El ministro Heber pretende convencernos de que la seguridad ha mejorado, pero es difícil creerle a alguien que sistematizó la mentira como forma de gestión.
Luis Alberto Heber, un ministro absurdo.
Foto: Gastón Britos / FocoUy.
Por Carlos Peláez
Los uruguayos ya normalizamos por lo menos dos asesinatos diarios. Además, en una misma semana asaltaron dos escuelas en Montevideo y un sanatorio privado en Maldonado. El ministro del Interior pretende convencernos de que la seguridad ha mejorado, pero es difícil creerle a alguien que sistematizó la mentira como forma de gestión. Heber ya no cuida ni las formas, se involucró en la campaña electoral de Laura Raffo y ascendió de cabo a subcomisario a un dirigente del sindicato policial, pareja de Patricia Rodríguez, presidenta del gremio.
Las disputas territoriales que llevan adelante las bandas de narcotraficantes provocan varias muertes semanales. Pero no cualquier muerte, el grado de sadismo que emplean busca aterrorizar. A los vecinos para que nadie denuncie y a los narcos de otras bandas como medida ejemplarizante.
Cadáveres trozados o quemados se han convertido en asunto frecuente. El martes pasado fue internado en el INAU un sicario de 16 años que cuenta con 5 homicidios.
Las casi cotidianas balaceras en las zonas más alejadas de la capital han cobrado varias vidas de inocentes.
Esta semana la inseguridad llegó a las escuelas y a un sanatorio privado. Ni niños ni enfermos podrán estar tranquilos.
Cuando asumió, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, declaró la guerra a las drogas. Desde entonces la Policía se focalizó en el combate a las bocas de venta.
Han cerrado centenares, pero el problema sigue siendo el mismo. Nadie parece percatarse sobre la ola de violencia atroz que desde entonces azota a los barrios más pobres, lugar elegido por los pequeños traficantes para esconderse y llevar adelante su negocio.
Los vecinos de muchos barrios denuncian la inexistente presencia policial. Heber contesta señalando que carece de personal y también de vehículos para realizar patrullajes preventivos.
El martes en un allanamiento realizado en el barrio La Paloma la Policía encontró 50.000 dólares en efectivo y otros 10.000 en moneda uruguaya. ¿Cómo y quién sigue la ruta del dinero?
Los jefes narcos conducen autos de alta gama: ¿quién controla su venta? Desde la Senaclaft dicen que los vendedores no están incluidos entre quienes deben reportar. Entonces, ¿por qué no se legisla ya para que lo hagan?
Compran propiedades o pequeños comercios; les dan plata para gastos a sus vecinos; sostienen clubes de barrio y hasta ayudan en las escuelas. En el interior esto es más visible.
Hace dos años, en una sesión secreta parlamentaria, el ministro identificó a 45 clanes que operan en la zona metropolitana, con todos sus nombres.
Si están plenamente identificados, ¿por qué ha sido tan complejo detenerlos a todos y someterlos a la Justicia?
Falta además una política de combate a los que ingresan toneladas de drogas o a aquellos que lavan dinero en toda la cadena, desde los que hacen sociedades hasta los que introducen dinero ilegal en el sistema financiero.
Pero el problema no solo son las drogas. Por muchas razones, aquellos que han hecho del delito su modo de vida asolan ciudades y pueblos. Nadie vive tranquilo y la Policía está tan complicada que ya no da respuestas, salvo cuando se genera alarma pública por la magnitud o características del delito.
Hoy está claro para todos que pegando cuatro gritos no se iban a resolver los problemas de seguridad. Y considerar que es sólo un asunto policial ha sido un error gravísimo.
Ni la Policía ni la cárcel pararán el tráfico de drogas
El licenciado Fernando Britos publicó en La Onda Digital una columa titulada “El abismo de las drogas y seis premisas falsas”.
Allí sostiene que el enfoque punitivista fracasó hace décadas. En la nota cita un tramo del libro La esquina, cuyos autores son David Simon y Ed Burns, al que vale prestarle atención porque también describe una realidad que muchos conocen.
“No podemos pararlo. Ni con todos los abogados, armas y dinero del mundo. Ni apelando al sentimiento de culpa, ni a la moral ni a la indignación de los justos. Ni con las cumbres sobre el crimen, ni con equipos especiales ni con comités […] No se conseguirá una victoria duradera en la guerra contra las drogas doblando el número de policías en la calle ni triplicando las plazas de las penitenciarías. La paz no vendrá gracias a las leyes contra el crimen organizado ni a leyes que recorten los derechos civiles, ni permitiendo registros sin orden judicial ni por ninguna otra maldita nueva medida que a alguien se le ocurra meter en el paquete de leyes contra la delincuencia que toque aprobar el año que viene. Y en la calle lo saben. Hoy, como cualquier otro día, a media mañana se abrirá la tienda y los captadores se apostarán en las esquinas, anunciando los nombres de sus productos alegremente, como si lo que venden fuera legal. Los correos traerán un poco más de la mercancía y los adictos harán cola para que les sirvan, una fila de demacrados y pasivos suplicantes que ocupará todo el callejón y seguirá por la manzana. La esquina echa sus raíces en el deseo humano: básico, innegable e inmediato. Y la dura realidad es que ese deseo no puede ser doblegado ni por todas las fuerzas del orden del mundo […] En unos barrios en los que no existe ninguna otra fuente de riqueza, han construido un motor económico muy potente y están dispuestos a sacrificarlo todo por él […] El margen de beneficios nunca baja, no hay recesiones, no hay malos trimestres, no hay despidos, no hay tasa de desempleo estructural. En el corazón vacío de nuestras ciudades, la cultura de las drogas ha generado una estructura de generación de riqueza tan elemental y resistente que se puede calificar legítimamente de nuevo contrato social”.
La Policía como parte de la inseguridad
Desde 1985 hasta hoy impresiona la cantidad de policías involucrados en actos delictivos. Con narcotraficantes, con automotores, con trata de mujeres, con asesinatos, femicidios, con mafias organizadas, con delincuentes comunes, con torturas.
Aquellos eran tiempos de mafias policiales organizadas en “La Garra”, por ejemplo. Herederos de Víctor Castiglioni, eran Coito y Lemos. Era la época de Orden Público, Automotores o Hurtos y Rapiñas, dependencias de la Jefatura de Policía de Montevideo donde muchas veces la única diferencia entre el funcionario y el delincuente era el uniforme.
La seguridad no debió ser nunca un comodín para el debate público, porque es un asunto de extrema gravedad y compleja resolución.
No alcanza solo con perseguir y encarcelar delincuentes. Son problemas importantes la situación de las cárceles, los avances del narco y la existencia de nuevos delitos como el sicariato. Pero también es un grave problema la calidad de nuestra Policía.
Sería injusto acusar a todos los policías, porque se sabe que la absoluta mayoría son honestos y abnegados ciudadanos dispuestos a exponer su vida para cuidar la nuestra. Nada menos.
Pero no basta con gritar “al policía se lo respeta” si el policía no es visto como un ciudadano respetable.
En 2010 el director nacional de Policía Julio Guarteche decía a El País: «Tenemos, prácticamente, un escándalo de corrupción por semana y esto no puede seguir así. Estamos anhelosamente empeñados en lograr la confianza de la población, pero sabemos que no será de un día para el otro. Va a tomar tiempo, por esto estamos limpiando la casa, somos conscientes de que no podemos barrer para debajo de la alfombra».
Este ministro agravó el problema
Primero Jorge Larrañaga y luego Luis Alberto Heber desmantelaron todas las cosas buenas que había hecho el gobierno anterior. Por ejemplo, desplazar a viejos oficiales involucrados en actos de corrupción.
Desde 2020, muchos fueron convocados nuevamente a filas. Y no son pocos los que lo hicieron con ánimo revanchista.
Muchos de nuestros mejores policías quedaron por el camino.
No pocos policías veteranos dicen que “la Policía está destruida”.
El caso Astesiano permitió conocer qué clase de jerarquías teníamos en el Ministerio del Interior. A pesar de la defensa permanente de Heber, la mitad de los jerarcas de la Policía fueron desplazados, renunciaron, fueron formalizados y otros siguen investigados.
Heber mentía en cada oportunidad. Porque sus investigaciones administrativas urgentes siempre daban como resultado que no había ninguna irregularidad. Pero la información y el accionar de la Fiscalía decían otra cosa.
Antes también había mentido, según dijo Carolina Ache, cuando afirmó en el Senado que “el pasaporte a Sebastián Marset se otorgó basado en un decreto de 2014”, pero Heber no dijo que todos en su ministerio, también en la cancillería, sabían que se trataba de un narco muy peligroso. Y con una simple llamada al Ministerio del Interior paraguayo lo hubieran corroborado.
Pero esto no es todo. Heber perdió la línea cuando salió públicamente a defender a su amigo y correligionario Gustavo Penadés. Enfatizó que “todo era una campaña de difamación”.
Ni él ni el presidente Lacalle Pou, que también lo defendió, parecen comprender la línea existente entre sus vidas privadas y sus responsabilidades públicas. Tampoco sorprende porque algo similar habían hecho con Alejandro Astesiano.
Y por si esto fuera poco, en los últimos días, el ministro del Interior, que entre sus responsabilidades tiene asegurar garantías para la acción de todos los partidos políticos, se involucró de lleno en la campaña electoral de Laura Raffo, precandidata a la presidencia por el herrerismo.
De cabo a subcomisario
El pasado 8 de junio Heber firmó un decreto por el cual el cabo Fabricio Ríos fue ascendido a subcomisario con destino al hospital Policial. Según expresa la resolución, “se trata de un contrato válido por tres años”.
En ese simple acto Ríos recibió como aumento la mitad de su sueldo. Según la escala salarial publicada por el ministerio, un cabo del subescalafón Policía Especializada con contrato policial percibe 41.600 pesos nominales. En tanto un subcomisario del mismo subescalafón tiene un sueldo de 61.736 pesos nominales.
Ocurre que Ríos es secretario general del Sifpom, el sindicato policial más grande -unos 15.000 afiliados- y además la pareja de Patricia Rodríguez, presidenta del mismo sindicato.
La Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales (Conasip) cuestionó la decisión ministerial, señalando que “hace 10 años Ríos no cumple ninguna tarea policial porque tiene licencia sindical”.
En su muro de Facebook, la Conasip emitió un comunicado señalando que “no existen antecedentes de una contratación similar a un dirigente sindical en actividad que goza de licencia sindical y no se presenta hace años, probablemente una década, a su lugar de trabajo”.
Este es un hecho gravísimo para el movimiento sindical, una afrenta para cualquier policía que deja la piel cumpliendo con el servicio y una mala señal política de personas con poder dentro de la administración pública que, supuestamente, venían a cambiar este tipo de prácticas hijas de la cercanía insana entre sindicalistas y gobierno”, expresa el comunicado.
En el pasado reciente la coordinadora también había manifestado sus discrepancias con Patricia Rodríguez, luego de que trascendieran chats en la que ella hacía gestiones con Astesiano para acordar acciones políticas con su gremio.
Fuente : carasycaretas.com.uy