La empresa fue aportante en la campaña del presidente Luis Lacalle Pou. El Ministerio de Industria decretó modificar las disposiciones previstas en la normativa aprobada en 2019, en el segundo mandato de Tabaré Vázquez.
FM Gente, medio local de Maldonado, viralizó un video del presidente Luis Lacalle Pou en moto, en el puerto de Punta del Este y que, según el secretario general ejecutivo de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Jorge Alfaro, en diálogo con Telemundo, el mandatario debería ser multado por incumplir algunas normas: no cuenta con chaleco reflectivo ni lleva un casco apropiado para el vehículo que manejaba.
En el relato del medio radial, el martes sobre el mediodía Lacalle Pou se subió al yate de la familia Mailhos (dueños de Montepaz) y navegó toda la tarde. A la vuelta, ya en tierra firme, se subió a la moto.
La empresa tabacalera Montepaz donó 14.531 dólares a la fórmula nacionalista integrada por Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón, actualmente presidente y vicepresidenta de la República.
El 2 de setiembre de 2022, bajo el gobierno de la coalición multicolor, el Ministerio de Industria decretó modificar las disposiciones previstas en la normativa aprobada en 2019, en el segundo mandato de Tabaré Vázquez.
El Poder Ejecutivo estableció modificaciones sobre el empaquetado y etiquetado de productos de tabaco. En este sentido, el decreto 1362/22 considera que la indiferenciación de origen en el propio cigarrillo, prevista en la norma del 2019, facilita la elaboración y circulación de cigarrillos falsificados.
Además, se incluye la cajilla blanda para la comercialización de cigarrillos, cuando hasta ese entonces la única opción era venderlos en cajilla dura de cartón.
En el marco de la polémica que provocó ese decreto, se conoció que el funcionario Nicolás Martinelli, actual ministro del Interior, visitó la tabacalera y lo hizo público en sus redes sociales a fines de abril de 2022. El asesor legal de la empresa fue viceministro del gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera (el padre de Lacalle Pou) y su suplente en el Senado.
Montepaz se había opuesto al etiquetado plano en el parlamento el 7 de noviembre de 2018, en una sesión de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Senado, de acuerdo a una investigación realizada por Sudestada.
El asesor jurídico de la empresa Eduardo Mezzera, y los directivos Manuel Moldes y Jorge Andrés Mailhos, habían concurrido a la comisión.
Moldes argumentó en la oportunidad que el tipo de envase que se establecía en aquel proyecto de ley “hace que sea prácticamente imposible que la cajilla se distinga de una falsificación. De hecho, es un estímulo importante para la falsificación”. Es el mismo argumento que establece el decreto presidencial firmado días atrás.
El empresario mencionó que la empresa Cifra aseguraba que el 35% de los cigarrillos que se venden en el país “son cigarrillos ilegales, ya sea por contrabando o falsificación. Ese 35% de cigarrillos ilegales, multiplicado por el aporte impositivo que hace cada uno de ellos al Estado, nos da una evasión de US$ 100.000.000 anuales”.
“El ingreso de cigarrillos y contrabando o su falsificación generan y fomentan un mercado informal relevante, que afecta severamente la recaudación y atenta contra las políticas públicas de la Administración en cuanto a su erradicación”, afirmaba el decreto.
Mailhos expresó: “Hoy tenemos dos tipos de cajillas, la dura de cartón y la blanda de papel, que están en el mercado hace décadas. La cajilla blanda es la que tiene mayor participación en las ventas de nuestra empresa: tiene cerca de la mitad de nuestras ventas”.
Mientras se discutía el proyecto que culminó con la aprobación de la Ley N° 19.723, el entonces senador del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, aseguró en la sesión de octubre de 2018 de la Comisión de Salud del Senado: “Me parece que va al extremo y que lejos está de seguir ayudando a que se consuma menos tabaco. Creo que lo que se va a hacer con este proyecto de ley –que seguramente esté bienintencionado y, obviamente, hay un esfuerzo personal para seguir trabajando en estos temas– es interferir en la competencia (…) no vamos a acompañar con nuestro voto este proyecto de ley porque, si bien apoyamos en general las políticas aplicadas en este tema, el texto en consideración se pasa de la raya”.
No era para favorecer a una fábrica de chicles
A menos de una semana de establecido el decreto, el presidente fue consultado por la prensa si la normativa se la había solicitado Montepaz.
“Dicen que esto es para favorecer a la empresa Monte Paz; no, si me lo pidió una fábrica de chicles. Obvio. ¿Quien se dedica a producir cigarros en Uruguay quién es? Monte Paz. ¿Y quién le pidió esto al Ministerio de Industria? Monte Paz. Ahora, ¿alguien se cree que nosotros nos vamos a mover por presiones? No nos conocen y es una falta de respeto. A veces lo que pasa es que algunos actuarían de esa manera. Yo no. Y creo que lo he demostrado. Las críticas bienvenidas, la falta de respeto y adjudicar intenciones me parece que no corresponde”, lanzó.
Derivaciones
El gobierno debió suspender la flexibilización de la política anti tabaco tras fallo de la Justicia del 19 de octubre de 2022. La juez María Elena Emmenengger estableció hacer lugar parcialmente a la demanda de amparo, disponiendo la inmediata suspensión del decreto 282/022 hasta que quede firme el acto administrativo o para el caso de tramitarse la vía anulatoria, hasta el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo (TCA) dicte sentencia ejecutoriada.
La Sociedad Uruguaya de Tabacología (SUT) había presentado un recurso de amparo en contra del decreto que flexibilizó la comercialización de los cigarrillos.
Apeló al artículo 195 del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley 17.823), que establece que: “La acción de amparo para la protección de los derechos de los niños y adolescentes […] Podrá ser deducida también por el Ministerio Público, cualquier interesado o las instituciones o asociaciones de interés social que, según la ley, o a juicio del Tribunal, garanticen una adecuada defensa de los derechos comprometidos”.
En este sentido, dicha organización entendió que “el Estado tiene la obligación de proteger especialmente a los niños y adolescentes respecto a toda forma de estímulo al consumo de tabaco”.
Asimismo, señaló dentro de otros argumentos que “un decreto basado en derechos de industria y comercio no puede pretender reglamentar una Ley de Salud Púbica. A su vez vulnera múltiples artículos del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, su protocolo adicional y la normativa de control de tabaco nacional”.
Fuente : Causa Abierta