“No emplear mis conocimientos médicos para violar los derechos humanos y las libertades ciudadanas, ni siquiera bajo amenaza”. (1)
El jueves 10 de marzo se conoció la solicitud del fiscal Ricardo Perciballe, de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, de “enjuiciamiento y prisión del Dr. Ricardo Alberto Revetria Invernizi, bajo la imputación, prima facie, de un delito continuado de abuso de autoridad contra los detenidos, un delito continuado de lesiones graves y estos en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de la privación de libertad, todos ellos en calidad de coautor” (2). El fiscal solicita además, mientras se resuelve lo antes peticionado, el cierre de fronteras para el acusado. Cuestión esta última a la que la justicia ya accedió.
Esta noticia impactó fuertemente en la sociedad salteña. Muchos pensábamos que las denuncias presentadas en 2011, sobre torturas en un establecimiento militar de Salto, habrían sido archivadas o que en el mejor de los casos “dormían” en algún cajón judicial. Pero, una “luz se encendió” y nuestras miradas se dirigieron hacia esos queridísimos viejos compañeros, que sufrieron las torturas y las denunciaron, constatando además que, lamentablemente, algunos de ellos ya no están para conocerla. ¿Será justicia?, nos preguntaba un periodista, haciendo referencia a que si demora tanto en llegar se pone en duda que lo sea. Y si, esa lentitud, por lo menos nos cuestiona a todos como sociedad. Pero en esa tardanza existen distintas responsabilidades. Tienen mucho que ver con ella los constructores de la impunidad y, obviamente, los que “saben” y no hablan, los que ocultan amparados vaya a saberse en que oscuros códigos.
El número de denunciantes en esta causa es del entorno de una decena de ciudadanos salteños. Ellos fueron detenidos y permanecieron presos varios años durante la dictadura. Sus “delitos”: pertenecer a y militar en el Partido Comunista de Uruguay (PCU) y en sus respectivos sindicatos o en la Unión de la Juventud Comunista (UJC). Torturados desde el primer día de detención, vivieron un tormento que se prolongó en el tiempo. Insultos, plantones, golpes, “picana eléctrica” y “submarino”, fueron las herramientas que sus captores utilizaron para producirles ese tormento. Dos médicos, según relato de las víctimas, participaron en ese “equipo” de torturadores como integrantes calificados, ya que por su formación profesional eran los que “asesoraban” respecto a si los detenidos podían o no seguir soportando más vejámenes. Uno de ellos ya falleció hace años, el otro es el de referencia en esta acción judicial. El lugar donde se constituyó este “infierno”: el Cuartel de Infantería número 7, ubicado en la ciudad de Salto.
¿Por qué un ser humano puede someter a otros a semejante humillación, producirle aberrantes castigos cuando no tienen posibilidad alguna de defenderse? ¿Qué motivaciones pueden tener para descender tanto en la escala animal? ¿Quiénes estaban -están- detrás de esos verdugos? ¿Cómo un médico, formado para salvar vidas, puede ser parte de eso?
Decíamos más arriba que algunos de los denunciantes ya no están. Es el caso de Ruben Márquez y Leonel Santana. Otro de ellos, Luis Batalla, está padeciendo una enfermedad que probablemente le impida enterarse de estos avances judiciales. Por eso no pudimos correr hacia él y decirle: “¿Don Luis, vio esto? La Justicia, lenta, pero viene”. A lo que seguramente me hubiera respondido, con esa sonrisita tan característica en él y con cierto desdén: “Y bueno, cada cosa en su lugar”.
Con los que si pudimos hablar fue con Mario Altamiranda y los hermanos Miguel y Ortilio “Tilo” Chácharo. El denominador común en sus respuestas fue la serenidad, la ausencia total de deseos de venganza, de rencor. Miguel adelantó rápidamente una pregunta: “¿Y los otros?”, en alusión a los demás torturadores. Le respondimos que la causa e investigación continúa. Él convive desde hace años con una gran dificultad para oír correctamente, recuerdo de habérsele aplicado el “teléfono” (golpe simultáneo en los oídos con las manos abiertas y muy fuerte). El autor de ese acto sigue libre aún, pero esperemos verlo imputado prontamente también.
Ortilio le dijo a Brecha que recibió el pedido de procesamiento con cierta amargura porque «los torturadores de Salto han estado libres todos estos años cruzándose frecuentemente con los torturados», pero con la expectativa de que las nuevas generaciones «puedan saber que aquí en Salto también se torturó en los cuarteles».(3)
Los que torturaron en el cuartel de Salto han permanecido libres todos estos años, este pedido de procesamiento es el primer pronunciamiento respecto a uno de estos personajes. Las víctimas de estos monstruos y del terrorismo de Estado siguieron sufriendo en el tiempo más allá de aquel momento, cargando con sus dolores, sobrellevando las consecuencias físicas y sicológicas. Pero a diferencia de aquellos, estos, los nuestros, han recibido el reconocimiento y el cariño de todos los que los conocen y comparten con ellos espacios de militancia y de participación. Resta que la Justicia siga avanzando y que las actuales generaciones conozcan más y mejor todo lo que pasó en aquellos oscuros años de nuestra historia reciente.
Daniel Dalmao, diputado por Salto, de la 1001, Unidad para los Cambios y el Frente Amplio
1.Del Juramento Hipocrático en la versión actualizada de la Declaración de Ginebra.
2.Poder Judicial, Decreto 108/2022 del 10 de marzo.
3.Semanario Brecha: “De túnica blanca”, 11/03/2022
fuente : elpopular.uy