Stéfano Di Conza, el diplomático uruguayo que estuvo involucrado en el caso de los pasaportes otorgados a ciudadanos rusos, por el que llegó a estar preso y salió bajo fianza, retornó a cumplir funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Di Conza, que cumplió funciones en el Consulado de Uruguay en Moscú entre 2013 y 2018, caso por el que estuvo preso y salió luego de pagar una fianza de U$S25.000, retornó al Ministerio de Relaciones Exteriores, desempeñándose en el Instituto Artigas de Servicio Exterior (IASE), de acuerdo a lo informado por La Diaria.
El diplomático estuvo involucrado -según denunciaran el escribano Álvaro Fernández y el ciudadano ruso Alexey Slivaev- en el caso de los pasaportes rusos, que tuviera como uno de sus mediadores al exjefe de la seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, que hoy cumple una pena de prisión.
De acuerdo a lo consignado por La Diaria con base en fuentes de la cartera, Di Conza se reincorporó hace pocos días al IASE como funcionario, tras haber estado suspendido durante seis meses. De todas maneras, de acuerdo a las fuentes citadas, continúa en trámite un sumario.
El IASE tiene a su cargo la “formación” de los funcionarios que ingresan a la carrera diplomática, como también la “especialización y perfeccionamiento” de los funcionarios del Servicio Exterior, y de los que “sin integrarlo, pueden ser destinados a prestar funciones en el exterior, de conformidad con las normas legales vigentes”.
Di Conza había sido señalado como uno de los que “facilitaba la ciudadanía” a ciudadanos rusos. El diplomático negó los cargos y dijo que excedía su responsabilidad verificar la autenticidad del documento que emitía.
Sin embargo, en noviembre del año pasado fue imputado por 14 delitos de fraude con 14 delitos de suposición de estado civil por la falsificación de pasaportes. Apeló la sentencia de primera instancia del juez Fernando Islas, que implicaba que debía ir a la cárcel de forma preventiva, pero no tuvo éxito. Fue el primer funcionario público imputado por la causa que relaciona a Astesiano con la red criminal.
El 3 de febrero fue liberado tras pagar una fianza de 25.000 dólares, que en principio era de 50.000 dólares, pero tras una negociación entre su familia y la primera fiscal del caso, Gabriela Fossati, se llegó a esa cifra final.
Fossati había indicado que Di Conza era responsable porque su firma figura en los expedientes que se usaron en la embajada uruguaya en Rusia para emitir documentación, que finalmente fue adulterada. Durante la audiencia de formalización la fiscal le dijo al cónsul que, “en el mejor de los casos, benefició a terceros por no tomarse la molestia de cumplir con su trabajo”. Di Conza respondió que su tarea se limitaba a chequear desde el punto de vista formal que la documentación cuente con los sellos correspondientes.
Según el informe de La Diaria, la Justicia dictó que fije domicilio y decidió que prosiga su prohibición de salir del país hasta que se archive el caso.
Imagen: adhocFOTOS/Nicolás Celaya | Fuente: UyPress
saltograndeextra.com