Un grupo de personas que se han postulado en diversas oportunidades a llamados en la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) denunciaron ante el Parlamento que han constatado de manera recurrente una falta total de transparencia en los diferentes procesos de selección, y con ello la existencia de un sistema arbitrario y poco transparente por la carencia de garantías y formalidades necesarias en un ámbito público.
La denuncia fue presentada a través de una misiva ante la Comisión Educación y Cultura del Senado. Quienes suscriben la nota aseguran que han participado en 32 llamados o concursos, lo cual -aclaran- no significa que hayan sido los únicos que pudieron ser perjudicados, sino quienes lograron comunicarse y se organizaron para realizar el planteo.
Denuncian que se han postulado a llamados de UTEC y han constatado de manera recurrente “una falta total de transparencia en los diferentes procesos de selección y con ello la existencia de un sistema arbitrario y poco transparente por la carencia de garantías y formalidades necesarias en un ámbito público”.
Indican que han recurrido al Parlamento debido a la “ineficiencia de los procesos administrativos interpuestos (recusaciones por ejemplo), los cuales no sólo han ratificado el parecer de los tribunales de manera recurrente en todos los casos, sino que además han ignorado atender los planteos de irregularidades de los procesos y del sistema en su conjunto”.
Aseguran que todos los que cumplen con los requisitos de las bases “deberían tener las garantías y las mismas oportunidades de acceder al cargo o puesto que se pone a disposición durante el proceso de concurso o llamado público”.
A los candidatos presentados en la mayoría de los casos se los rankea en general según tres etapas: “Estudio de Méritos (mínimo 20 puntos y máximo de 40 puntos), formación académica, conocimientos, residencia y experiencia requeridos. Evaluación Técnica (mínimo 25 puntos y máximo de 45 puntos), entrevista para evaluar: temas generales vinculados al área, motivos de postulación, conocimiento de la institución, experiencia docente, entre otros. Evaluación Psicolaboral (mínimo 9 puntos y máximo 15 puntos), evaluación psicolaboral y entrevista con psicólogo”.
Detallan que para aprobar el concurso e integrar el orden de prelación, el o la candidata deberá alcanzar al menos 60 puntos como resultado de todas las etapas del llamado. “Los aspirantes que no alcancen el puntaje mínimo en cualquiera de las tres etapas previstas por el presente llamado quedan eliminados del mismo”.
“Este sistema que como grupo denominamos ‘20 – 20 – 45’ (formación, experiencia y entrevista respectivamente) carece completamente de las mínimas garantías de transparencia necesarias en un proceso de llamado o concurso público”, aseguran.
Irregularidades
Dentro de las irregularidades que han constatado destacan las siguientes: “En la etapa de entrevista que varía entre 25 y 45 puntos), que consiste en la entrevista, el tribunal que realiza la entrevista otorga un puntaje a cada postulante sin que se especifique qué elementos fueron tomados en cuenta. El máximo de 45 puntos de entrevista es una puerta abierta a la discrecionalidad y subjetividad. Un puntaje tan alto a esta instancia es uno de los principales elementos que entendemos instala una práctica discrecional y no justa para con los aspirantes, lo cual es inaceptable en un concurso o llamado público”.
Denuncian, asimismo, que los tribunales mayoritariamente son internos, seleccionados o propuestos por los coordinadores o jefes inmediatos, lo cual además de “endogámico, permite el armado de tribunales a medida de ciertos concursantes o aspirantes”.
En relación a los tribunales los participantes “no tienen posibilidad de designar un representante, ni siquiera un veedor”.
Aseguran que otro problema de los tribunales se relaciona con el hecho de quienes integran el tribunal “no tienen por qué tener título igual o superior a los concursantes”.
La ausencia de la oposición es otra dificultad significativa, la cual ni siquiera es tomada en cuenta. “En algunos casos se solicita una propuesta metodológica a los docentes. Dicha solicitud no sólo no es una instancia de oposición, sino que no hay ninguna obligación de que el tribunal tome en cuenta dicho documento para valorar la entrevista”.
Los resultados de las diferentes etapas y encuentros de trabajo de los tribunales “no son recusables ni accesibles a los concursantes, lo cual compromete la posibilidad de hacer ajustes durante el proceso del llamado o concurso”. Las sucesivas solicitudes de información de los aspirantes muchas veces son “automáticas o en su defecto escuetas y sin acceso a la documentación del expediente del llamado o concurso”.
La categoría formación equivalente “carece de una instancia o criterio de valoración adecuado de dicha equivalencia lo cual ha permitido que personas sin título de grado accedan a cargos que tienen como requisito formación de doctorado por ejemplo”, expresan en la denuncia.
Es común, además, que los integrantes del CDC “participen de los llamados de mayor jerarquía”. Por ello, entienden que este procedimiento “no corresponde desde el momento que dichos consejeros son designados políticamente”.
Denuncian también que “algunos concursos han sido dejados sin efecto injustificadamente incluso luego de haber realizado la etapa dos de entrevistas”. Indican que ello, además de ser poco serio, “representa una pérdida de tiempo a quienes se postulan y los desalienta a presentarse en futuros concursos”.
Existen casos en los cuales personas “ganan los llamados y en forma injustificada se los desvincula en un corto plazo sin una justificación fundada, ni instancia que permita dar cuenta de su capacidad de trabajo”.
Los concursos para docentes o personal técnico, administrativo o de servicio en instituciones públicas “deben garantizar que los candidatos mejor formados sean seleccionados, y si no logran hacerlo deben ser revisados”.
El grupo de personas entiende que el sistema de UTEC “carece de las mínimas garantías necesarias para un proceso de selección en instituciones públicas”.
Fuente : lr21.com.uy