MONTEVIDEO (Uypress) – La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) solicitó que se realicen investigaciones tras la constatación de más de cien irregularidades en el accionar policial desde 2020.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Institución nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) recomendó a la Fiscalía General de la nación, al Poder Judicial y al Ministerio del Interior la realización de investigaciones administrativas tras constatar 102 denuncias de irregularidades en la actuación policial desde el inicio del actual período de gobierno.
Dentro de esas 102 irregularidades se encuentran 62 casos de abuso policial, 21 denuncias de lesiones y 11 allanamientos ilegales.
El informe, al que accedió El Observador, utiliza como base un estudio de la Asociación de Defensores de Oficio de julio de 2021, que informó sobre más de 60 casos de vulneraciones a los derechos de las personas en el accionar policial y judicial en lo que iba del año pasado, y cerca de 40 en 2020 (además de un número pequeño de casos sin año).
Dentro de esos 102 casos constatados, que de acuerdo al informe no comprenden la totalidad de casos ocurridos en el país, se tipificaron quince distintos tipos de delitos o faltas, de los cuales el MNP diferenció seis para su análisis: abuso policial, amenazas, allanamiento ilegal, lesiones, provocación policial y falta de atención médica.
En el informe citado por El Observador se recoge, por ejemplo, el caso de una persona que declaró que le golpearon la cabeza contra la pared en una seccional y no le dieron comida ni agua por nueve horas; otro de un hombre que fue detenido para que le colocaran un dispositivo electrónico y fue golpeado esposado y de rodillas, lo que le generó una fractura de tres costillas, u otro caso en el que se allanó una casa con una niña de cinco años y personas mayores de edad con «fuerza excesiva» y apuntando con armas de fuego, sin resistencia por parte de las personas que vivían allí.
El estudio de la Asociación de Defensores de Oficios denotó la falta de un abogado desde el primer momento de la detención en algunos casos, un derecho que es importante para detectar casos de tortura, así como también para garantizar «un ejercicio pleno de otros derechos».
Entre las recomendaciones del informe, además de solicitar las administraciones administrativas correspondientes, se recomienda al Poder Legislativo «tipificar la tortura como delito autónomo en el Código Penal», para prevenir de forma directa este tipo de casos, de acuerdo a lo recogido por El País.
También pide al Ministerio del Interior «avanzar en una definición precisa del uso de las cámaras corporales por la policía», que determine «quiénes tienen la potestad de hacer las grabaciones, cómo se regula el encendido y apagado de las cámaras y cómo se accede a los contenidos estableciendo un registro de quiénes lo hacen», además de regular el almacenamiento de los videos y su tiempo de preservación.
También se sugiere la posibilidad de «desarrollar y poner en funcionamiento un registro de casos de tortura y otros tratos inhumanos, crueles y degradantes», como recomienda la Organización de Estados Americanos (OEA), invitando a participar de la coordinación a la Universidad de la República, el Comisionado Parlamentario y la Asociación de Defensores Públicos.
Imagen: adhocFOTOS/Javier Calvelo
UyPress – Agencia Uruguaya de Noticias
