Dentro de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que se buscan anular, hay 20 que tienen que ver con aspectos económicos, entre ellos hay algunos que afectan directamente a las empresas públicas y otros que lo hacen más indirectamente.
Este editorial pretende colocar algunos ejes conceptuales para contribuir a esa inmensa tarea de dialogar con tres millones para convencer a más de 1.200.000 uruguayas y uruguayos de que voten SI.
Las empresas públicas son afectadas de varias maneras por la LUC, pero hay algunos elementos comunes: achicar el Estado, desregular, desmontar las políticas sociales de las empresas públicas, reducir su peso en la economía nacional, privatizar sectores enteros de su actividad.
Para decirlo más claro, la LUC toda está inspirada y construida desde una visión neoliberal.
Quienes escribieron, votaron la LUC y defienden el NO para que siga vigente, piensan que el Estado deber ser reducido a su mínima expresión, que no debe tener una presencia productiva, mucho menos empresas públicas, y por supuesto, menos aún que estas deban tener en monopolio algunos servicios esenciales, claves para la soberanía nacional y para la calidad de vida de las personas.
Por eso lo que desearían es privatizar las empresas públicas y dejar todo librado el mercado. Eso es lo que buscan. Por eso en la redacción original de la LUC lo que se proponía era derogar el monopolio de la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y derivados del mismo para el Estado y para ANCAP; así como obligar a ANTEL a brindar su infraestructura, en particular su fibra óptica, a las trasnacionales que le compiten.
La discusión, la movilización y el rechazo de la mayoría de nuestra ciudadanía a una versión tan descarnada de la ideología neoliberal obligaron a derivar algunos de los objetivos a otras leyes o diferirlos en el tiempo, pero no han sido abandonados.
Hablemos brevemente de algunos de los golpes que reciben las empresas públicas en la LUC. El primero tiene que ver con la creación de la Regla Fiscal, artículos 207 a 212, que limita la asignación de recursos presupuestales a metas prestablecidas de desempeño. La Regla Fiscal es nefasta en cualquier circunstancia, porque somete todo el desempeño de las políticas públicas al equilibrio fiscal, al que nadie le resta importancia, pero es un desquicio tomarlo como única variante a ser considerada. Pero la Regla Fiscal se transforma en suicida cuando se la vota en medio de una pandemia y de una de las crisis económicas y sociales más grandes de los últimos tiempos. Cuando se multiplica la pobreza y miles tienen que recurrir a las ollas populares para comer. Cuando en el mundo entero los Estados, ya que como volvió a demostrar esta crisis no hay nada más cobarde y egoísta que el capital y los capitalistas, asumieron y siguen asumiendo paquetes enormes de incentivos y apoyos económicos, como única manera de sostener la economía y reactivarla con relativa rapidez.
Pues bien, mientras el mundo anda en esas, aquí la coalición de derecha en el gobierno considera urgente votar una Regla Fiscal y atarnos las manos, nosotros solos, por cumplir con un axioma ideológico. De ripley. Esta disposición de la LUC reduce los recursos para inversión, innovación y desarrollo de las empresas públicas y limita la capacidad de recuperación económica. Todo junto.
El artículo 285, trata de las Sociedades Anónimas de propiedad estatal, ese conjunto importante de empresas que realizan tareas vinculadas a los entes estatales, pero están regidas por el derecho privado. Esto permite que, para adquirir equipos, por ejemplo, de telecomunicaciones, donde se necesitan respuestas rápidas, los mecanismos de adquisición sean mucho más agiles, también especializar y diversificar funciones. Pues bien, este artículo obliga a que todas las Sociedades Anónimas con participación estatal abran su capital accionario a privados, de forma minoritaria, pero que puede llegar a 49%. Eso es privatización lisa y llana, de sectores productivos y proyectos muy importantes y atar de manos a las empresas públicas.
ANCAP recibe atención preferencial en la LUC en los artículos 235 a 237. Lo central en ellos, ante la imposibilidad de aprobar la soñada desmonopolización total, es avanzar en la desregulación del mercado de combustibles, fijando un nuevo mecanismo de precios, cuya referencia es calculada por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), es un supuesto teórico y un hipotético Precio de Paridad Internacional.
Hay que recordar que la propia ANCAP, con este directorio, cuestionó el mecanismo planteado por la URSEA y señaló: “adolece de vicios que la tornan ilegítima por cuanto la Metodología aprobada presenta una combinación de inexactitudes conceptuales, inconsistencias metodológicas y omisiones de información y de parámetros cuantitativos esenciales para una formulación metodológica de determinación de precios de paridad de importación”. Demoledor
Ese mecanismo ya se aplicó, el resultado es un fracaso estrepitoso. No solo no bajó los precios, los subió más que nunca. Más que los salarios, más que el IPC, más que el dólar, más que todo. Y como el malestar ciudadano ante tamaña barbaridad, que además estaba previsto fuera mensual, crecía a ojos vista, el gobierno se olvidó de toda la perorata sobre criterios técnicos, transparencia y criterios objetivos y decidió políticamente lo que le convenía para reducir daños hacia el referéndum. Claro, en febrero el afán recaudador, que prometieron no tener, pudo más y metieron otro tarifazo. Este mecanismo, habilitado por la LUC, tiene que ser desechado, es tan malo que no lo aplican a plenitud porque son conscientes del desastre.
ANTEL tiene en la LUC la Portabilidad Numérica. Un modelo de negocios añejo, del siglo pasado para las telecomunicaciones, que solo ha generado costos adicionales para ANTEL, que no va a mejorar los servicios, ni las inversiones, ni la cobertura, nada. Algo que nadie reclamaba salvo las empresas de telecomunicaciones que compiten con ANTEL. Lo aprobaron contra viento y marea, lo disfrazaron de libertad. Insólito. Los que recortan el derecho de manifestación y de huelga y fortalecen la represión, hablan de ser libres por tener un número de teléfono. La aplicación a las apuradas, también parcial, porque ni siquiera pudieron hacerla del todo, mostró otro fracaso. No le importa nadie. No hubo avalanchas de personas conmovidas gritando: “Ahora si soy libre, puedo mantener mi número de teléfono”. No, no pasó.
El problema es que a esto hay que agregar una gestión de ANTEL y ANCAP que recorta la inversión, que no apuesta a la innovación y la investigación, que reduce el personal y que tranca todos los proyectos de futuro que había en marcha. En ANTEL pasamos de estar entre los primeros del mundo en cobertura de fibra óptica y en 5G a trancar todo.
Pero además está esperando la Ley de Medios, que nuevamente pone en remate la infraestructura de ANTEL y están los intentos de desmantelamiento cotidianos y la campaña de demolición diaria, los ataques, las mentiras, repetidas como mantras revelados.
Las políticas para las empresas públicas contenidas en la LUC no tienen nada nuevo, son las mismas que siempre han propuesto los poderosos, privatizar, desregular y construir monopolios u oligopolios privados, si son extranjeros, mejor.
Que no nos mientan más, los fracasos con los precios de combustibles y la Portabilidad son evidentes.
Hay que construir un gran SI el 27 de marzo, para defender las empresas públicas. Las nuestras, las que son esenciales para un futuro de libertad y de igualdad, de democracia real.
Fuente : elpopular.uy