El jefe de la custodia presidencial tiene decenas de anotaciones policiales por diversos delitos que van desde estafa a hurto.
POR PABLO SILVA GALVÁN 7 SEPTIEMBRE, 2021
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Trascendieron este martes los antecedentes del jefe de la custodia de Luis Lacalle Pou, Alejando Astesiano, y de algunos de sus colaboradores e integrantes del Servicio de Seguridad Presidencial (SSP). Delitos que van desde hurto y estafa a daños, forman parte del curriculum de estos funcionarios cuya tarea es la de dar seguridad al presidente y su familia.
Señala Radio Sarandí que “fuentes de la propia Policía dijeron a Informativo Sarandí no comprender las razones que llevaron al presidente Luis Lacalle Pou de rodearse en su custodia personal con civiles y uniformados cuyo pasado es por demás turbio”.https://ced47bba8c36e56df8283be9a1045196.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html
“El caso principal es el de Alejandro Astesiano, un civil de 50 años equiparado a policía que es el jefe de la custodia personal del mandatario”, agrega el informe.
Astesiano tiene al menos 30 anotaciones policiales por diversos delitos, en particular por hurto, apropiación indebida y estafa.
Caras y Caretas había dado a conocer esta información el pasado 30 de agosto de 2020.
Tomando como punto de partida un pedido de informes del diputado comunista Gerardo Nuñez, Caras y Caretas indicó que “de acuerdo a las informaciones llegadas a este medio, Astesiano habría sido procesado por estafa fuera de la reiteración real con dos delitos descritos en los literales A, C y E del artículo 58 del decreto ley 14.412 sin prisión. Esto data del 18 de abril de 2002”.
Pedido de informes
La nota, firmada por Víctor Carrato, indicaba que el 14 de abril (de 2020), el diputado Gerardo Núñez elevó un pedido de informes al Ministerio del Interior, solicitando “tomar conocimiento acerca del personal asignado a un servicio tan relevante como es el Servicio de Seguridad Presidencial (SSP) y en el entendido que la información solicitada resulta relevante para la labor parlamentaria”.
Agrega que “pasados los plazos de 45 días hábiles para remitir los datos e informes solicitados por los legisladores y la prórroga reglamentaria de un plazo de 30 días hábiles, no hubo respuesta alguna”.
“Los misteriosos criterios que usan los Lacalle para elegir sus custodias están nuevamente en tela de juicio y, al no haber respondido (Jorge) Larrañaga (por entonces ministro del Interior) el pedido de informes formulado por el diputado Gerardo Núñez, se deja entrever que al propio ministro del Interior le resultan impresentables”, culmina.
