Pasan los días y seguimos avanzando en el análisis del Proyecto de Rendición de Cuentas enviado por el gobierno. Así como hemos señalado que hay nada de presupuesto para la educación, ni tampoco para ámbitos de desarrollo fundamental en el interior del país, una vez más la sorpresa que nos arroja esta rendición de cuentas es que de la promesa inicial de las 50.000 viviendas pasamos a no encontrar los recursos para otorgar siquiera la quinta parte de esa cifra, y para colmo de males, escándalos de corrupción que salpicaron a la propia exministra.
Y acá cabe recordar, en especial para los que sí recorremos el territorio y estamos en contacto con la gente del Departamento todas las semanas, es que no hay ilusión y necesidad más grande que tienen muchas familias uruguayas que el derecho a una vivienda propia. En especial, cuando se trata de familias con menores y/o personas adultas mayores quienes se ven más expuestos a que sus derechos se vean vulnerados por la falta de vivienda.
Y lo que nos encontramos en esta Rendición de Cuentas es que se continua con la política de recortes de recursos públicos para los programas de vivienda a través de las asignaciones presupuestales del FONAVI y sus ajustes legales en pos del abatimiento del déficit fiscal.
La política económica ha venido a pisar a la política social, y en especial en lo que refiere a la vivienda y en realidad se terminaron proyectado menos soluciones habitacionales dirigidas por la Agencia Nacional de Vivienda y en cambio lo que se hizo fue generar más oportunidades de negocio del sector privado con el fin de aumentar los recursos recortados.
Entonces, ¿A qué está jugando este gobierno con el derecho a la vivienda? Una vez más, la jugada es a que los privados puedan hacer su negocio, y en realidad la política pública de vivienda quede rezagada a soluciones de muy baja calidad o tan focalizada que lo que haga sea reforzar la segregación territorial.
Aquí no nos olvidamos de las cifras y son categóricas: Desde la llegada del herrerismo al poder se han recortado más de 600 millones de dólares en el gasto social, esto mientras el litoral del país aún sigue viviendo el efecto de la ausencia de políticas específicas para esta zona.
¿Con qué cara el gobierno puede mirar a las familias que no tienen ingresos por haber pedido el empleo y que cada vez ven más lejos el sueño de la casa propia? ¿Cuál es el plan del Estado Uruguayo de garantizar el derecho de acceso a una vivienda digna? Son interrogantes que tenemos desde nuestra fuerza política y que planteamos en la Comisión de Hacienda y Presupuesto ante esta insuficiente rendición de cuentas.
Y podemos seguir buscando y buscando, que en ninguna parte vamos a encontrar la promesa de construir 50.000 viviendas nuevas en el quinquenio. Nos hemos cansado de esperar la formula de esa promesa barata que se hizo en la campaña electoral y no hemos encontrado nada. Pan y Circo en un tema muy sensible como lo es la vivienda.
Lo cierto es que a contramano de lo que se venía prometiendo, hoy el presupuesto para vivienda sigue estando 6% debajo de lo que estaba en 2019, es decir, se prometieron más viviendas, al mismo tiempo que se fue asignando menor presupuesto al Ministerio.
Ni que hablar que el gobierno trata de distraernos con soluciones parche que no apuntan a cumplir con la promesa y el objetivo país de tender hacia “asentamientos cero”. Ni que hablar que uno de los actores más perjudicados por este tipo de política de vivienda son los trabajadores y en especial las cooperativas, que optan por modelos alternativos para conseguir su vivienda propia.
De Derecho a la Vivienda en este gobierno ni hablemos. En vez de construir una política de vivienda activa y que refuerce diversas soluciones para quienes no tienen este derecho garantido, lo que hace el gobierno es construir políticas en el aire, derrumbando los anhelos de tantas familias uruguayas.
Álvaro Lima
Diputado por Salto