La diferencia cambiaria con Argentina golpea con fuerza cada vez mayor al pequeño y mediano comercio del litoral oeste, al punto que en Paysandú “es la primera vez que hay una manifestación de comerciantes pequeños y medianos, incluso de no agremiados en el Centro Comercial e Industrial, que ayer lo hicieron y fue un número muy importante”, advirtió la diputada frentista Cecilia Bottino en Menú Informativo. “Las medidas dependen del Poder Ejecutivo y la responsabilidad es del gobierno nacional”, reclamó.
Bottino reseñó que cuando el intendente de Salto, Andrés Lima, propuso habilitar la “micro-importación” en los departamentos fronterizos con Argentina para compensar la diferencia cambiaria que golpea al comercio local, desde “el Ministerio de Economía y Finanzas (…) la desalentaron, dijeron que hay cuestiones internacionales que la hacen inaplicable”.
“Cuando fue el Ministerio (al Parlamento) nosotros le trasladamos cada una de las propuestas que había de los distintos partidos políticos, y la micro-importación fue una que estuvo arriba de la mesa, y fue descartada porque dice que hay trabas que le impiden a nuestro país que se concrete”, recalcó.
Desde entonces “se ha perdido un tiempo precioso, y hay una omisión muy grande por parte del gobierno nacional en la toma de medidas, y eso ha hecho que nuestros departamentos estén sufriendo muchísimo con un impacto no solo en lo laboral sino también en lo económico”, cuestionó.
“Nosotros pensamos que no” hay voluntad política real en el gobierno para resolver la problemática fronteriza, de precios y de trabajo, ya que “no es una cuestión que los tomó de sorpresa, esto ya se sabía; estoy convencida de que la apertura de los puentes se demoró más, porque se veía venir” esta situación, que deriva en miles de uruguayos cruzando el río para comprar barato; “los intendentes fueron muy enfáticos porque saben que la primera puerta que se golpea cuando hay desempleo es la de los intendentes”.
En esa dirección la legisladora sanducera alertó que “en Paysandú hay un desempleo que ahora se va a ver incrementado porque hay 3.000 trabajadores zafrales” que quedarán cesantes porque “ahora se termina la zafra y van a quedar sin trabajo, y no hay ámbito para que consigan empleo formal; entonces ese 10,8% de desempleo va a llegar casi a un 14%”, avisó.
“Nos preocupa eso, que no se toman medidas con respecto a la diferencia cambiaria, que no la podemos solucionar nosotros, pero tampoco se toman con la afectación de los comercios, que no son los grandes, porque estamos hablando acá de los pequeños y medianos comerciantes, y de la economía del Departamento y la afectación de las fuentes laborales”, remarcó.
“El daño que ya se ha provocado es difícil que se revierta”, lamentó la diputada al reiterar “los planteos que se le ha hecho permanentemente” al gobierno, “y hay como una especie de desaliento; en nuestro Departamento es la primera vez que hay una manifestación de comerciantes pequeños y medianos, incluso de no agremiados en el Centro Comercial e Industrial de Paysandú, que ayer lo hicieron y fue un número muy importante; que generalmente no se movilizan y en este momento sí se han movilizado”.
Para revertir esa acumulación de deterioros “todas las medidas dependen del Poder Ejecutivo porque son de competencia e iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, y la responsabilidad es del gobierno nacional”, recordó.
Advirtió que además “es un debe del gobierno presentar el Plan Nacional de Fronteras”, cuyo anuncio “en febrero de este año” se llevó a cabo “con bombos y platillos en Cancillería”, pero después “quedó circulando por los diferentes ministerios y creo que va a morir”, incluso habiendo sido “una de las cuestiones por las cuales creamos las dos comisiones, la de Frontera con Argentina y la de Frontera con Brasil; y nos vamos a quedar esperando ese Plan que tenía soluciones que podrían haber resuelto esta situación”.
Por todo eso “la responsabilidad del gobierno nacional en la omisión y en la no toma de decisiones es muy grande”, acusó, y sostuvo que “implica a veces no querer correr con determinados costos políticos y por eso no adopta esas decisiones, más allá de que se lo pidan todos los actores políticos que estamos viviendo en la frontera: legisladores, intendentes y actores sociales como son los centros comerciales y los comerciantes”.
Fuente : m24.com.uy
