Sesión de la Asamblea General para discutir el levantamiento del veto a la ley de Casa de Galicia, en el Palacio Legislativo en Montevideo. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
Este miércoles en el Parlamento se reunió la Asamblea General para tratar el veto del presidente Luis Lacalle Pou a los primeros tres artículos de la ley que pretende que los extrabajadores de Casa de Galicia cobren la indemnización por los despidos, luego de que el centro de salud privado cerrara tras una resolución judicial.
Levantar el veto del mandatario implicaba que tres quintos de los legisladores presentes de cada cámara votaran a su favor, y si una de las dos cámaras no alcanzaba los tres quintos no se levanta.
Finalmente, de los 29 senadores, los 13 del Frente Amplio votaron a favor de levantar el veto, los tres de Cabildo Abierto y Sergio Botana del Partido Nacional también.
En cambio, hubo 17 votos negativos en 29 presentes, por lo que no se alcanzaron los tres quintos necesarios, fijados en 18.
Mientras, en Diputados la opción negativa al veto tampoco superó la mayoría especial que se precisaba, ya que fue de 56 negativos en 97.
Los artículos vetados lo fueron “por razones de constitucionalidad y conveniencia”, según describe el veto presidencial y que el mismo se basa en que violan los artículos 8 y 86 de la Constitución de la República.
“Todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellos sino la de los talentos o las virtudes”, establece el artículo 8 constitucional.
En ese sentido, sostiene que en el marco de la Ley 19.690 (Fondo de Garantía de Créditos Laborales en el ámbito del Banco de Previsión Social), la iniciativa parlamentaria establece “un sistema de garantías de créditos laborales específicos para los trabajadores de la ex Casa de Galicia y en condiciones más ventajosas con respecto al resto de los trabajadores privados”.
“Se fijan plazos breves y perentorios para el pago de los créditos garantizados, se da cobertura a créditos que el resto de los trabajadores no tienen protegidos, no se prevén exclusiones para el caso de trabajadores de determinada jerarquía o con vínculos con las autoridades empresariales, sin que exista una causa razonable que justifique tal trato discriminatorio en menoscabo de los demás trabajadores de la actividad privada que se ven afectados por la insolvencia empresarial”, indica el documento.
Prosigue: “Resulta más cuestionable que se utilicen fondos recaudados por concepto de contribución especial de seguridad social de 0,025%, que grava los ingresos de la generalidad de los trabajadores, para destinarlo a satisfacer los créditos de un grupo específico, en el caso de los trabajadores de la ex Casa de Galicia en desmedro del resto, sin que exista una relación razonable de proporcionalidad entre el medio utilizado y el fin perseguido (garantizar y abonar en forma breve y perentoria —180 días— los créditos de los extrabajadores de Casa de Galicia)”.
Asimismo, el veto sostiene en relación al artículo 86 de la Constitución que este tipo de leyes implican un gasto para el Tesoro Nacional por lo cual deben ser por “iniciativa privativa del Poder Ejecutivo”.
Lo erogado de Rentas Generales para llevar a cabo la ley votada en el Parlamento rondaría los US$ 40 millones, cuando la iniciativa del Poder Ejecutivo alcanza los US$ 8 millones.
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