La Comisión de Constitución y Legislación de la cámara alta tiene como prioridad el proyecto de ley de modificación del Código Penal presentado por Cabildo Abierto.

POR FERNANDO GONZALEZ 

La posibilitad de habilitar la prisión domiciliara para reclusos mayores de 65 años sigue generando polémica. La Comisión de Constitución y Legislación de la cámara alta a pedido de la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, tiene como prioridad el proyecto de ley de modificación del Código Penal presentado por sus pares de Cabildo Abierto. El tema es que en esa franja se encuentran los militares que cumplen condena por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

El colectivo Memoria en Libertad, que nuclea a niñas, niños y adolescentes víctimas directas del terrorismo Estado, expresó su rechazo al proyecto de ley, ya que, de aprobarse, “ampliaría a unos 200 presos esa condición”, entre los que se encuentran “los militares que cumplen condena por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, todos ellos, mayores de 65 años”.

El colectivo agregó que estos “pobres viejitos”, como “alguna vez los han llamado, para generar lástima en la sociedad, son militares que cometieron delitos que incluyeron secuestro, persecución, violación, tortura, prisión, asesinato, allanamientos domiciliarios y robo de bebés”. “Ellos no tuvieron en cuenta ningún principio humanitario cuando cometieron estos crímenes aberrantes por los que están hoy juzgados»

En cuanto al argumento de la superpoblación carcelaria, el colectivo sostuvo que “se cae por su propio peso”, ya que al abarcar a unos 200 presos de un total de 13.402, representa 1,5%, por lo tanto, “no mejoraría el problema de fondo”. “El hacinamiento carcelario es un problema de larga data en el país, vinculado a las distintas políticas punitivas llevadas a cabo desde la década de los 90 por los sucesivos gobiernos”, indicaron.

Además, señalaron que es “preocupante” que el presidente Luis Lacalle Pou tenga agendada una reunión el 8 de noviembre con la escritora Mercedes Vigil, representante del Foro de Montevideo, “organización que busca la libertad de los militares condenados por delitos de lesa humanidad, mientras simultáneamente se presenta este proyecto en el Senado”. “Mientras tanto Crysol, organización que nuclea a los ex presos políticos, no ha recibido respuesta a su pedido de reunión y en Memoria en Libertad nunca se nos contestó el pedido de reunión solicitado en octubre de 2020 a la vicepresidenta Beatriz Argimón”, aseguraron.

El colectivo sostuvo que desde la coalición “se pretende legitimar socialmente, y a través de un discurso sensible y humanitario, la idea contenida en un proyecto que busca solucionar un problema de desamparo en una población en supuesta vulnerabilidad social, con un presidente que flecha la cancha para el lado de la impunidad y sólo escucha una versión de los hechos, dejando de lado la voz de las víctimas directas del terrorismo de Estado”.

Fuente : carasycaretas.com.uy

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