Sorprendente, aunque no tanto: Gerardo Sanchis, el exasesor municipal que fue destituido por el Intendente de Artigas, Pablo Caram, en agosto de 2018, ha vuelto a estar en el centro de atención debido a su controvertido nombramiento en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM).
Este nuevo capítulo de su historia plantea preguntas sobre ética, transparencia y el manejo de los recursos públicos.
El 1 de agosto de 2018, el Intendente Caram anunció en una conferencia de prensa la destitución de Gerardo Sanchis de su puesto como responsable del área de maquinarias en Talleres Municipales. La noticia fue acompañada por el inicio de una investigación administrativa y la cancelación de una licitación, marcando lo que se consideró una salida por la «puerta de atrás» de la Intendencia de Artigas.
Sin embargo, la historia de Sanchis no terminó allí.
Recientemente, su nombre surgió en el escandaloso contexto de la CTM, donde el ex presidente Carlos Albisu se encontraba en el ojo del huracán por acomodar descaradamente a dirigentes políticos en puestos clave. Sorprendentemente, el nombre de Gerardo Sanchis figura en la lista de los «puestos a dedo» en esta comisión binacional, ostentando el título de Administrativo Principal de Desarrollo Regional y un salario mensual de 83.487 pesos.
El asombro y la indignación se han apoderado de la opinión pública ante este giro inesperado de los acontecimientos. ¿Cómo es posible que un asesor despedido por un Intendente sea contratado posteriormente por una entidad binacional? Esta pregunta ha llevado a muchos a exigir una revisión exhaustiva de todos los contratos y una rendición de cuentas por parte de aquellos responsables de esta controvertida designación.
En medio de este escándalo, el Canciller Francisco Bustillo se encuentra en el centro de las críticas. Como figura clave en la CTM y con responsabilidades en la supervisión de nombramientos, se le señala como uno de los primeros en responder por las irregularidades que han salido a la luz.
Los llamados a investigar y sancionar las presuntas responsabilidades políticas no han cesado.
Este episodio ha dejado al descubierto la necesidad urgente de una mayor transparencia en el proceso de selección y contratación de funcionarios en organismos gubernamentales y binacionales.
Fuente : cronicasdeleste.com.uy