Por Georgina Mayo
La exsubsecretaria de Relaciones Exteriores dijo a Caras y Caretas que hasta ahora nadie pudo decir: “Carolina Ache miente”. La investigación derivada de la causa principal —por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset— continuará una vez que Relaciones Exteriores termine de responder otro oficio enviado por la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos. El objetivo es ubicar la responsabilidad penal de Roberto Lafluf, asesor del expresidente Luis Lacalle Pou que destruyó una prueba que sería presentada ante la Justicia. La Fiscalía también tiene previsto citar a Lacalle Pou.
Los interrogatorios a Roberto Lafluf, exasesor de Luis Lacalle Pou y al exministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, se iniciarán luego de que esa secretaría de Estado responda a Fiscalía los pasos exactamente dados una vez conocido que el acta notarial —elaborada por la exsubsecretaria, Carolina Ache— había sido destruida.
El acta certificaba conversaciones entre los exsubsecretarios Guillermo Maciel y Carolina Ache acerca de la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.
Si bien las partes indican que no hay fecha señalada para que empiecen los interrogatorios ante el fiscal de Delitos Complejos y Económicos Alejandro Machado, Caras y Caretas pudo conocer que las citaciones comenzarán cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores termine de contestar otro oficio enviado por Fiscalía.
Allí preguntó, entre otros puntos, si hubo o no una investigación administrativa cuando conocieron que Roberto Lafluf había destruido el acta protocolizada por escribano con las conversaciones entre los dos exjerarcas.
En los chats, Maciel le dijo a Ache que el narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset, detenido en Dubái por ingresar con pasaporte paraguayo trucho, “era un delincuente peligroso y pesado”. Es por esto que Guillermo Maciel se comunicó con Ache porque, según manifestó, quería conocer en qué situación estaba el narcotraficante y si continuaba detenido.
Maciel escribió a Ache por primera vez el 21 setiembre de 2021, dos meses antes de que se le entregara el pasaporte a Marset. Un año después, el 25 de noviembre de 2022, Lafluf le pidió a Ache que protocolizara de nuevo las conversaciones vía WhatsApp y con otro contenido. Ache le preguntó por qué debía hacerlo de nuevo y, ante esto, Lafluf le respondió que había destruido el acta notarial del expediente de Cancillería.
El documento que certificó las conversaciones entre ambos exjerarcas fue entregado a Lafluf en la Torre Ejecutiva por parte del exjefe del Área Jurídica de la Cancillería, Carlos Mata.
Detalles del sobre con los chats
Según pudo saber Caras y Caretas de fuentes de la investigación, la Fiscalía se propone conocer dónde Carolina Ache presentó el sobre que contenía el acta protocolizada y quién recibió ese sobre antes de que los chats fueran nuevamente protocolizados y presentados a la Justicia de lo Contencioso Administrativo por parte de la exsubsecretaria Carolina Ache.
En principio, el delito por el que Lafluf puede ser castigado es el de destrucción de documento público, pero la Fiscalía de Delitos Complejos y Económicos se propone conocer con precisión la naturaleza de documento destruido por Lafluf, es decir, si definitivamente era o no documento público o si era un certificado.
Además, la Fiscalía que investiga la destrucción del documento definirá la calidad de los citados una vez los notifique. Por ejemplo, la exsubsecretaria Carolina Ache podrá declarar como denunciante pero también como testigo. Según conoció Caras y Caretas, la Fiscalía parte de que si no hubiera habido investigación de oficio sobre la entrega del pasaporte a Marset, la destrucción del documento no se hubiera conocido. Como se recordará, el acta notarial destruida por Lafluf debía presentarse luego de dictada la sentencia judicial que condenó al Ministerio de Relaciones Exteriores a brindar toda la información sobre la entrega del pasaporte, en un juicio de acceso a la información pública solicitado por la bancada de senadores del Frente Amplio.
Luego de la destrucción de la prueba, el expresidente Luis Lacalle Pou convocó a los exsubsecretarios Maciel y Ache para que se reunieran en la Torre Ejecutiva junto a Lafluf con el objetivo de que se pusieran de acuerdo sobre la prueba que se debía presentar a la Justicia, según relató en una conferencia de prensa el propio Lacalle Pou, quien también está previsto sea citado a declarar por parte de Fiscalía.
Carolina Ache: “Saben que dije la verdad”
“Lo peor es que quisieron que otro escribano hiciera un acta trucha para presentarla en la Justicia”, dijo Carolina Ache en diálogo con Caras y Caretas. Durante la reunión en la Torre Ejecutiva, Lafluf pidió a Ache que borrara los chats y se hiciera de un nuevo escribano para redactar un documento que relatara una nueva versión del contenido de las conversaciones. Ache indicó a Caras y Caretas que “si se me solicita agregar o aclarar algo respecto de lo que oportunamente denuncié, lo voy a hacer. Si estuve un año esperando para declarar en Fiscalía por la causa del pasaporte, mientras algunos aprovechaban para abonar un relato falso sobre mi persona, ahora no voy a hacer algo distinto. Soy respetuosa de la Justicia y no corresponde aventurar un pronunciamiento sobre las eventuales implicancias penales de lo ocurrido. Lo cierto es que en todo este tiempo, más allá de comentarios ambiguos y tendenciosos, no escuché a nadie que categóricamente sostuviera: ‘Carolina Ache miente’. Esto sencillamente responde a que saben que dije la verdad”, subrayó.
Ache también denunció, en el marco de su declaración, al exministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, quien en una conversación telefónica con Ache le sugirió que tirara su celular. La exviceministra de Relaciones Exteriores dijo a Caras y Caretas que se vio presionada psicológicamente con autos blancos estacionados con luces prendidas hasta las 2 de la mañana en la puerta de su casa, que se retiraban en cuanto alguien se acercaba a preguntarles qué sucedía.
Según los artículos 237 y 244 del Código Penal, la destrucción de un documento público por parte de un particular o de un funcionario público se castiga con dos a seis años de penitenciaría. En tanto, si se define que el material destruido por Lafluf es un certificado, el castigo podría ir de tres a 18 meses de prisión, susceptible de excarcelación.
