa “mala fama” de las experiencias en otros países de la región, pero también señaló que Uruguay está muy atrasado en el diseño arquitectónico de los centros carcelarios y el sistema en sí es muy pobre. Dijo que ante la preocupante cantidad de personas privadas de libertad y ante la situación en la que viven se precisan más centros carcelarios y, que si bien preferiría varios centros de menor tamaño, espera que esta apuesta funcione.

“El sistema carcelario no está contemplado dentro de la agenda y se encuentra por fuera de las políticas públicas. El Parlamento no contempla destinar dinero para cárceles que no tienen autonomía técnica para reclamar recursos necesarios”, dijo.

Asimismo, resaltó que en esta nueva cárcel se buscará un trato humano, rodeado de un alto contenido tecnológico, y que el rol del Estado será muy importante debiendo encargarse de la educación, la salud, el deporte, la ciudadanía y la cultura.

Una cárcel público-privada gestionada por un gobierno progresista

Por su parte, la psicóloga María Ana Folle revisó las opciones que brinda el abolicionismo penal para delitos menores, e ilustró el tema a través de casos de personas involucradas en el menudeo y comercio de drogas en los que, de recurrirse a medidas alternativas a la privación de libertad, podrían evitarse las situaciones de hacinamiento, violencia física y psicológica.

Folle no dejó pasar la oportunidad para atribuirle al Estado la responsabilidad concreta de las 36 muertes de internos durante el año pasado, y expresó que “todos debemos ser conscientes de que en medio de un contexto de neoliberalismo complejo se va a abrir una cárcel público-privada gestionada por un gobierno progresista”.

Planteó que todos los ciudadanos son susceptibles de ser víctimas de cualquier suceso fatal, y que “en esta era de humanitarismo quizás se pueda pensar desde nosotros, haciendo una inversión de ese lugar de la víctima, para ponernos en situación de sintonía con esa víctima, pero superando todas aquellas situaciones por las que esa persona está hoy en la cárcel”.

Mientras que Mauro Tomasini habló de lo mucho que cuesta relacionarse con personas privadas de libertad, lo cual debe ser revisado por los políticos, la academia y las organizaciones.

Además, criticó la falta de rehabilitación del sistema carcelario adulto, y dijo que “no hay un planteo serio. No hay acompañamiento posterior a la libertad del sujeto, no se sabe cómo se trabaja dentro de la cárcel, no hay un abordaje ni intervención. Antes de hablar de una nueva cárcel y cómo va a operar, es necesario definir esto”.

La Red 21

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