El BPS perdió un juicio en 2014 por negligencia. Sin embargo, hasta la fecha no ha realizado el pago por gastos a la familia de Florencia Lista que tiene un 97% de minusvalía luego de haber recibido una mala atención en el sanatorio Canzani.
Así lo denunció su madre, Gabriela Turrión que vive junto a sus hijas en España desde el año 2000 ya que su médula y estomago no funcionan, y el Hospital La Fe (recomendado por los médicos) le brinda una atención que le salvó la vida. Florencia nació el 12 de enero del 2000 en el Canzani casi muerta relata su madre.
En el 2003 Gabriela comenzó un juicio al BPS. El abogado Hugo Díaz explicó que en 2014 quedó laudada su responsabilidad médica y se establecieron los daños a reparar. En ese momento se pagó el daño moral pero no los gastos que demanda la atención de Florencia.
Gabriela no puede afrontar esos gastos porque Florencia no puede comer o ducharse por si sola por lo que necesitas una atención personalizada. Para eso se recurrió a la pericia de Teresa Criado del Río, especializada y una pericia a cargo de la Dra. Beatriz balbela ex irectora del ITF.
Díaz explicó que el BPS tiene una deuda, pero ahora el problema es establecer el monto. Desde el 2017, el BPS ha rechazado las liquidaciones presentadas por los abogados y tampoco ha buscado un acuerdo lo que agrava los daños afirmó. Para calcular este monto, que es matemático, se cuenta con una pericia realizada en España por la perito especializada en valoración de daños corporales y en Uruguay una pericia a cargo de la Dra. Beatriz Balbela ex directora del ITF.
El presidente del BPS, Alfredo Cabrera se interesó por el caso cuando Gabriela lo hizo público en twitter y solicitó un informe al departamento legal. Explicó que el expediente se encuentra en una etapa de prueba debido a que hay mucha diferencia entre el monto reclamado y lo que entiende el banco que debe pagar. El BPS va a apagar, pero lo que lo impide es la cifra millonaria en dólares, afirmó.
Desde la clínica de litigio de la Universidad de la República, el abogado Juan Williman dijo que este tipo de situaciones se da debido a que en el caso del daño moral existen montos establecidos, pero en el caso de los gastos que se generan es necesaria una liquidación donde los montos deben calcularse y no hay ningún monto límite. Además, no influye que se trate del ámbito público o privado.
Williman dijo que, si las partes están muy distantes y no llegan a una transacción, el proceso es muy largo con lo que eso significa para la persona que espera.
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