Se trata de una denuncia sobre el caso de falsificación de firma a un particular en un documento de sustitución de garantía de embargo ante la DGI realizada por intermedio de una empresa naviera de plaza que opera como subsidiaria de una naviera Argentina y que a su vez tiene contratos vinculados con ANCAP.
Consigna el Diario La R que la directora de la Dirección General Impositiva, Margarita Faral, está al tanto de los hechos, pero aun así la situación está incambiada con respecto a la denuncia original.
La naviera involucrada tiene como director a un renombrado abogado penalista y ex fiscal de aduana en donde peculiarmente participó en el accionar un representante de la empresa en su nombre que fue ex gerente del Banco BBVA y lo vincula familiarmente al actual ministro de transporte José Luis Falero.
Esta persona está denunciada por facturación estimada fraudulenta ante DGI donde logró ingresar millones de dólares a Uruguay de empresas argentinas que eludieron el cepo cambiario en dólares al exterior desde Argentina y luego seguían su curso a otros destinos internacionales España, Italia, Estados Unidos o retornaban a Argentina legalizados. Aunque fue denunciado en varias oportunidades, nunca fue citado por DGI.
DGI a su vez mantuvo hasta ahora un accionar muy poco transparente al no notificar a los representantes legales de la parte denunciante, los pasos o acciones tomadas por el organismo impositivo dirigido por la contadora Faral, los mismos no han sido para nada auspiciosos a pesar de que hay suficientes pruebas para que el organismo realice una denuncia en fiscalía para que se investigue los hechos más allá de la investigación interna.
Ante el letargo de la DGI y la confirmación por peritos expertos en el tema que dieron la confirmaron de la falsificación de la firma involucrada y otras acciones administrativas ante DGI, a el damnificado no le quedó otra opción y el día 30 de diciembre a las 12:30 horas ingresó la denuncia respectiva en sede policial donde a su vez ya le fue asignada una fiscal para la investigación del caso.
Como dicha garantía involucra a una propiedad inmobiliaria el damnificado recibió amenazas de varias formas para no radicar la denuncia ante la situación de poder perder la vivienda donde habita. Este hecho no es aislado ya que a su vez involucra varias omisiones en la órbita del puerto de Montevideo donde el buque de la naviera involucrado en el embargo opera para ANCAP a pesar de hechos muy poco claros en el uso de la matrícula y bandera de navegación que tuvo y tiene el mismo.
Los asesores legales de los damnificados se encuentran realizando las acciones pertinentes con las nuevas autoridades que asumen el 1 de marzo para que sepan la situación que van a heredar del gobierno saliente.
