Los familiares de las Muchachas de Abril (Laura Raggio, Silvia Reyes -ambas de 19 años- y Diana Maidanik, de 22) resolvieron pedir que se ponga en suspenso el acto público de reparación por este crimen que iba a celebrar el Estado uruguayo, ante la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estas tres mujeres
Estas tres gurisas fueron acribilladas por las Fuerzas Conjuntas en 1974 y pasaron a ser conocidas como las “muchachas de abril”.
El jueves 27 de abril el semanario Búsqueda divulgó la decisión de los familiares que responde a la decisión del presidente Luis Lacalle Pou de no asistir al acto de reparación y en su lugar designar como representante a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón.
Los familiares expresaron en una carta dirigida a la CIDH su molestia por esa decisión, confirmó a El Observador Martín Fernández, abogado del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), organización que representa a los familiares.
Según entienden los familiares, es Lacalle Pou quien debería concurrir al acto público en su rol de comandante de las Fuerzas Armadas.
Posteriormente la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos rechazó los dichos del senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech que señaló que las “muchachas de abril”, “no eran unas niñas” y que “estaban comprometidas con un movimiento guerrillero”.
Sin embargo el Tribunal de Apelaciones de 2° Turno confirmó el procesamiento del militar retirado Juan Rebollo por el asesinato de Silvia Reyes, Laura Raggio y Diana Maidanik en abril de 1974. El tribunal confirmó el fallo que en 2021 había dictado la jueza Isaura Tórtora, en el que Rebollo fue procesado con prisión junto a José Gavazzo y Eduardo Klastornick, ambos fallecidos.
El fiscal especializado en crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, dijo a El Observador que esta ratificación del Tribunal “confirma la posición de Fiscalía”. “Es un claro homicidio, no podía estar amparado como legítima defensa (como pedían los abogados defensores de Rebollo)”, declaró Perciballe.
En la entrevista central de INFO24 Horacio Raggio, integrante de Madres y Familiares y hermano de Laura Raggio compartió la mirada de los familiares con respecto a la decisión gubernamental.
En tanto Jorge Pan, que fue el abogado que presentó el caso ante la Justicia uruguaya y luego ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (hoy jubilado y sin ejercicio de la profesión) repasó todo el caso, desde sus orígenes hasta el momento actual y explicitó, asimismo, la importancia protocolar de que sea el Presidente el encargado de encabezar ese acto y no delegar en otras personalidades de gobierno.
Un comunicado emitido por el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR) advierte que “al margen del valor simbólico” de la presencia del mandatario, “es él y no otro quien se encuentra en condiciones de enviar un mensaje claro a las Fuerzas Armadas insistiendo en la necesidad de que quien tenga información para
resolver la situación de incumplimiento internacional en la que se encuentra nuestro país, la entregue”. Previamente aclara que esta afirmación se realiza “sin desmerecer en absoluto a la Vicepresidenta”.
Causa Abierta