La iniciativa del Poder Ejecutivo habilita a las salas de juego presenciales para brindar esa opción en el territorio nacional
28.07.2022 | tiempo de lectura: 2 minutos
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La Comisión de Hacienda del Senado recibe este jueves a una delegación del Ministerio de Economía, con el objetivo de terminar de definir los ajustes a la iniciativa para aprobarla en agosto y pasarla al pleno de la cámara alta.
Mediante este proyecto, se faculta, a través de la Dirección General de Casinos, la explotación del juego on line, al tiempo que se autoriza dicha modalidad de juego a aquellos que previamente hubiesen obtenido la concesión o permiso de explotarlo en forma presencial.
El proyecto ingresó al ámbito legislativo en diciembre de 2021 y han desfilado por la comisión delegaciones de funcionarios de casinos, operadores privados y representantes de organismos públicos vinculados a la administración de los juegos de azar.
El senador Jorge Gandini (PN) dijo a Informativo Uruguay que el avance de la tecnología ha hecho imposible controlar la presencia de plataformas de juego on line internacionales, “de la misma forma que se ha fracasado en el intento de controlar las máquinas tragamonedas en bares o kioscos en cualquier ciudad del país”, indicó.
A partir de esta modificación normativa, se les concede la habilitación a los casinos privados y para jugadores que se encuentren en el territorio nacional. “Será las propias salas las que se encargarán de combatir el juego ilegal en plataformas extranjeras”, subrayó. Además, indicó que con el juego habilitado, “el Estado cobrará un canon por esa actividad”.
El legislador indicó que los agentes y expertos del sector de juegos de azar que concurrieron a la comisión, coincidieron en señalar que el juego online “le saca una porción del mercado al casino presencial”, pero entre ambos, “terminan haciendo crecer el mercado de juego”.
La normativa vigente sostiene una política de Estado según la cual el juego oneroso abierto al público implica un vicio social, en donde la sociedad, a través del poder público, debe estar presente con un fuerte contenido regulador de la actividad. Por tanto, se entiende que la nueva legislación propuesta debe incluir mecanismos de control, fiscalización y regulación como competencia del Estado en la materia.
Según un informe del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), en Uruguay más del 1% de la población (unas 30.000 personas) “sufren de ludopatía”, mientras que unas 60.000 personas “padecen del llamado juego problemático”.
Foto: Ricardo Antúnez / Adhocfotos
fuente : mediospublicos.uy
