La Red de Centros Interdisciplinarios, representada legalmente por el Dr. Oscar López Goldaracena, presentó ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), una denuncia referida a la “vulneración de los derechos” de las personas con discapacidad que reciben tratamientos de rehabilitación en más de 130 centros de todo el país, a través de las Ayudas Extraordinarias del Banco de Previsión Social (BPS).
En virtud de sucesivos hechos que afectan el acceso a la rehabilitación de personas que reciben Ayudas Extraordinarias, La Red de Centros Interdisciplinarios decidió presentar una denuncia ante la INDDHH.
Según los denunciantes, “se han constado hechos imputables al Estado, y especialmente al BPS, que implican vulneraciones de derechos de las personas con discapacidad y derechos de niños y jóvenes con alteraciones específicas del desarrollo neuropsicológico, que comprometen sus posibilidades de integración en el sistema educativo formal o su integración social”.
En la denuncia, a la cual tuvo acceso LARED21, se expresa que estos hechos, “conspiran contra el derecho a recibir un tratamiento adecuado y eficiente para su rehabilitación” y, por otra parte, “atentan y vulneran los derechos y funciones de los centros de rehabilitación, en su contribución a la promoción de los derechos humanos de las personas vulnerables y de personas con discapacidad”.
En la actualidad, La Red nuclea a 130 centros que atienden a más de 15.000 beneficiarios del sistema al año y cuenta con centenares de trabajadores en el área técnica, administrativa, de servicios y dirección.
Denostación
La organización observa con preocupación una “creciente denostación de parte de las autoridades de BPS respecto al rol y permanencia de los Centros de Rehabilitación, muchos de los cuales brindan rehabilitación a personas con discapacidad y alteraciones del desarrollo desde hace más de 30 años, y ofrecen un servicio que ningún otro centro de salud o educativo brinda a la población con estas características, ni la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), ni el sistema mutual”.
El último hecho constatado por parte de los centros fue una nota recibida el 5 de agosto pasado de parte de BPS, a través de la cual el organismo “intima a retornar a la presencialidad a todas las personas que reciben Ayudas Extraordinarias para sus tratamientos, sin contemplar casos de riesgo, y disponiendo la suspensión de las ayudas a quien no lo cumpla a partir del próximo 16 de agosto”.
Los denunciantes aguardan que la INDDHH comience de inmediato con la investigación correspondiente, que permita establecer si efectivamente las acciones del BPS se pueden considerar “violatorias de los derechos humanos de estas personas que reciben Ayudas Extraordinarias para sus tratamientos de rehabilitación”.
fuente : lr21.com.uy