Los 75 militares procesados y condenados nos muestran que la impunidad como protección a los responsables de los crímenes de lesa humanidad se mantiene; mientras tanto el Terrorismo de Estado cometido por funcionarios del propio Estado dificulta la investigación. Y un dato revelador de la herencia que dejan las dictaduras: los hijos de presos políticos o de desaparecidos, educan a sus hijos para que no se comprometan en actividades políticas o gremiales para que no sufran lo mismo que sus abuelos.
Este martes 27 de junio se conmemoran los 50 años del Golpe de Estado, y por ello ha habido sesiones extraordinarias en el Parlamento; se realizaron actos, conferencias, exposiciones y reuniones que nos muestran la importancia de una fecha tan marcada de la vida del Uruguay, y en especial para los miles de uruguayos que sufrieron la represión, la persecución, la cárcel, la tortura, el exilio, la muerte…
Teniendo como fondo el aniversario de los 50 años del Golpe de Estado que se conmemora el próximo 27 de junio en nuestro país, EL ECO dialogó con el abogado e integrante del Observatorio Luz Ibarburu, Pablo Chargoñia.
Especialista en causas de crímenes de lesa humanidad, el doctor Chargoñia con sus palabras sustentadas en el derecho nacional e internacional, recordó al primer preso por violaciones a los derechos humanos luego de la dictadura, quien fuera participante en la decisión de la desaparición de Elena Quinteros. Se trata del ex canciller y ex senador del Partido Colorado, Juan Carlos Blanco. En la denuncia contra Blanco, también participó el doctor Pablo Chargoñia.
Pero esos logros no cambian la historia, de una Justicia que llega demorada, tardía, y que la biología hace que la impunidad para muchos haya sido definitiva. Muchos que cometieron crímenes de lesa humanidad murieron sin pagar por los delitos cometidos.
–Si usted mira hacia atrás y observa lo que fue el Golpe de Estado, ¿qué es lo primero que piensa?
-La dimensión que toma el Estado cuando se torna en una organización criminal. Porque el crimen cometido por el Estado, a diferencia de cuando lo hacen los particulares, trasciende el tiempo, las heridas se trasmiten de generación en generación, y se debe recordar que son crímenes cometidos desde el poder y con la impunidad de ello. Y cuando terminan las dictaduras, y América Latina es prueba de ello, suelen haber pactos o acuerdos que hacen que las renacidas democracias no puedan investigar y sancionar a los violadores de los derechos humanos. Y cuando se logra, la Justicia suele ser muy tardía, muy selectiva, inoportuna, por las demoras de aquellos acuerdos. Que pueden tener diversas formas: En Uruguay se llamó la Ley de Caducidad del año 1986, más otros elementos que implicaron la impunidad de los crímenes.
“El primer procesamiento fue delex senador Juan Carlos Blanco,por la desaparición de Elena Quinteros”
-Aún recordamos cuando el general Hugo Medina, como ministro de Defensa del primer gobierno del doctor Julio Ma. Sanguinetti, se quedó con las citaciones de la Justicia a determinados militares y las guardó en su caja fuerte hasta que se votó en el Parlamento la Ley de Caducidad.
-Sí, y tantas otras cosas. En el primer procesamiento que hubo, que fue contra el senador Juan Carlos Blanco, yo intervine en esa denuncia como abogado de la Tota Quinteros por la desaparición de la maestra Elena Quinteros (hija de la Tota).
Como decía, la denuncia se había presentado antes, contra una persona que no estaba amparada por la Ley de Caducidad, quien fue Canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco. No estaba protegido por la Ley de Caducidad, y esa denuncia la había presentado Mariano Arana y otros senadores del Frente Amplio en minoría, porque Juan Carlos Blanco era senador del Partido Colorado y se formó una comisión cuando se conoció la información de la actuación de Cancillería en la desaparición de Elena Quinteros. En ese momento aparecieron manuscritos de Cancillería, donde se evaluaba qué hacer con la persona en clara referencia a Elena Quinteros. En ese tiempo la mayoría decidió no sancionar al senador, pero la minoría integrada por los senadores frenteamplistas presentaron una denuncia penal, pero no tuvo ningún trámite hasta que nosotros reactivamos eso en el año 2000 o 2001. Quiero decir que esto es un claro ejemplo que indica que la impunidad iba más allá de la Ley de Caducidad.
-¿Por qué la denuncia no tuvo andamiento?
-Porque la fiscalía no investigó ni nunca fue citado el indagado. Debimos actuar nosotros con otra actitud y hubo cambios, porque después de la fiscal que no actuó apareció la fiscal Mirtha Guianze que comienza a tener un papel preponderante cuando empieza a investigar honestamente y se da el primer procesamiento de Juan Carlos Blanco en el año 2002.
“Hijos de presos políticos, me contaban que trataban de proteger a sus propios hijos para que no padecieran lo que vivieron sus abuelos”
-¿Qué cambios hubo en la sociedad uruguaya debido al Golpe de Estado?
-Yo creo que la obra de la dictadura, de la doctrina de seguridad nacional tuvo efectos perversos. Yo recuerdo que hijos de presos políticos me contaban que trataban de proteger a sus propios hijos para que no padecieran lo que vivieron sus abuelos. O sea que el daño se trasmite de generación en generación, y uno de los efectos aparentes, porque lo dicen las propias víctimas, fue el rechazo del compromiso político por los efectos negativos que pueda tener. Es decir, el temor que trasciende el propio hecho de la tortura y de la prisión de la década del setenta, que se trasmite de generación en generación. Es un daño del Terrorismo de Estado. Y ello es una muy mala cosa para la vida democrática.
-Pero lo lograron parcialmente, porque ahora las Marchas del Silencio de Familiares y las causas de delitos de lesa humanidad son apoyados por las nuevas generaciones.
-Sí, sí, es cierto. Una de las pocas causas masivas de este país tiene que ver con la resistencia a la dictadura y a la impunidad que se da cada 20 de mayo con la Marcha del Silencio, con una gran presencia de las generaciones jóvenes reclamando por “Nunca Más Terrorismo de Estado”.
“Continuaron actuando como si fueran comisarios políticos, lo que es absolutamente inaceptale en demcracia”
-¿Qué trascendencia tienen estos archivos que se conocieron la semana pasada?
-Forman parte de los archivos de los experimentos propios de lo que fue la dictadura en Uruguay. En nuestro país hay una población de bajo número, y todos los uruguayos fueron categorizados en función de su perfil político e ideológico por las agencias de inteligencia militar y policial. Por eso aparecen datos que se pueden considerar banales, que forman parte de la investigación de un Estado que se metía en cada una de las personas. Es notorio, además, que estos registros siguieron operando más allá de 1985, es más llegan hasta 2004. Lo que quiere decir que hubo aparatos de inteligencia militar – policial que nunca estuvieron controlados adecuadamente por el mando civil o el mando civil permitió que continuaran operando como si fueran comisarios políticos, lo que es absolutamente inaceptable en democracia.
-Pero, ¿por qué aparecieron ahora estos archivos?
-Eso es especulativo, y no me parece que sea fértil debatir acerca del por qué. Pero si creo que se debe poner el foco en el deber que tiene el Estado de hacer producir información de esos documentos, que sean útiles a la calidad democrática del país. ¿Qué quiero decir? Permitir que eso documentos sean estudiados por los cientistas, por los historiadores, la academia, que sean procesados y trabajados por el sistema de control penal para enriquecer los juicios penales con pruebas, y que sean mirados por la Institución estatal encargada de la investigación de las desapariciones forzadas que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Hay que tener claro que no se trata de una colección de documentos, sino que contribuyan a la memoria histórica, al avance de los juicios penales y a dar con el hallazgo de las víctimas desaparecidas. Esa tarea está faltando.
-¿Cuántas causas tiene el Observatorio Luz Ibarburu?
-Nosotros patrocinamos 60 denuncias penales que involucran a 300 víctimas.
-¿Y militares cuántos?
-Eso es muy difícil de identificar porque cada expediente implica indagar a militares, policías o civiles, y la calidad de indagado surge cada vez que hay algún elemento que le permite a la fiscalía sostener que podría tener una responsabilidad. Por lo tanto, es una lista abierta. De cualquier manera el Observatorio hace un trabajo de relevamiento de las personas enjuiciadas, y tenemos 55 procesados y/o condenados, y hubo 20 que han fallecido. Es el número de graves violaciones a los derechos humanos que están sometidos al juicio penal.
-No parecen demasiados…
-Es un número eximo si lo comparamos con la cantidad de funcionarios que deben haber operados en el marco del Terrorismo de Estado que actuó en nuestro país. Ésta es una dificultad, en este país o en cualquier otro, para responsabilizar penalmente cuando al crimen lo cometen funcionarios del Estado. De hecho, revisando algunos documentos que aparecieron del año 1985, hablan de que habría unos 300 violadores de derechos humanos identificados. ¿Y cómo eran identificados? Porque durante la dictadura y en su finalización, Ielsur, Serpaj, el Colegio de Abogados, exiliados, organizaciones de derechos humanos, identificaban a personas que habían violados los derechos humanos. Y si tenemos en cuenta de esos 300 a los 55 (más los 20 que fallecieron) hay un proceso de selección que es una de las perversidades del sistema de impunidad, porque se llega a la Justicia en forma tan tardía que por razones biológicas y políticas, la impunidad es definitiva, nunca fueron juzgados.
Antes los proyectos de Cabildo Abierto “eran más ambiciosos” para beneficiar a los militares
-En ese marco, ¿cuánto articula Cabildo Abierto en esta materia?
-Yo creo que el proyecto de Cabildo Abierto de prisión domiciliaria a militares de la dictadura, es una reacción de los avances, tímidos, pero avances al fin, de la Justicia. Porque no es el primer proyecto de Cabildo Abierto. Los anteriores fueron más ambiciosos, desde el punto de vista de la impunidad; pretendían el restablecimiento de la Ley de Caducidad o el restablecimiento de la prescripción para que se terminaran todos los debates y se archivaran los casos. A eso no lo lograron. Y eso indica que hay una tendencia jurisprudencial estimulante, interesante desde el punto de vista de los derechos humanos para no archivar estas causas e inclusive en los últimos fallos tuvimos condenas basadas en el derecho internacional, es decir una reflexión más avanzada. Hay jueces que siguen avanzando a pesar que el sistema judicial penal uruguayo tiene ciertos debates internos, pero las causas avanzan. Y ante ello, la única reacción posible que encuentra Cabildo Abierto es neutralizar la sanción que no pueden evitar a través de la prisión domiciliaria.
-¿Y cómo están las causas de Vladimir Roslik denunciada por María Cristina Zavalking y su hijo y la de Susana Zanonian?
-Están en la Suprema Corte de Justicia, muy demoradas. Y uno advierte que a pesar del valioso trabajo de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, lo cierto es que es la única a nivel nacional. Y tiene que ir a juicios sucesivos. Pero ese juicio en Fray Bentos con esas causas ocurrirá, hay muchos imputados, y uno aspira que haya un juicio oral y público, y de acuerdo a mi opinión, va ser muy importante para describir el fenómeno del Terrorismo de Estado en las ciudades del interior.
Fuente : elecodigital.com.uy