Uruguay atraviesa uno de los momentos más complejos en términos económicos para las familias trabajadoras. Los precios suben, los salarios no alcanzan y el costo de la canasta básica parece alejarse cada vez más de la realidad cotidiana de miles de compatriotas. La carestía de la vida no es solo una cifra en las estadísticas, es una realidad palpable para aquellos que llegan a fin de mes con dificultades, que deben ajustar sus gastos en alimentos, medicamentos y servicios esenciales. Las familias enfrentan una situación de desesperación que no podemos ignorar. Mientras el país se recupera de los impactos de la pandemia, muchos hogares siguen luchando por poner comida en la mesa.

Los jubilados y pensionistas, uno de los sectores más afectados por esta realidad, viven esta situación con mayor crudeza. Con ingresos fijos que muchas veces no alcanzan a cubrir los gastos mensuales, enfrentan una incertidumbre constante sobre cómo sobrevivir en un contexto de aumento de precios. Las subas en tarifas de servicios básicos, alimentos y medicamentos golpean especialmente a quienes dependen de una jubilación o pensión que apenas cubre sus necesidades más urgentes.

A este escenario se suma un agravante importante: la falta de empleo en el litoral del país, particularmente afectado por la diferencia cambiaria con Argentina. La poca o nula atención que el gobierno ha dado al desarrollo de políticas de frontera ha dejado a muchas familias en una situación desesperante. El comercio y la industria en esa zona se han visto gravemente perjudicados, con pérdidas de empleo que agravan aún más la situación económica de los hogares. Sin una política seria que contemple la realidad de quienes viven en la frontera, la desigualdad seguirá profundizándose y las oportunidades laborales, especialmente para los sectores más vulnerables, seguirán siendo escasas.

En este contexto, en el Parlamento presentamos un proyecto de partida anual complementaria para jubilados y pensionistas, que busca ofrecer un respiro económico a aquellos que más lo necesitan. Este proyecto, actualmente en trámite en el Parlamento, propone una partida adicional que se abonaría en la segunda quincena de diciembre a todas las personas que perciben jubilaciones o pensiones a través del Banco de Previsión Social (BPS), la Caja Policial o la Caja Militar. La idea es que, en un mes particularmente sensible para los hogares uruguayos, se destine una suma de dinero que representaría aproximadamente el 50% de la jubilación o pensión habitual, y que ayudará a las familias a afrontar los gastos adicionales de fin de año.

Este apoyo económico no solo busca paliar la angustia de los jubilados y pensionistas que, con sus ingresos fijos, ven cómo el costo de vida los asfixia; también responde a una necesidad estructural de redistribuir recursos hacia los sectores más vulnerables, aquellos que no tienen la capacidad de generar más ingresos ante la escalada de precios. La iniciativa establece un tope de ingresos, ligado a la media canasta básica, para asegurar que esta pasividad anual complementaria beneficie a quienes más lo necesitan.

Esta propuesta no es un capricho, es una necesidad imperante. No podemos permitir que nuestros mayores, quienes han trabajado toda su vida y contribuido a la construcción del país que hoy disfrutamos, vivan sus últimos años con el temor de no poder afrontar sus necesidades básicas. El costo de la vida no deja margen para demoras. Debemos actuar ya, brindando soluciones concretas a quienes están más expuestos a la crisis económica. Este proyecto es una respuesta concreta a una realidad urgente, un paso hacia la justicia social que tanto necesitamos en Uruguay.

Además, es esencial que el próximo gobierno del Frente Amplio empiece a atender la problemática de la frontera con Argentina. Desde el nivel nacional no se puede seguir ignorando la situación del litoral, donde miles de personas están perdiendo sus empleos por una falta de políticas adecuadas. Necesitamos generar oportunidades laborales en esas zonas y apoyar a los sectores más golpeados por la diferencia cambiaria. Mientras tanto, esta partida complementaria será un respiro necesario para quienes más lo necesitan, contribuyendo a aliviar el impacto de la crisis económica en nuestros jubilados y pensionistas.

Estamos convencidos de que con este esfuerzo, sumado a otras políticas redistributivas, podemos aliviar la carga que pesa sobre los jubilados y pensionistas y, de esa forma, contribuir a un país más equitativo.

Álvaro Lima – Diputado de Salto

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