Por estas horas, una demanda judicial intenta cobrar una deuda que el Ministerio de Defensa, a través de la Armada, tiene con varios suboficiales por tareas de inspección.
23 de marzo de 2025 – 08:46
La Armada y el Hospital Militar complicados con las deudas
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Caras y Caretas Diario
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Por Ricardo Pose
Sumado a lo de la Armada, las nuevas autoridades de Sanidad Militar intentan hacerse de la documentación de gastos realizados en el Hospital Militar por la Administración del general Rebollo y la Fundación Fernández Enciso.
Desde el año 2021 al 2023, el Comando General de la Armada no realiza los pagos de inspección realizados por la Comisión Técnica (COTEC), en este caso particular en el control de buques que estén “libres de gases”. El Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional, a través de la Prefectura Nacional Naval, tiene entre sus cometidos la matriculación (División Matrículas, DIVMA), registro (Escribanía de Marina, ESMAR), inspecciones técnicas (Comisión Técnica, COTEC), el control del cumplimiento de los requisitos técnicos y de seguridad de los buques y/o embarcaciones, habilitando las zonas de navegación de acuerdo a sus características técnicas y otorgando los certificados de navegación correspondientes y la matrícula de los buques (Dirección Registral y de Marina Mercante, DIRME).
Los buques cargan combustible y otros gases que son inflamables o peligrosos, como por ejemplo el amoníaco que usan las cámaras frigoríficas de los pesqueros, o los propios tanques de combustible que, si bien es gasoil, es un peligro cuando van a hacer trabajos de soldadura. Las chapas se pudren por el tema del agua salada y cada tanto hay que hacer trabajos que muchas veces no están relacionados con las paredes de los tanques de combustible, pero cuando los trabajos se van a hacer en caliente, cerca de tanques o líneas de combustible, o lugares que puedan tener gases explosivos, tienen que solicitar obligatoriamente una inspección de los técnicos, de los inspectores de la Armada que van a inspeccionar que el lugar, la bodega o el tanque de combustible esté libre de gases explosivos. Se les muestra dónde se van a hacer los trabajos en caliente, los cambios de chapa o cambio de cañería y ahí tienen que ir los inspectores y verificar que en el lugar donde se va a trabajar no haya gases explosivos.
Se les emite una autorización para realizar esos trabajos, que tiene un determinado periodo de vigencia, y después tienen que comunicar cuando los terminaron y ahí vuelve la inspección para ver que esté todo en orden y que ese tanque o esa cañería puedan volver a utilizarse para lo que fueron diseñados. Esa inspección se cobra porque es un servicio que brinda el Estado por la seguridad de todos.
En este caso, el asunto es grave porque la plata recaudada por la Armada, que luego manda al Ministerio, que antes pasa por otras áreas, y del Ministerio vuelve a la Armada, se perdió en el camino, debiendo un total de tres millones de dólares que, según algunos, puede llegar a los 4 millones si se toma en cuenta la partida de refuerzo de rubro que salió del Ministerio.
El abogado lleva adelante un juicio por uno de los inspectores a quien, sólo a él, se le deben unos 500 mil dólares. Como el “dinero desapareció” en algún mojón de las variadas rutas, la demanda va dirigida contra el Ministerio de Defensa Nacional, el Comando General de la Armada, Ancap, la Administración Nacional de Puertos y distintas empresas privadas: Tsakos, Universal Shipping Agency, Christophersen S.A. y la Agencia Marítima Escena S.A.
Cuentas que no cierran
Desde que se conoció el resultado electoral de noviembre, las oficinas jurídicas, financieras y de las autoridades del Hospital Militar viven una pequeña odisea al tener que hacer frente a una auditoría donde hay documentación que no aparece, gastos justificados por debajo de los realizados y contrataciones y compras difíciles de explicar. La lista es larga y va desde la contratación de empresas de limpiezas de familiares de autoridades del Hospital hasta la compra de equipos médicos de alto costo como un resonador y un angiógrafo (equipo médico que toma imágenes del sistema vascular del cuerpo humano mediante rayos X) que tiene un costo de 250 mil dólares, pero se habría pago el doble.
También muchas de las gestiones realizadas por la Fundación Fernández Enciso han sido derivadas a la Justicia civil en una situación que no es nueva y que, a pesar de las denuncias en la prensa y a nivel del Ministerio de Defensa durante sus dos administraciones pasadas (García, Castaingdebat), no ha habido resultados.
Como habíamos publicado en marzo del año pasado, Sanidad Militar siempre estuvo dirigida por oficiales en actividad y hasta el 2018 el escalafón de Auxiliares de Servicio era el encargado de la higiene del Hospital y otros servicios en Sanidad. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, Sanidad destina mucho dinero a la contratación de empresas de limpieza, en procesos de licitación que fueron desaconsejados por auditorías del Tribunal de Cuentas y por algunas investigaciones internas. A pesar, incluso, de informes del TOCAF y el Decreto 500, las contrataciones siguieron adelante y nunca se supo si los recursos interpuestos llegaron al despacho del entonces ministro García.
Con el tiempo, la presencia de la Fundación Dr. Francisco Fernández Enciso, presidida por el general Rebollo, coincidió con que la enorme mayoría de los directores de las distintas direcciones del hospital son militares retirados, militares que cobran su jubilación (cercanas a los 100 mil pesos) y una compensación de la Fundación (cerca de 50 mil pesos). Hay que tomar en cuenta que por la Fundación circulan más de 80 millones de pesos, integrados en parte por obtener el 70 % de lo recaudado por venta de tickets de medicamentos y órdenes, y que en su momento fue observado por el Tribunal de Cuentas. La Fundación también recibe rubros del Ministerio de Defensa y de los respectivos comandos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, de la propia Dirección de Sanidad Militar, de los Servicios de Retiros y Pensiones de las FFAA y de dos importantes empresas fúnebres de plaza.
Las denuncias e investigaciones han “sobrevivido” a los distintos mandos de Sanidad Militar, los tres años del coronel Eduardo Ferreira, el general Carlos Rombys, el general Hugo Rebollo y, en febrero del 2023, el coronel Juan Carrere.
Como ya publicamos en mayo del 2023, el mayor retirado Eduardo Ramas es el jefe de la Unidad de Control de Asignaciones y Compensaciones (UCAC) y considerado por sus jerarcas como un hombre “brillante” para los negocios (era el encargado entre otras cosas de la compra de flota vehicular) y llevó adelante algunas contrataciones a pesar de las observaciones del Tribunal de Cuentas e informes internos en contrario.
A la facturación de horas extras se agrega la contratación de dos empresas de limpieza que luego se fusionan: Teregal S.A. y Transamerican (la fusión de Teregal S.A. era necesaria para contar con la antigüedad de registro como empresa exigida); en ellas figuran dos hermanos del mayor retirado Ramas y una cuñada, directora en su momento del Hospital de Rivera. Cuando estas denuncias empezaron a surgir, se decía que era un traslado de la guerra de que los integrantes de Cabildo Abierto eran objeto, con los nacionalistas en ASSE.
El clúster de equipamientos
Si las investigaciones internas sobre los contratos, el funcionamiento de la Fundación, las denuncias de género y auditorías que constataron diferencias entre los ingresos y egresos llegaron al despacho del entonces ministro Javier García, para muchos es una incógnita. Seguramente el entonces director nacional del Ministerio de Defensa, Fabián Martínez (que voces militares dicen era el verdadero “ministro”), el Dr. Cipriano Goñi o el subsecretario Rivera Elgue sepan algo de esas actuaciones.
Lo cierto es que Javier García tiene una vieja y profunda amistad con su colega, el doctor brigadier Hugo Mayo, dueño de una de las empresas de urgencias médicas más importantes de plaza, dueño e impulsor en varias mutualistas de equipos para estudios en cardiología e imagenología. Siendo García ministro, junto al Dr. Mayo llevó adelante la adquisición para el Hospital Militar de un resonador, convenio que llevó adelante el mayor Rama con el aval del general Carlos Rombys y que generó algunas dificultades, entre ellas el no contar el servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas con técnicos capacitados para su uso y que dio por un tiempo ciertas ganancias, ya que la encargada de imagenología derivaba a los usuarios a sus clínicas privadas. Como en todo negocio, las diferencias por dinero llevaron a varias reuniones entre el Dr. Mayo y el entonces director general Hugo Rebollo por las deudas del Hospital contraídas con el primero, entre otras por la prestación de una bomba extracorpórea. Hablamos de montos por encima de 1.5 millones de pesos. El convenio con el CASMU (donde también trabaja el Dr. Mayo) implicaba el acceso del 95 % de sus afiliados a estudios del resonador y el resto a usuarios del Hospital Militar, pero el manejo de los dineros lo realiza la Fundación Fernández Enciso. Por el resonador se facturaron cerca de 2 millones de dólares en una Fundación que, como se dijo, maneja globalmente más de 80 millones, en tanto, ha disminuido la contratación de médicos, enfermeros, auxiliares de servicio y se han empezado a ver carencias en algunas unidades como cardiología.
A ese gasto en los últimos tiempos se suma la compra del angiógrafo ya mencionado.
Muchos de estos gastos y compras surgen de la auditoría realizada por la Dra. Virginia Michelis, quedando en las manos de la ministra el esclarecimiento de las actuaciones para que la Dirección de Sanidad de las Fuerzas Armadas vuelva a gozar de buena salud.
