La jueza Urioste lo procesó con prisión, pero aceptó que fuera domiciliaria, ya que el imputado padece una grave enfermedad
Por Carlos Peláez
En 1972 Rogelio Garmendia era un joven teniente que revistaba al servicio de la OCOA en el denominado “300 Carlos” o “Infierno grande”, ubicado a los fondos del Batallón 13 de Infantería Mecanizada. A principios de los 90 fundó la empresa Aborgama, que trabaja en gestión ambiental y es la más grande en su rubro en Uruguay, también con importantes operaciones en Brasil.
La semana pasada la jueza penal Silvia Urioste, a solicitud del fiscal Ricardo Perciballe, condenó a Rogelio Garmendia a la pena de prisión por los delitos de “reiterados abusos de autoridad contra los detenidos”, “reiterados delitos de lesiones graves” y “reiterados delitos de privación de libertad”.
La denuncia contra Garmedia se presentó hace más de 10 años por parte de 21 personas, mujeres y hombres, que en 1972 tenían militancia gremial, estudiantil, en grupos políticos legales y algunos en el MLN.
Según consta en el dictamen de la jueza Urioste, todos indentificaron al entonces teniente Garmendia como quien los sometió a brutales torturas con picana eléctrica, submarino, estaqueo, abusos sexuales, golpes reiterados y plantones.
Una detenida estaba embarazada y aun así fue puesta de plantón, golpeada cada vez que caía y manoseada. Un detenido sufrió perforación del tímpano y varias hemorragias.
El militar fue reconocido porque no solo operaba a cara descubierta, sino porque también participó en los operativos de detención. A su vez el fiscal Perciballe recolectó muchísima documentación que pone a Garmendia en el lugar donde fue identificado.
Vale recordar que estas acciones ocurrieron en 1972, cuando técnicamente aún no había dictadura.
La defensa de Garmendia aportó un dato con el que prentendía exculparlo. Según manifestó en la sede, “Garmendia no participaba en los interrogatorios porque la fuerza no confiaba en él por apoyar en las elecciones la candidatura de Wilson Ferreira Aldunate, lo que determinó que fuera considerado un traidor al Ejército y sometido a sanciones”.
Pero este dato olvida el contexto histórico, ya que en 1972 ni Wilson ni los wilsonistas eran perseguidos como sí lo fueron a partir de junio de 1973. Es más, el entonces senador Ferreira Aldunate había votado la declaración de “estado de guerra interno”, que daba motivo a todas estas actuaciones militares.
Ahora la jueza Urioste lo procesó con prisión, pero aceptó que fuera domiciliaria, ya que el imputado padece una grave enfermedad.
El empresario de la basura
Garmendia tiene otra faceta más conocida en el mundo político y empresarial. Ahora es un hombre ligado al herrerismo y a fines de los 80 fue el fundador de la empresa Ducelit SA, propietaria de Aborgama, hoy la mayor empresa de recolección de residuos, tratamiento de residuos sólidos y hospitalarios de nuestro país.
A principios de los 90 la disposición final de residuos, si bien era un problema sobre todo para quienes vivían cerca de los muladares, no tenía la percepción de riesgo ambiental de hoy en día.
Fue el presidente Luis Lacalle Herrera quien creó el Ministerio de Medio Ambiente y, como parte de ese organismo, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). El primer ministro fue Carlos Cat.
A partir de ese momento se empezó a ver la basura como un negocio.
Maldonado fue la avanzada. La primera acción de Lacalle Herrera, apenas asumió en 1990, fue concurrir a este departamento para clausurar el muladar municipal que entonces estaba ubicado al fondo de Maldonado Nuevo, populoso barrio de trabajadores, exactamente sobre el arroyo Maldonado.
Pero como no se había previsto un lugar alternativo, la basura domiciliaria comenzó a ser depositada en una cantera en desuso ubicada en Punta Ballena. Los vecinos del lugar organizaron protestas callejeras y a los pocos días los residuos empezaron a ser trasladados a su actual ubicación cercana a la cárcel de Las Rosas.
Al mismo tiempo el entonces intendente de Maldonado, Domingo Burgueño, decidió privatizar la recolección que entonces estaba a cargo de la intendencia.
El proceso fue largo, complejo e irregular. Entre otras cosas porque el TCR anuló la licitación convocada por Burgueño, “por no respetar la igualdad de los oferentes”, pero este decidió esconder tres años a la Junta Departamental la resolución del organismo de contralor.
Al mismo momento y de la mano del intendente apareció la empresa Aborgama (Ducelit SA) proponiendo un proyecto de tratamiento de los residuos sólidos, consistente en la construcción de piscinas de enormes dimensiones, impermeabilizadas para evitar que los lixiviados contaminaran las napas freáticas. Y también la generación de energía electrica a partir de biogás.
Hace unos 30 años que Aborgama se encarga de esa tarea en Maldonado y desde 2004 produce energía eléctrica por biogás que abastece a unos 2.000 hogares.
Según la última licitación convocada en 2018, Aborgama la única empresa que se presentó, cobra unos 2.000.000 de dólares al año solo por tratar las aproximadamente 90.000 toneladas de basura que se generan en Maldonado capital, Punta del Este, zona costera al este y San Carlos.
La dueña de un monopolio
Con su primera experiencia consolidada, Aborgama extendió sus prestaciones a Montevideo, Canelones y varios ministerios, ocupándose además del tratamiento de los residuos hospitalarios.
En varias notas publicadas por Caras y Caretas durante los años 2005 y 2006 se denunció a Aborgama como “una empresa con posición dominante en el mercado, que, aprovechando resoluciones de la Intendencia de Montevideo que la favorecían, impedía el acceso de posibles competidores”.
Exactamente el mismo procedimiento empleado antes en Maldonado.
La empresa ya no solo se dedicaba al tratamiento de residuos, sino además a la recolección y como tal tenía importantes contratos en la capital del país y en Canelones.
En febrero del 2015 la diaria informó que entonces eran tres las empresas que manejaban más de 80% del negocio de residuos sanitarios contaminados, valuado en unos diez millones de dólares al año. Fueron demandadas administrativa y judicialmente por ejercer un monopolio de hecho y competir deslealmente con la cuarta en discordia, Distiklos-Ecotecno, que asegura que le obstaculizan el acceso al mercado. Según el Tribunal de Cuentas de la República (TCR), la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) mantiene contratos ilegales con las empresas denunciadas al menos desde 2008. La clausura de la planta a una de ellas por parte de la Intendencia de Montevideo (IM) confirma que se embolsó millones de dólares por servicios que nunca realizó.
El 24 de julio de 2014 la IM puso fin al contrato que la unía con la empresa ATT Ambiental desde hacía más de una década. El vínculo había quedado formalizado el 28 de abril de 2003 cuando Mariano Arana, en su calidad de intendente, y María Julia Muñoz, como secretaria general, firmaron la resolución Nº 1607/03, concediéndole el arrendamiento del predio denominado Nº 2, ubicado en camino Oncativo y camino Cepeda, por un precio mensual de 215.000 pesos, a los efectos de instalar una planta para el tratamiento de residuos sanitarios contaminados (RSC) con tecnología de microondas.
En el mismo acto, la IM adjudicó a la empresa Aborgama (Ducelit SA) el predio Nº 1, contiguo al de ATT, por un precio mensual de 166.500 pesos, en su caso para la construcción de una planta con tecnología autoclave. Esta consiste en someter los residuos “a altas temperaturas mediante la inyección directa de vapor saturado a presión para destruir todas las formas de vida”, tal como lo define la web institucional de la firma. Con el paso del tiempo y los ajustes respectivos, cada una de estas empresas abona a la IM unos 500.000 pesos mensuales. La planta de Aborgama sigue habilitada, y de hecho, según lo comprobaron las sucesivas inspecciones de la IM, es la única que funciona desde 2003.
Entre los fundamentos para la rescisión del contrato figura que ATT “incurrió en importantes demoras, primero en la construcción de obras, luego en la puesta en operación de las instalaciones, así como en la obtención de las diferentes autorizaciones correspondientes; a modo de ejemplo, la Autorización Ambiental Previa fue obtenida recién en diciembre de 2006, siendo aprobada la Autorización Ambiental de Operación en 2009, además de solicitar cambio de tecnología, escritos varios justificando sus atrasos, etcétera”, según se lee en la resolución 3171/14 rubricada en julio por la intendenta Ana Olivera y el secretario general, Ricardo Prato.
El documento aporta otros datos que evidencian que ATT se embolsó casi tres millones de pesos entre 2012 y 2014 (precio que pactó con ASSE para recolectar los residuos en el hospital Piñeyro del Campo, el Portal Amarillo y el Instituto de Reumatología) sin realizar el servicio. Eso surge de la resolución de clausura, en la que la IM consigna que la planta de ATT “operó durante un mes en 2010 (del 14 de abril al 14 de mayo) procesando un volumen pequeño de residuos, debiendo detener su funcionamiento y cumplir con requisitos exigidos por el Ministerio de Industria, Energía y Minería; una vez superada dicha instancia, la planta siguió sin operar a pesar de los plazos comprometidos y las multas aplicadas”.
De los datos obtenidos, las denuncias judiciales de Ecotecno y las resoluciones del TCR, surge que tanto ATT como Trenal serían empresas satélites de Aborgama”.
Distintas fuentes coincidieron con que el grupo concentraría cerca de 80% de la recolección de residuos hospitalarios públicos y privados, siendo Aborgama la cabecera. “Son la misma cosa”, dijo a la diaria una fuente del Ministerio de Salud Pública (MSP).
Por primera vez la Justicia se preocupaba por la contaminación
En el año 2000 la clausura de las actividades de la planta de tratamientos de residuos hospitalarios de la empresa Trenal SA en Salto por parte de la Dinama, y el consiguiente envío de los residuos tratados allá hacia la planta que posee la empresa Aborgama en Maldonado, despertó el interés de la entonces fiscal de 2º turno de Maldonado, Gabriela Fossati, quien solicitó a la jueza civil de 5º turno, María Rosa Silva, una serie de medidas preparatorias al recibir información acerca de que la planta de Aborgama estaría siendo superada en su capacidad de tratamiento y podría ocasionar un problema de contaminación medioambiental con derivaciones graves para la salud de la población de Maldonado.
Fuentes de Fiscalía revelaron que las acciones se iniciaron en el mes de julio del año 2000, después de que Fossati recibiera información de prensa enviada por el fiscal de corte, Óscar Peri Valdez.
Sin embargo, la investigación no resultó ni sencilla ni corta. Por el contrario, numerosos fueron los obstáculos que se debieron salvar, lo que prolongó en el tiempo una decisión al respecto.
La fiscal solicitó información a la Dinama, así como la realización de inspecciones oculares en la propia planta. A la vez reclamó al Ministerio de Medio Ambiente y a la Intendencia de Maldonado detallada información sobre Aborgama SA.
Paralelamente reclamó un estudio de situación a la Universidad de la República, que resultó determinante para las siguientes acciones solicitadas por la Fiscalía.
Con los informes a la vista, se concluyó que “si bien la planta es una de las mejores del país, aún le falta instalar un tercer autoclave para el tratamiento de residuos hospitalarios, tal como se había comprometido”.
Según el informe de la Universidad, la planta recibía unas 700 tarrinas diarias, lo que llevaba a que el ciclo completo con los dos autoclaves, ocupara 23 horas al día, dejando apenas una hora para las tareas de limpieza.
Además, Aborgama carecía de una cámara de refrigeración para mantener esos residuos, altamente contaminantes y cuya desintegración es muy lenta en el tiempo. Si hubiera una rotura, o llegarán más tarrinas de las previstas, podrían acumularse desperdicios en lugares inadecuados con el riesgo consiguiente.
La acción de la Justicia obligó a la empresa a instalar el tercer autoclave, como se había comprometido.
20 millones de dólares por multa aplicada en Brasil
En el año 2018 la Contraloría General y la Procuraduría General de Brasil anunciaron la firma de un acuerdo de clemencia con el grupo de empresas Stericyle, que prevía el pago de unos 20 millones de dólares como multa por actos ilícitos con residuos hospitalarios y contratos de cobro con instituciones que forman parte del Sistema Único de Salud.
Las empresas del grupo Stericycle, Aborgama do Brasil Ltda., Stericycle do Brasil Novas Participações Ltda., Stericycle Gestão Ambiental Ltda., Stericycle Participações Ltda., Stericycle International LLC y Stericycle Inc. también se comprometieron a ‘actualizar y mejorar sus políticas de gobernanza y cumplimiento, incluidos los mecanismos de control’.
Según la Fiscalía General de la Nación, Stericycle presentó una autodenuncia y buscó espontáneamente a las autoridades en 2018, luego de identificar irregularidades previstas en las leyes Anticorrupción y Probidad Administrativa en una investigación interna.
Las conductas ilícitas identificadas corresponden a hechos ocurridos antes de 2017. La Contraloría dice que las empresas cooperaron ‘efectivamente’ con las autoridades en sus investigaciones, ‘lo que se reflejó en la mitigación de las sanciones aplicadas’.
Entre las empresas del grupo Stericycle estaba la empresa Aborgama do Brasil Ltda., con sede en Triunfo/RS, que actúa en el mercado de residuos sanitarios de Rio Grande do Sul.
Aborgama do Brasil Ltda. fue fundada por el ex militar uruguayo Rogelio Aníbal Garmendia Olivera, y tuvo como director a su hijo Ronel Garmendia Rocca.
Posteriormente, el empresario Garmendia vendió Aborgama do Brasil Ltda. al grupo Stericycle, el 3 de febrero de 2015, por unos 11 millones de dólares.
En mayo de 2011 los Garmendia, padre e hijo, fundaron, también en Brasil, la empresa Safe Tank Soluções Navais e Industriais SA, con sede en el municipio de Niterói en Río de Janeiro, cuya actividad principal es “mantenimiento y reparación de embarcaciones y estructuras flotantes”.
El extraño caso de un lote que multiplicó por seis su valor en un año
En el año 2014 la periodista Mónica Robaina denunció, en una nota publicada en Brecha, una millonaria defraudación impositiva cometida por el entonces edil, hoy diputado herrerista, Rodrigo Blás con la venta de lotes de un fraccionamiento ubicado junto a Laguna del Diario.
Un tramo de la nota revela el más que curioso trámite de venta e incremento de valor del padrón de 10 héctareas. Y allí aparecen la esposa de Garmendia, un gerente de Aborgama y varias personas “casi todas vinculadas al Partido Nacional”, afirma Robaina.
“En poco más de un año, entre febrero de 2010 y marzo de 2011 el lote multiplicó su valor por seis. Durante ese lapso tuvo cinco propietarios, en su mayoría vinculados al Partido Nacional. El primer dueño y el último, luego de un llamativo pasamanos de compraventa, comparten domicilio legal en el estudio del contador Juan Alberto Etcheverrito. Y como si faltaran ingredientes extraños, los actuales propietarios comenzaron los trámites del fraccionamiento ante la Intendencia de Maldonado cinco meses antes de acreditar la propiedad del inmueble. Recién seis días después de obtener la autorización de la comuna para fraccionar, inscribieron la escritura en el Registro de Traslaciones y Dominio del Ministerio de Educación y Cultura.
De acuerdo a datos obtenidos por Brecha en la Dirección General de Registros, el primer dueño del padrón de diez hectáreas era Marcel Erwin Melhen. Se trata de un empresario argentino, miembro de un clan familiar poseedor de vastas propiedades en la playa Brava de Punta del Este, investigado desde 2008 como sospechoso de haber sacado dinero ilegal de su país a través del banco J P Morgan. Además, su familia era propietaria del fraccionamiento Lobos, donde existen construcciones bajo sospecha de lavado de dinero.
El 5 de febrero de 2010 este poderoso empresario resolvió, aparentemente, desprenderse del padrón aludido y venderlo en 80.000 dólares. Un precio irrisorio para una zona ubicada a metros del mar y junto a Pinares, uno de los barrios más cotizados de Punta del Este. En aquel momento de boom inmobiliario, un lote de 600 metros en el vecino Lausana costaba unos 40.000 dólares.
A los efectos de la venta -agrega la periodista- Melhen registró su domicilio legal en Paraguay 1246 (Montevideo): allí funciona el estudio del contador Juan Alberto Etcheverrito, sindicado durante años como un centro de lavado de activos a través de sociedades anónimas financieras de inversión (SAFI).
Lo curioso del caso es que la compradora en esa ocasión, Sara Luz Baigorria, vendió el predio 18 días después, el 23 de febrero de 2010, en 255.000 dólares. De esta señora se sabe que vivía en la torre gemela a la que ocupa la inmobiliaria del edil y precandidato a la Intendencia de Maldonado Rodrigo Blás. También que cuando compró el terreno a Melhen, era una uruguaya soltera, y cuando lo vendió, poco después de dos semanas, era de nacionalidad peruana y estaba casada con Guillermo Reyes. Por si no bastara la incongruencia para levantar sospechas sobre la identidad de la compradora, surgen otras interrogantes. ¿Por qué un empresario como Melhen se desprendería de un solar que 18 días después de la transacción triplicaría su valor? ¿Qué fenómeno disparó el precio de esa forma? Un misterio.
El nuevo propietario del terreno que a la sazón se convertiría en el Valle di Saronno fue el carolino Diego Rodríguez Montañez. (Nota de Redacción: hermano de Elbio Rodríguez, exasesor de Germán Cardoso en el Ministerio de Turismo, investigado por el caso Kirma). Y menos de tres meses después de adquirir ese predio, lo vendió en 450.000 billetes verdes. ¿Qué hizo que el terreno se apreciara casi un 70 por ciento en tan poco tiempo? Otro misterio, por el momento, decía Brecha.
Los nuevos propietarios fueron tres mujeres: Nélida Rocca, Lorena Sánchez y Elizabeth Rullán. Por lo menos las dos primeras estaban casadas con hombres vinculados al Partido Nacional y a la empresa de tratamiento de residuos Aborgama Ducelit SA. Rocca era la esposa de Rogelio Garmendia, presidente de la citada firma y afín al herrerismo, mientras que Sánchez era la esposa del exedil nacionalista Fernando García (2000-2005), quien además tenía un cargo jerárquico en Aborgama. Rullán, en tanto, estaba casada con Serafín Criado.
A estas tres familias el terreno les duró un poco más que a los anteriores compradores: diez meses. Fueron quienes lo vendieron a Javipark SA el 28 de marzo de 2011 por la suma de 495.000 dólares, según consta en el Registro de Traslaciones y Dominio.
Y aquí surge otro dato que llama la atención: el domicilio legal de Javipark S, firma de la que nada se sabe por el momento, es el mismo que el de Marcel Erwin Melhen: Paraguay 1246, el estudio del contador Etcheverrito. Además, un terreno que de febrero a mayo de 2010 pasó de costar 80.000 a 450.000 dólares, diez meses después apenas se incrementó en 45.000 dólares”, sostenía Robaina.
Fuente : carasycaretas.com.uy
