GOBIERNO DE LACALLE POU CONSOLIDA A URUGUAY COMO NARCO ESTADO
Desde 1989, existe registro, evidencia, investigación y documentación sobre el sostenido aumento del narcotráfico y las facilidades que existen en Uruguay para su infiltración en todos los estamentos de la sociedad. Esto les ha permitido a los narcos permear el tejido social comunitario, alterando los valores paradigmáticos de nuestra convivencia, aun perteneciendo a tribus urbanas o clases sociales diversas. Ahora son tantos para los que la palabra no vale nada, que infinidad de neo narcos de la vida, hoy defienden que la única lealtad que vale es la que le convenga a cada uno de acuerdo con las circunstancias, y que el éxito sólo depende del poder de fuego e intimidación que tenga una persona o grupo sobre los demás. Desde hace 30 años no se logra desterrar la ingenua convicción dirigencial de que el narcotráfico en Uruguay sólo consiste en lavar dinero con algún hecho aislado de tránsito de grandes lotes de drogas y de “ajuste de cuentas”. No se aprendió nada de la experiencia propia y ajena y cada coalición gobernante se manda a gestionar sola con su librito de viejas recetas fallidas. El actual gobierno propuso soluciones mágicas para “desterrar” al narcotráfico del Uruguay, a sabiendas que ya está probado en el mundo que si no hay una política de estado integral, sostenida en el tiempo, presupuestada y con apoyo popular, no tendrán ningún resultado eficaz. Por ello considero pertinente y legitimo preguntarse hasta donde el narcotráfico ha corrompido nuestras instituciones y los partidos políticos. No parece casual que desde 2018 los blancos bloquean sistemáticamente la aprobación de una ley exigente y aplicable que permita verificar en forma transparente y real el monto y origen de los fondos que maneja cada una de las agrupaciones políticas.
También cabe interrogarnos sobre ¿cuál es la diferencia significativa y deliberadamente favorecedora del narcotráfico que instala este gobierno de Lacalle Pou?
No olvidar, entre tantos episodios turbios: los mensajes de voz de Argimon con su ahijado el Tueco; el espionaje a 2 senadores; la defensa de Astesiano (según expresó Lacalle “profesionalmente intachable”); la protección abusiva de los chats entre el presidente y su ex custodio, su respaldo incondicional al ex Senador violador y pedófilo, Penadés; su reducción presupuestal a las necesidades que planteó Fiscalía para estar en condiciones de investigar en tiempo y forma este y otros delitos complejos; y el haber habilitado que se pueda introducir al sistema bancario hasta 130 mil dólares en efectivo sin obligación de justificar origen. Pero Lamentablemente el presidente ha sido protagonista de hechos aún más graves.
Lacalle Pou ordenó coordinar entre máximos jerarcas del Ministerio del Interior y Cancillería, lo siguiente: a) ocultar al Parlamento que al entregar el pasaporte a Marset había informes nacionales e internacionales que daban cuenta que autoridades uruguayas tenían conocimiento cabal que el narco preso en Dubai era un peso pesado que, aún prófugo, sigue liderando el tráfico de drogas y lavado de dinero en la región. b) Mando destruir un documento protocolizado por escribano público donde constaba que el Sub Secretario Maciel conocía perfectamente la peligrosidad de Marset al momento de solicitar el pasaporte.
Por último, subrayamos la “confesión” de Lacalle Pou el día que brindó la conferencia de prensa sobre el caso Marset. Textualmente dijo: “Ese pasaporte (por el de Marset) había que darlo si o si”. La verdad que no se entiende en absoluto cómo es posible que si la cuestión era tan clara legalmente porque el presidente aceptó la renuncia de toda la cúpula del Ministerio del Interior y de Cancillería. La confesión de Lacalle se vuelve más turbia, cuando se sabe a texto expreso que en realidad si existían otras alternativas legales para no darle el pasaporte a Marset, tal como se dejó constancia en informe escrito remitido por Cancillería.
Por tales evidencias nos permitimos preguntamos si en esa afirmación tan contundente en la conferencia de prensa, el presidente no estaría reconociendo implícitamente que se entregó el pasaporte exprés al mega narco porque él o su entorno político se sentían en deuda con Marset. La ciudadanía necesita más transparentes y verdaderas respuestas.
Andrés Copelmayer