En un momento en que se discute en Parlamento la partida extra de $ 200 millones –unos US$ 5 millones– que el Ministerio de Economía Finanzas (MEF) autorizó para la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, queda en evidencia que para el Ejecutivo la medida según la cual se determina la importancia o la urgencia de un gasto parece no ser la misma.
Pero lo peor de todo sería que por otro lado se desalientan reclamos pertinentes en áreas como educación, salud, defensa y seguridad, donde no sólo es fundamental la incorporación de nuevas tecnologías, mantener actualizada capacitación técnica de los trabajadores, mejorar las condiciones de trabajo en todo sentido, sino también establecer una paga acorde y sobre todo justa, con la media de los demás trabajadores del Estado.
En ese sentido el caso de las Fuerzas Armadas es paradigmático ya que, en sus quintiles más bajos, las diferencias son notorias con respecto al de otros ministerios. Por ejemplo, mientras que un policía recién egresado del Curso de Formación y Capacitación tiene un sueldo nominal aprox. de $ 54.745 y en el caso de la Educación Primaria, un maestro grado 1, es decir, el de menor antigüedad, cobra alrededor de $ 44.522 nominales, un soldado de primera del Ejército tiene un sueldo nominal de $ 33.561, por lo que estamos hablando de una gran diferencia que sería necesario subsanar.
Ahora bien, sería oportuno saber cuál es el criterio que tiene el MEF para autorizar o determinar dónde se hace imprescindible el gasto, aunque queda obvio que aquella frase de Artigas de que “los más infelices serán los más privilegiados”, no cala en la ministra. No parece coherente permitir que 13.000 uruguayos que son soldados y cumplen no sólo una función honorable, sino también una función de características especiales y que conlleva sus riesgos, esté apenas por encima del laudo mínimo nacional.
Hay que tener en cuenta que, según datos del Instituto Nacional de Estadística, en diciembre del año pasado la canasta básica alimentaria rondaba los $ 18.759 per cápita en Montevideo, $ 12.244 en el interior urbano y $ 8353 en el interior rural. Por lo que cualquier persona que en este país esté ganando en mano poco más de $ 20.000, no sólo no puede permitirse el lujo de pagar el alquiler, sino que apenas puede cubrir los gastos de luz, agua, etc., que implican una vida digna.
Entonces la cuestión del criterio resulta decisiva y la de la medida, cualitativa. La primera es decisiva porque en definitiva es de sentido común tener claro cuáles son las prioridades que enfrenta la ciudadanía en un país que viene siendo golpeado por factores externos como pandemia, sequía, inflación, que han sido determinantes para el aumento de la pobreza. La segunda es cualitativa porque refiere justamente a lo que para unos puede ser mucho y para otros poco, y es allí cuando entra “la medida Albisu”.
La partida anual fijada para la Comisión Mixta Salto Grande del 2020-2025 es de $ 744 millones que son alrededor de US$ 18.614.540. Sin embargo, según defendió Carlos Albisu, era necesaria la partida extra de $ 200 millones–un poco más de US$ 5 millones– por temas de gestión.
Si hacemos un simple ejercicio filosófico-matemático podemos decir que US$ 5 millones es “la medida Albisu”, por lo que si queremos hablar de cuánto va a costar la construcción de un nuevo liceo en Tranqueras, podemos decir “medio albisu”, ya que según informó el portal de Presidencia, el costo de esta obra según la licitación adjudicada fue de US$ 2,5 millones. Así que, si la ciudadanía en el día de mañana reclama por un nuevo centro de estudios, en alguna localidad del interior del país o del Montevideo profundo deberían pedir por “medio albisu”.
Otro ejemplo puede ser el nuevo Hospital del Cerro de Montevideo, que tuvo un costo de US$ 3 millones, por lo que estaríamos hablando de un 0,6 de “la medida Albisu”, un poco más de la mitad.
De esa forma la ciudadanía puede entender que “un albisu” es igual a construir: dos liceos públicos, dos hospitales, etc.
Pero, además, hay pensar en las posibles mejoras que se podrían hacer con “un albisu” o tan siquiera con un “medio albisu” en los sueldos más deprimidos de los trabajadores del Estado y en las jubilaciones de los quintiles más bajos que son una miseria.
Entonces parece quedar claro que la vara para medir y el criterio para usar la vara no se establecen por una lógica común que apele a la justicia social, sino que parece sostenerse más por un criterio de afinidad y lealtad, donde lo cualitativo queda restringido a un incómodo episodio que es preferible dejar pasar.
Lo que nos lleva a recordar a lo sucedido en Argentina a finales de la década de los 90 e inicios del siglo XXI, cuando el sistema político se aferró a la idea de no devaluar y convenció a la ciudadanía de los beneficios de la convertibilidad. Entonces Cavallo sostenía la importancia de tener un blindaje. Pero desde 1997 el mantenimiento de la convertibilidad del peso con el dólar a la paridad 1 a 1, en un contexto financiero internacional desfavorable, provocó iliquidez y recesión. Así, ante el fracaso de la política monetaria y financiera, en el 2001 algunas provincias comenzaron a emitir sus propias monedas, como el patacón, el lecop, el federal, entre otras.
Refiriéndose a estas monedas nacidas durante la crisis del 2001/2002 como los patacones, los lecop, etc., Ricardo Orzi afirmaba: “No las podemos incluir en las monedas sociales ya que no tuvieron un origen comunitario. Pero se trata de monedas alternativas a la de curso legal, en las que su aceptación por parte de la población se funda en su aceptación por parte del Gobierno, como medio de pago de impuestos”. (Moneda social y mercados solidarios. La moneda social como lazo social).
Así, como muchas veces en la historia, nuestro Salto Oriental está adelantado. De hecho, no hay que olvidar que “Salto fue considerado desde mediados del siglo XIX el puerto más importante del litoral uruguayo, y el segundo de la región, después de Montevideo. Allí convergían los productos de la zona misionera del Alto Uruguay, del litoral argentino, del Río Grande y de buena parte del noroeste oriental” (Raúl Jacob, María Inés Moraes). Además, fue un centro de convergencia de una vasta red de transporte que conectaba pasajeros de toda la región.
Y en lo que refiere a la historia del sistema financiero uruguayo debemos decir que desde 1855 Salto contaba con instituciones protobancarias, siendo que en 1859 se autorizó la instalación de una sucursal del primer banco extranjero establecido en Uruguay como fue el Banco Mauá (Ibidem).
Entonces cabe preguntarse: ¿Será que el “albisu” será la nueva moneda que comenzará a circular en el litoral ante el atraso cambiario que pareciera no ser percibido por el equipo económico?
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