Varias entidades y personas vinculadas a la Iglesia Católica tenían dinero aplicado en la empresa Conexión Ganadera, que en un claro ejemplo de esquema Ponzi anunció un “déficit” de 250 millones de dólares, damnificando a más de 4.000 inversores.
Según da cuenta la diaria, la diócesis de Canelones tenía invertidos, en cinco contratos vigentes, las suma de 542.000 dólares, que constituían gran parte de los ahorros y cuyos intereses eran usado para el funcionamiento.
Ya han establecido contacto con abogados para iniciar las correspondientes acciones legales.
Los contratos de la diócesis canaria son con Hernandarias XIII, la empresa de Pablo Carrasco y su esposa, Ana Iewdiukow.
De acuerdo al informe de la diaria, son contratos de arrendamientos para la cría de terneros en el departamento de Artigas. El vínculo entre la diócesis y Conexión Ganadera comenzó en 2020 y tuvo sucesivas renovaciones.
El obispo de Canelones, Heriberto Bodeant, confirmó a la diaria que estas inversiones se realizaron «gradualmente». «Esto empezó con el obispo anterior [Alberto Sanguinetti Montero]. Yo llegué en 2021 y continuamos con la inversión. Para el funcionamiento de la diócesis era algo muy bueno, porque nos pagaban los intereses en fecha y eso nos aseguraba el cumplimiento de muchas obligaciones», dijo.
Según explicó el religioso, los intereses que ingresaban de forma periódica eran destinaban a aspectos vinculados al «sostenimiento de la vida diocesana».
Según el obispo, invirtieron en Conexión Ganadera porque se trataba de una «empresa conocida» que tenía 25 años de trayectoria y que era liderada por empresarios «con presencia pública» que «inspiraban confianza y cumplían con sus compromisos».
«Por ahora, según me transmitió [el ecónomo], la idea de nuestro abogado es activar demandas por la vía civil y no por la penal», explicó.
«Nuestra preocupación es la misma que tienen todos los demás afectados, parece bastante claro que será muy difícil recuperar todo lo que se invirtió. Es terrible lo que está sucediendo. Obviamente me preocupa mucho la situación de la diócesis, pero también lamento mucho el daño que esto le genera al país. Esto implica daños para el agro, el mundo empresarial, la política y afecta la confianza de la sociedad en el ahorro. O sea, esta situación afecta bastante más allá de quienes invertimos», dijo.
Bodeant dice que nunca tuvo contacto con Carrasco ni con su socio, Gustavo Basso, un ferviente católico que concurría diariamente a la parroquia de Florida.
En el listado de afectados por el escándalo también está la congregación de monjas salesianas (Hermanas Hijas de María Auxiliadora), que invirtieron -también con Hernandarias XIII- 182.244 dólares. En este caso, las vacas también deberían estar en el departamento de Artigas.
Paralelamente, según resume la diaria, el párroco de Florida, César Buitrago, de origen colombiano, tiene dos contratos con Hernandarias XIII, por un monto total de 127.715 dólares (uno de 108.000 y otro por 19.715 dólares). Buitrago, según se pudo saber, era una persona muy cercana a Basso, que falleció el 28 de noviembre en un accidente en la ruta 5. Un día después de la muerte, el religioso contó en la emisora CW33 de Florida que Basso concurría diariamente a recibir la eucaristía en la catedral local y era miembro activo de su consejo parroquial.
