El senador nacionalista Luis Alberto Heber asumió durante el pasado fin de semana su escaño y se convirtió en el único legislador que ha estado presente en todas las legislaturas desde la restauración democrática de 1985.
En entrevista con el noticiero Telenoche, Heber se refirió a los proyectos en los que trabajará en el periodo que comienza, y adelantó que pondrá el foco en materia de seguridad y lucha contra el crimen.
“Hay que atacar mucho más al narcotráfico, y en todos los niveles, tanto al grande, al distribuidor, como al narcomenudeo”, dijo.
En ese sentido, adelantó que no insistirá con la implementación de los allanamientos nocturnos, tema laudado en las urnas, pero sí impulsará cambios “en los allanamientos diurnos, los que se pueden hacer”. En concreto, propondrá herramientas “para que no se exija tanto a un fiscal o a un juez para allanar una boca de pasta base”, algo que sufrió como ministro del Interior, según expresó.
También consideró inapropiado que “la pena mínima para el narcotráfico sea menor que la mínima de la rapiña”, y sostuvo que “el narcotráfico genera la rapiña, porque se roba para comprar droga”.
Además, se refirió al violento incidente ocurrido en la tarde de ayer en la ambla del Buceo, en el que una mujer y un niño resultaron heridos de bala.
“Esto es parte de la guerra y las venganzas entre los narcotraficantes” que “está trascendiendo” sus escenarios ya habituales porque “se persiguen en otros barrios. Es una barbaridad esto que pasó”.
Entre su paquete de propuestas, Heber plantea un proyecto de ley de deportación automática para los extranjeros que delincan en nuestro país.
“Cuando un extranjero viene al país y se integra a una organización criminal y es condenado por un juez, no lo queremos en Uruguay”, subrayó, y añadió que “la deportación no está en nuestra legislación” actual.
Sin embargo, la normativa legal uruguaya sí contemplaría la posibilidad de deportar a extranjeros una vez que son condenados.
En la red social X, el periodista Diego Martino recogió el artículo 47 de la ley 18.250, que consagra lo siguiente:
“El Ministerio del Interior podrá cancelar, en todos los casos, la residencia que hubiese otorgado, y disponer su consecuente expulsión cuando: A) La persona extranjera que mediante hechos o actos simulados o fraudulentos hubiere logrado obtener la categoría migratoria pertinente. B) La persona extranjera que en el territorio nacional cometiere delito de carácter doloso y fuera condenado con pena de penitenciaria o registrase una conducta reiterante en la comisión de delitos, excepto los refugiados”.
