La Secretaría Nacional de Deportes y el Ministerio de Desarrollo Social, entre otros organismos estatales, contrataron servicios de esta fundación.
El senador frenteamplista Eduardo Brenta cursó a principios de marzo un pedido de acceso a la información pública al Poder Ejecutivo, con el objetivo de relevar la magnitud del vínculo entre el gobierno de Luis Lacalle Pou y la Fundación A Ganar, relacionada con el Partido Nacional.
Según la información recibida por Brenta y a la que accedió M24, el gobierno anterior concretó 58 compras a la fundación, por valor superior a los 796 millones de pesos. Esa cifra equivale a aproximadamente 18,7 millones de dólares, según el valor promedio de esa moneda a fines de febrero pasado. Las compras fueron hechas principalmente en la Secretaría Nacional de Deportes, la Dirección de Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).
«El Tribunal de Cuentas ha observado 40 compras a la Fundación a Ganar, porque ofrece consultorías y eso no corresponde con su rubro», dijo Brenta a M24. «La fundación fue creada para atender a la población más vulnerable, insertar a los jóvenes en el mercado de trabajo, entre otros», añadió. Según indicó, Brenta espera ahora los informes solicitados a los gobiernos departamentales de Maldonado y Durazno, donde A Ganar también fue adjudicataria de compras.
La Secretaría Nacional de Deportes, que depende de Presidencia de la República, concentró la mitad de las compras a la Fundación A Ganar. Hizo 29 compras por un total de 354 millones de pesos. Entre los servicios contratados se incluye limpieza y conservación de espacios verdes, mantenimiento de espacios para deportes, limpieza de locales, contratación de equipos multidisciplinarios y de auxiliares para distintas dependencias. También contrató servicios de consultoría, rubro en el que figuran gastos por 318 millones de pesos.
En la Dirección de Desarrollo Social del Mides aparecen 16 compras, por un total de 440 millones de pesos. Entre los principales contratos se incluyeron equipos multidisciplinarios para la gestión de centros 24 horas, residenciales y refugios. También incluyeron la «gestión de bonos y vales socio habitacionales» para personas con uso problemático de drogas o problemas de salud mental. Bajo esta categoría se invirtieron 50 millones de pesos.
La fundación también resultó adjudicataria de compras hechas por parte de la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Administración Nacional de Educación Pública y las intendencias de Durazno y de Maldonado.
Las compras fueron hechas bajo diversas modalidades, como licitación abreviada, licitación pública, compra directa o compra por excepción. Con respecto a esto último, el senador “pedirá una ampliación de información a los organismos correspondientes, para que determinen por qué se recurrió a esa vía”. En el informe no se incluyen los contratos directos que, eventualmente, puedan haber hecho las intendencias departamentales.
