Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley titulado “Delito de prevaricato cometido por funcionarios”, que tiene como objetivo sancionar a jueces y fiscales en casos de “mala praxis”.
Actualmente el artículo 194 del Código Penal establece que si un abogado o procurador, faltando a sus deberes profesionales, perjudica los intereses de la parte que defiende o representa judicialmente será castigado con 100 U.R. a 900 U.R. de multa e inhabilitación especial de dos a ocho años. El partido político propone sancionar penalmente a jueces y fiscales.
La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay sostuvo que la iniciativa atenta contra la independencia de los funcionarios. Y, por su parte, la vicepresidenta de la República Beatriz Argimón opinó que “uno tiene que ser muy cuidado respecto a las normas”.
Informe especial del periodista Bruno Barreto.
