El Frente Amplio (FA) está evaluando diversas acciones políticas para evitar que el intendente de Artigas, Pablo Caram, y varios miembros de su familia puedan presentarse nuevamente a cargos electivos o desempeñar funciones públicas. La Mesa Política Departamental se reunirá esta noche en una sesión extraordinaria para tomar una decisión al respecto.
Caram fue condenado ayer por omitir los deberes de funcionario público debido a una investigación sobre el pago irregular de horas extras a empleados de su administración departamental. Llegó a un acuerdo de proceso abreviado con el fiscal Federico Rodríguez, aceptando su responsabilidad por no denunciar estas irregularidades. El acuerdo incluyó una pena de 14 meses de prisión en régimen de libertad a prueba y dos horas semanales de trabajo comunitario durante cuatro meses, pero no contempló la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Los dirigentes locales del Frente Amplio se comunicaron con la presidencia nacional de la coalición para solicitar la intervención de la Corte Electoral. En diálogo con El País, el diputado artiguense Nicolás Lorenzo afirmó que este organismo debería determinar la suspensión de ciudadanía para Caram y su familia, lo que resultaría en su inhabilitación. «Que no puedan ni votar», enfatizó.
Para el FA, la situación es clara. La oposición sostiene que en estos casos se aplica el artículo 80 de la Constitución, que establece que la ciudadanía se suspende «por la condición de legalmente procesado en causa criminal que pueda resultar en pena de penitenciaría». También se suspende por penas que «impliquen destierro, prisión, penitenciaría o inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos durante el tiempo de la condena».
El diputado y constitucionalista Eduardo Lust apoyó esta interpretación, afirmando que «el escándalo de corrupción en Artigas por parte de Pablo Caram implica que se le suspende la ciudadanía». Lust añadió que la intendencia departamental debería iniciar un juicio civil contra Caram para resarcirse por los daños.
Consultado por El País, el ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena, indicó que la corporación «no tiene a consideración el tema» y que la Corte no puede actuar de oficio, sino que debe recibir una comunicación del Poder Judicial.
El senador Charles Carrera (MPP) opinó que, aunque Caram cumpla su pena en régimen de libertad a prueba, su ciudadanía debería estar suspendida durante el tiempo de la condena.
La Fiscalía General de la Nación explicó que el delito por el cual Caram fue imputado fue cometido contra la administración de justicia, lo que no implica inhabilitación como pena accesoria. Además, no corresponde la inhabilitación prevista en el artículo 81 del Código Penal, que se aplica para penas mayores a dos años de penitenciaría.
El Frente Amplio también está a la espera del fallo judicial sobre la exdiputada Valentina Dos Santos, quien renunció a su banca para asumir la titularidad de la intendencia en lugar de su tío, Caram, que planea postularse al Parlamento. Dos Santos firmará un acuerdo de proceso abreviado similar, ya que también está implicada en el caso.
Nicolás Lorenzo mencionó que una de las opciones consideradas es promover un juicio político para destituir a Dos Santos. Este martes también fueron condenados Rodolfo Caram, primo del intendente y secretario general de la comuna, y su pareja, una funcionaria municipal, por fraude.
Ambos recibieron una pena de 24 meses de prisión, que se sustituirá por tareas comunitarias. La mujer había sido beneficiaria del pago irregular de horas extras.
Varios dirigentes del FA criticaron que Caram y su familia no fueran automáticamente inhabilitados. El exsubsecretario de Economía, Pablo Ferreri, lo calificó como una «vergüenza injustificable». El asesor de Carolina Cosse sostuvo que «si la Justicia no les impide ocupar cargos públicos, debería hacerlo un mínimo de pudor y su propio partido».
El diputado Gustavo Olmos señaló que el acuerdo de Caram con el fiscal sustituyó una pena de 420 días de prisión por solo 26 horas de trabajo comunitario, lo que consideró más cercano a una absolución que a una condena.
El Movimiento de Participación Popular (MPP) recordó que el 18% de la población de Artigas vive en la pobreza, preguntándose cuántas personas habrían mejorado su calidad de vida si los US$ 8 millones gastados en horas extras entre 2020 y 2022 hubieran sido utilizados de manera justa y responsable.
Fuente : Crónicas del Este