El político herrerista, uno de los dirigentes más influyentes del Partido Nacional, fue encarcelado por una veintena de delitos sexuales y Carlos Taroco, exdirector del Comcar, pasará a prisión por entorpecer la investigación.
El caso tuvo múltiples derivaciones políticas y la investigación sigue detectando ramificaciones que complican al Ministerio del Interior; sin embargo, el presidente volvió a respaldar a Luis Alberto Heber. Además de que hubo seguimientos y amenazas contra los denunciantes, el teléfono de una de las víctimas pudo haber sido intervenido ilegalmente, de acuerdo a las últimas investigaciones del equipo fiscal.
No hay dudas de que los hechos que, por estas horas, se precipitan en los estrados judiciales pasarán a la historia de la política nacional. Nadie recuerda que un senador haya sido formalizado por tantos y tan graves delitos como los que se le atribuyen a Gustavo Penadés.
No se trata, además, de cualquier senador, sino de la principal voz del gobierno en el Poder Legislativo, cuerpo que integra desde hace tres décadas.
El martes 10 de octubre, a pedido de la fiscal de Delitos Sexuales de Sexto Turno, Alicia Ghione, la jueza Marcela Vargas formalizó al ahora exlegislador por la presunta comisión de 11 delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, cuatro delitos de abuso sexual especialmente agravado, tres delitos de abuso sexual agravado, un delito de violación, uno de corrupción de menores y uno de atentado violento al pudor, «todo en régimen de reiteración real, en calidad de autor y un cargo por desacato», de acuerdo al correspondiente auto de formalización.
También fue formalizado Sebastián Mauvezín, a quien Penadés conoce desde hace años por vínculos con su familia, por la presunta comisión de siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores de edad en régimen de reiteración real en calidad de autor. Ambos están, desde entonces, en prisión. Pero el caso ya trasciende los delitos sexuales a los que se vincula al exsenador y que abarcan un período de más de dos décadas.
A la salida de la audiencia judicial del martes, la fiscal Ghione lanzó duras acusaciones contra Penadés, entre ellas, la de haber articulado una «estafa procesal» al tratar de inducir a error al ministerio público. «El plan del que hablaba Penadés desde el inicio es un plan que armó el propio senador con información pública, con colaboración de asesores y de policías», espetó Ghione.
Durante el fin de semana, El Observador (7-X-23) había divulgado audios provenientes de escuchas telefónicas dispuestas por la Justicia a pedido del equipo fiscal, en las que se escuchaba a la funcionaria de la Corte Electoral Graciela De Vecchio referirse, en diálogo con colaboradores de Penadés (Ximena Portillo y Horacio Tejera), a búsquedas de información realizadas en sistemas internos del organismo. De Vecchio es secretaria en la corte del ministro en representación del Partido Nacional (PN) Arturo Silvera, quien trabajó durante años en pase en comisión con el exlegislador de la 71, lista por la que también fue edil en Montevideo.
Las escuchas incluyen una conversación entre De Vecchio y un colaborador de Penadés, Horacio Tejera, en la que la funcionaria pasa datos de un joven de 22 años y de su madre, presumiblemente con intención de identificar a una de las víctimas cuya identidad está protegida por la Justicia. Al día siguiente de la audiencia, M24 (11-X-23) dio a conocer escuchas que involucran a otros integrantes de la 71, como el director nacional del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Santiago Borsari.
El cúmulo de información en poder de la fiscalía abre una línea de investigación vinculada a una serie de presuntos delitos cometidos con posterioridad a los que dieron origen a la causa y cuyos alcances, por ahora, se desconocen. En principio, fue formalizado quien hasta el momento era director del Comcar y de la Oficina de Información Táctica del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Carlos Darwin Taroco, por cohecho calificado y revelación de secreto, acusado de estar detrás de investigaciones paralelas irregulares.
El policía deberá cumplir prisión preventiva hasta febrero. La fiscal del caso hizo público que, en el celular de Penadés, incautado sorpresivamente en la audiencia del 18 de agosto pasado, se encontró un esquema con membretes del Ministerio del Interior (MI) en el que se vinculaba a Jonathan Mastropierro, una de las víctimas de la causa, con otros posibles denunciantes (no se sabe hasta ahora si las identificaciones fueron certeras o no).
Uno de los incluidos en el esquema es Sebastián Barbieri Franco, asesinado en abril, en Sayago, y mencionado por Ghione en la solicitud de desafuero del nacionalista (El País, 12-X-23). Para la construcción de esta información, los policías llevaron adelante operaciones de inteligencia. Bajo órdenes de Taroco, otro policía, Federico Fabricio Rodríguez, se acercó a Mastropierro presentando como cobertura el interés de establecer una relación íntima y también comercial («Quiere hablar de unos negocios rurales.
Los abuelos [le] dejaron un campo en Juan Lacaze y quiere armar algo relacionado a los negocios ganaderos. Pero es un queso con las redes», dijo en una conversación de Instagram la joven que hizo de nexo entre espía y espiado). Tras la detención de Taroco, su abogado, Ignacio Durán, buscó separar a su cliente de Penadés. Dijo que no hay comunicaciones entre ellos en el celular del policía y que Taroco «desde hace muchos años, por su cargo, ha investigado a Mastropierro. […]
Esto es parte de una investigación que él siguió haciendo porque entiende que es un estafador contumaz», señaló el abogado en rueda de prensa. Durán agregó que su cliente afirma que «todo lo hizo en su condición de funcionario policial y que funcionalmente puede hacerlo por el cargo que ocupa, porque [Mastropierro] es una persona que estuvo en cárceles» y «está vinculada a reclusos que él está investigando».
El abogado «confesó una pesquisa ilegal» de su cliente, dijo a un semanario una fuente policial, y remitió al artículo 287 del Código Penal, que establece que «el funcionario público que, con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescritas por la ley, ordenare o ejecutare una inspección o registro personal, será castigado con tres a 12 meses de prisión». Es que, aunque la versión de Taroco es que el esquema fue filtrado a Penadés por otra vía y no fue hecho según sus intereses, las funciones del policía no le permitían hacer esas investigaciones, de las que, además, no puso en conocimiento a la fiscalía. La última causa de Mastropierro se cerró en octubre de 2022.
El joven ha denunciado detenciones y hostigamientos de la Policía y presencia de autos extraños en la puerta de su casa (algo que también señalaron la denunciante Romina Celeste y la abogada del Consultorio Jurídico, Soledad González, que defiende a varias víctimas). En las últimas horas, desde el equipo fiscal le advirtieron a Mastropierro que en las escuchas surgen sospechas de que su teléfono pudo haber sido intervenido ilegalmente.
Pero a la hipótesis del estafador contumaz tampoco la favorecen las fechas de las pesquisas. Informa Brecha que accedió a la conversación de Instagram en la que una chica se contactó con Mastropierro para decirle que el policía Rodríguez quería verlo, y que lo conocía de la cárcel. El primer mensaje –un comentario a una historia de Mastropierro– es del 18 de julio, dos semanas después de que radio Universal divulgara la identidad del joven.
El delito de desacato que la fiscal le imputó a Penadés es por su participación en ese programa, por entender que violó la reserva de la identidad de una víctima. Además, de acuerdo a lo que pudo saber Brecha, hay otro elemento que contraría la intención del exsenador de «colaborar con la Justicia», de la que ha hablado en momentos previos y posteriores a que se le tomara declaración. Fuentes de la causa dijeron que, de acuerdo a información oficial de ANTEL obtenida por el equipo fiscal, Penadés cambió de celular el 29 de marzo, el mismo día en que el fiscal de Corte, Juan Gómez, dispuso de oficio el inicio de la investigación.
Este jueves, también se supo que los abogados del herrerista dejaron su defensa. En la esfera política, la formalización de Penadés desembocó en su expulsión de las dos cámaras. El nacionalista ocupaba como suplente la banca en el Senado del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y era, a su vez, diputado titular. La aplicación del artículo 115 de la Constitución, que implicó la expulsión «por actos de conducta que le hicieren indigno de su cargo», fue votada por unanimidad, pero volvió a provocar rispideces a la interna de la coalición.
Desde filas coloradas, trascendió que los blancos los embretaron al pronunciarse repudiando las conductas de Penadés sin abrir la discusión, cuando en ese partido tenían recomendaciones jurídicas que les indicaban que para tomar la decisión convenía esperar a la sentencia judicial. Desde Cabildo Abierto, en tanto, el senador Guillermo Domenech dijo no tener pruebas sobre los delitos por los que se formalizó a Penadés y que «solo Dios sabe si es responsable de lo que se le imputa».
De todas maneras, entendió que el exsenador debía ser cesado por el artículo 80 de la Constitución, que dice que la ciudadanía se suspende «por la condición de legalmente procesado en causa criminal de la que pueda resultar pena de penitenciaría» (El País, 12-X-23). El Frente Amplio (FA), por su parte, volvió a pedir la renuncia de Heber. Tras momentos de incertidumbre en la Cámara Alta, llegó el respaldo público del presidente Luis Lacalle Pou y la conferencia de prensa en la que el ministro negó las investigaciones paralelas y atribuyó a la propia Policía el mérito de haber descubierto las pesquisas de Taroco y Rodríguez (a quien no nombró).
Efectivamente, Policía Científica e Interpol participaron en la investigación de esos hechos, pero lo hicieron bajo órdenes de la Fiscalía. Institucionalmente, si las faltas hubieran sido detectadas por la institución policial o el MI, la investigación debería haber pasado a cargo de Asuntos Internos. El ministro también se defendió argumentando que no tenía conocimiento de lo actuado por los policías del INR, aunque el pedido de renuncia del FA fue «por acción u omisión».
La oposición evalúa si interpelarlo nuevamente, impulsar una comisión investigadora o promover una censura de la Asamblea General por el artículo 147 de la Constitución. Habrá que ver si el respaldo multicolor al errático ministro –el peor evaluado por la ciudadanía según las encuestas– continúa. Y con qué costos. Esta historia continuará…
Sandra Adriana
@SandraAdriana65
