Un comunicado de grupos ambientalistas y vecinos de Arazatí criticó la firma del contrato para la instalación de la desalinizadora de aguas del Río de la Plata, el Proyecto Neptuno. Identificaron riesgos legales, ambientales y sociales, no tiene consenso y
El Proyecto Neptuno, impulsado por el consorcio privado Aguas de Montevideo y respaldado por el gobierno de Luis Lacalle Pou, ha desatado una intensa discusión en Uruguay. La iniciativa, que busca construir una planta potabilizadora en Arazatí, departamento de San José, genera preocupación entre organizaciones socioambientales y vecinos de la región, quienes advierten sobre los riesgos legales, ambientales y sociales que implica.
Durante una reciente conferencia de prensa, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció la inminente firma del contrato para la ejecución del proyecto. “La decisión ya está tomada. La decisión es que vamos a firmar el contrato. Vamos a firmar Arazatí”, declaró el mandatario. Sin embargo, estas palabras intensificaron el rechazo de colectivos sociales y ambientales, que emitieron un comunicado alertando sobre los “graves riesgos” que conlleva esta propuesta.
Críticas al Proyecto Neptuno
En un comunicado que publicó La Diaria esta semana, las organizaciones afirman que el Proyecto Neptuno-Arazatí, presentado como una solución a la seguridad hídrica de la zona metropolitana, carece de consenso sobre su viabilidad. Además, cuestionan la participación del Ministerio de Ambiente, al que acusan de actuar como promotor del proyecto en lugar de evaluar su impacto de manera imparcial.
Entre las preocupaciones destacan aspectos legales sin resolver: Existe un recurso administrativo en curso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para anular la licitación, lo que genera incertidumbre sobre la validez del contrato.
Recordaron que la fuente de agua es insegura. El Río de la Plata, principal suministro para la planta potabilizadora, presenta altos niveles de contaminación por agroquímicos y residuos industriales, además de variaciones en salinidad y presencia de cianobacterias, lo que complica los procesos de potabilización y podría incrementar los costos operativos.
También indicaron riesgos para el al acuífero Raigón. Señalan que el proyecto podría afectar la calidad y disponibilidad de agua para futuras generaciones y comprometer el riego agrícola en San José.
La consideraron, además, una forma de privatización del agua: Denuncian que el contrato cedería parte de la gestión del agua a una empresa privada, violando principios constitucionales y poniendo en riesgo el acceso equitativo y sustentable al recurso.
Respaldo y críticas
El proyecto cuenta con el apoyo del gobierno y sectores empresariales, que lo presentan como una solución a largo plazo para garantizar el acceso al agua potable. No obstante, diversos actores políticos, académicos y científicos, junto con el sector agropecuario, cuestionan su factibilidad técnica y económica.
“La decisión de firmar este contrato en medio de una transición política es imprudente y puede comprometer la economía y la salud de los uruguayos”, expresaron las organizaciones en su comunicado. Además, destacaron que el manejo de la cuenca del Plata depende de cinco países, lo que podría generar complicaciones adicionales en la gestión de los recursos hídricos.
Llamado a la ciudadanía
Los colectivos invitan a la población a informarse, debatir y exigir transparencia sobre el Proyecto Neptuno. Subrayan que este tema no solo impacta a los vecinos de San José, sino a todo el país por su relevancia estratégica y el elevado costo que implica.
“No se puede firmar un contrato que pone en peligro nuestra salud, nuestros derechos y el medioambiente”, sentencian, instando a una reflexión colectiva antes de avanzar con esta iniciativa.
