El Tribunal de Cuentas ha emitido una observación significativa respecto al convenio celebrado entre la Intendencia de Artigas y la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, específicamente en relación con la planta de residuos. Este convenio, firmado durante la presidencia de Carlos Albisu en CTM y el ex intendente Pablo Caram condenado por la Justicia,, ha sido objeto de un detallado escrutinio.
Según el expediente N° 2022-17-1-0001661, el Tribunal de Cuentas ha cuestionado diversos aspectos del convenio, centrando su atención en la ejecución y cumplimiento de los procedimientos administrativos para la planta de residuos. La observación destaca la falta de transparencia en las adquisiciones y la justificación insuficiente de algunas compras realizadas bajo este acuerdo.
Detalles de la Observación
El tribunal ha señalado que las adquisiciones relacionadas con la planta de residuos no cumplen con los estándares requeridos para asegurar un uso eficiente y transparente de los recursos públicos. Entre las irregularidades mencionadas, se encuentran:
Falta de Justificación en Adquisiciones: Muchas de las compras realizadas no cuentan con una justificación clara ni con una descripción detallada, lo que dificulta la evaluación de su necesidad y pertinencia.
Procedimientos Administrativos Inadecuados: Las adquisiciones no siguieron los procedimientos administrativos adecuados, lo que sugiere posibles irregularidades en el proceso de licitación y compra.
Transparencia en el Uso de Fondos: La gestión de los fondos públicos destinados a la planta de residuos ha sido cuestionada, sugiriendo que algunos bienes y servicios adquiridos podrían no haber sido prioritarios o necesarios.
Investigación sobre Designaciones
Además de las observaciones sobre el convenio, se investiga respecto a la designación de Gerardo Sanchis en CTM Salto Grande. Sanchis, un funcionario que fue cesado de la Intendencia de Artigas, ahora ocupa un puesto en CTM, lo cual ha levantado sospechas sobre la legalidad y ética de su nombramiento.
Repercusiones Políticas
La situación ha generado un amplio debate en la esfera política local. La comunidad y las autoridades esperan una resolución clara y transparente para mantener la confianza en las instituciones públicas y asegurar que se cumplan los principios de legalidad y ética en todas las contrataciones y convenios.
Fuente : Crónicas del Este