Blancos, colorados y cabildantes acordaron este martes en avanzar en el proyecto que la senadora nacionalista, Carmen Asiaín, presentó en la Comisión de Constitución y Legislación de la cámara alta.
Al proyecto de la legisladora blanca se sumaron aportes de Cabildo Abierto (CA) y sugerencias del comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit.
Fue en 2021 que se abordó el tema a través de los senadores de CA que pretendían mediante un proyecto de un solo artículo otorgar la prisión domiciliaria a las personas privadas de libertad mayores de 65 años, por la superpoblación carcelaria lo cual agravaba su situación por la emergencia sanitaria.
Esto favorecería a los presos que habían participado del terrorismo de Estado, ya que la norma exceptuaba del beneficio a quienes habían cometido delitos de lesa humanidad, cuando éstos permanecían recluidos por delitos de homicidio, tortura y secuestro.
En 2022 Asiaín presenta un nuevo texto. Mantenía otorgamiento y lo subía a la edad de 70 años. Actualmente el proyecto plantea considerar especialmente el caso de cualquier persona que “tuviera 65 años o más”, cuando “no involucre riesgos considerando las circunstancias del delito imputado”, consigna La Diaria.
También se propone dentro del Código del Proceso Penal un nuevo marco para el régimen de prisión domiciliaria. En ese sentido, “a petición de parte” el tribunal competente podrá ordenar la excarcelación “cuando el formalizado padezca graves problemas de salud o una enfermedad incurable en período terminal” o “cuando se trate de una mujer embarazada con riesgo de salud para sí o con riesgo para la continuación del embarazo”, o para una madre “a cargo de un niño mayor de cinco años que padeciera problemas de salud o no tuviera otra persona que se hiciera cargo de él”.
Para las personas privadas de libertad mayores de 65 años, el proyecto establece que, se deberá evaluar si la “condición biopsicosocial” de la persona “determinara que la privación de libertad en establecimiento carcelario perjudica su salud o vulnera su dignidad humana”, por lo que “la decisión judicial deberá fundarse en los informes de una junta médica designada por el juez”, publica La Diaria.