Dos policías fueron condenados en las últimas horas por reiterados delitos de estafa ya que falsificaban trámites requeridos para conceder habilitación y porte de armas de fuego.
Los hechos fueron denunciados hace al menos dos años y requirieron de una extensa y minuciosa investigación que llevó adelante el fiscal de 1º Turno de Salto, Augusto Martinicorena, que tomó más de 100 declaraciones a testigos y presuntos damnificados por este caso, además de pedir pericias y otros elementos de prueba para esta causa.
Se trataba de dos funcionarios policiales, un hombre y una mujer, a cargo de entregar los títulos para tenencia y habilitación de armas (THATA), donde una funcionaria policial usurpaba el título de psicóloga para mediante el mecanismo de estafa, entregar las habilitaciones, tras el pago de un dinero, para portar armas a personas que podrían verse perjudicados en la prueba psicológica y perder el examen que los habilitaba a llevar consigo un arma de fuego.
Para esto, contaba con la ayuda de otro funcionario policial, que a sabiendas de la situación, completaba los títulos de tenencia y habilitación del porte y tenencia, los cuales no pasaban por la rigurosidad necesaria que los mismos requieren.
Tras varios meses de investigación, el juez penal de 4ª Turno de Salto, Paulo Aguirre, condenó a una funcionaria policial por reiterados delitos de usurpación de título y por reiterados delitos de estafa, a la pena de 24 meses de cárcel, por lo cual ya está alojada en la Unidad 20 del INR de Salto.
Mientras tanto, el policía tenía en este caso, a juicio del magistrado, una participación tangencial en calidad de cómplice, por lo que fue condenado por dos delitos de estafa a la pena de 24 meses de prisión, con el beneficio de la libertad a prueba y una serie de medidas alternativas a la prisión.
Si bien la Justicia no lo decretó ni tampoco lo sugirió, se espera que la Policía de Salto tenga un trabajo más engorroso aún, de llevar adelante una serie de revisión de todos los permisos otorgados por estos funcionarios.
En este marco, el fiscal Augusto Martinicorena, tomó más de 100 declaraciones, realizó una serie de pericias, llevó adelante la incautación de teléfonos celulares, computadoras, y discos duros de computadoras de la Jefatura de Policía de Salto.
Para la Justicia, ahora este se trata de un caso cerrado.
