Sergio Secinaro
En un escenario que plantea interrogantes sobre la ética y la transparencia en la gestión gubernamental de Paysandú, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) se encuentra en el centro de la polémica. La posibilidad de que los directores departamentales del MIDES de Paysandú consideren postularse a cargos electivos mientras desempeñan sus funciones ha generado inquietudes sobre los límites entre la función pública y la participación política. Se hizo la consulta sobre ese tema.
La respuesta oficial del MIDES, proporcionada por la Dirección de Divisiones Jurídicas y Notariales, sugiere que la viabilidad de la postulación de los directores departamentales debe ser evaluada caso por caso mediante «un estudio detallado de la normativa aplicada a cada caso concreto». Se destaca que la ley de acceso a la información no impone a los organismos la obligación de crear información que no posean al momento de la solicitud.
Las responsabilidades de los directores departamentales incluyen la representación del Ministerio en el territorio, la coordinación de oficinas territoriales y la promoción de la articulación de políticas sociales a nivel local. Sin embargo, surge la interrogante sobre si estas funciones son compatibles con aspiraciones políticas y la participación activa en campañas electorales.
El Dr. Federico Álvarez Petraglia, quien formó parte del gobierno anterior, critica la respuesta del MIDES y resalta que, más allá de la cuestión legal, la situación plantea problemas éticos significativos. Advierte que es «muy grave» que la ciudadanía no pueda distinguir si un funcionario está cumpliendo con sus responsabilidades del MIDES o si está actuando como candidato a un cargo político.
Álvarez Petraglia enfatiza la necesidad de principios éticos sólidos que guíen a los funcionarios públicos y sugiere que, ante la falta de claridad, los directores deberían considerar renunciar si desean involucrarse en la política. Destaca que la confusión entre roles puede comprometer la integridad del proceso de entrega de ayuda a la población más necesitada y socavar la confianza en las instituciones.
La situación se agrava al observar intervenciones en la ciudad que buscan posicionar a algunos directores departamentales como potenciales candidatos electorales. Estos intentos de promoción política plantean interrogantes sobre la integridad del proceso y la necesidad de mantener la imparcialidad en la gestión pública, especialmente en sectores sensibles como el desarrollo social.
La controversia subraya la importancia de establecer límites éticos claros en la participación política de los funcionarios gubernamentales, especialmente aquellos involucrados en programas sociales de alta sensibilidad. La ciudadanía merece una administración transparente, libre de conflictos de interés y comprometida con el bienestar de la comunidad.
Fuente : Crónicas del Este