Los artículos 147 a 150 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas borran de un plumazo más del 40% de las adjudicaciones a radios comunitarias, lo que significa una grave violación a la libertad de expresión y el derecho a la comunicación e información de la sociedad uruguaya.
El viernes 30 de julio AMARC fue recibida por la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados, en la que fundamentó porqué se debían eliminar los 4 artículos de la Rendición de Cuentas.
La ley de radiodifusión comunitaria, 18.232, prevee dos modalidades de adjudicación, una de uso exclusivo de frecuencias y otra de uso compartido.
En este último la adjudicación de la frecuencia se realiza al MEC, quien las administra, asignándolas por un año a las organizaciones o grupos de personas que cumplan con los requisitos.
Estas adjudicaciones son renovables en forma anual. Los artículos de la Rendición de Cuentas quitan la potestad al MEC para la administración de estas frecuencias, organismo que tiene entre sus cometidos “la promoción del desarrollo cultural del país, de la preservación del patrimonio artístico, histórico y cultural de la nación y de la promoción y fortalecimiento de la vigencia de los derechos humanos”.
La Rendición de Cuentas establece que las radios que emiten actualmente en la modalidad de frecuencias compartidas, lo hagan por dos años y dispone el cierre de las mismas luego de transcurrido ese tiempo.
Esto cercena particularmente el derecho de la población del interior del país, donde se encuentra el 90% de las radios con frecuencias compartidas.
Borra de un plumazo a radios que tienen 20 años transmitiendo, y que por la realidad de sus comunidades no es posible sostener las exigencias de una personería jurídica o el uso completo de una frecuencia, y que en la práctica, cumplen un rol fundamental para su población, siendo en muchos casos la única radio que tienen.
La agresión por parte del gobierno hacia el sector de radiodifusión comunitaria no es un hecho aislado
El 23 de noviembre de 2020 el Director Nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, realizó una serie de declaraciones al periódico El Telégrafo de Paysandú atacando a las Radios Comunitarias, y mostrando un desconocimiento absoluto de la legislación vigente y del sector comunitario.
Este hecho fue denunciado por AMARC ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que se expidió recientemente.
En los descargos el Director Nacional de Telecomunciaciones pide disculpas y adujo que fue mal interpretado por el periodista de El Telégrafo.
Desde AMARC vemos con preocupación los dichos y que más allá de las disculpas, las políticas llevadas adelante por el gobierno efectivamente indican un claro desprecio por el sector comunitario de comunicaciones, basado en un desconocimiento del mismo.
Como si fuera poco, luego de disculparse, Acosta y Lara vuelve a cargar contra las radios comunitarias en un artículo publicado en Búsqueda el 5 de agosto en el cual dice: “… desde hace tiempo Dinatel está en conocimiento de que muchas radios comunitarias no cumplen con la legislación vigente y se encuentran en situación irregular …”, y que la idea “… para que las radios se pongan al día, es darle un ultimo changûi …”.
Estas expresiones intentan amedrentar al sector, por lo que son rechazadas absolutamente por AMARC Uruguay por infundadas y porque no se requiere ningún changüí, sino procesos claros y transparentes en la administración de todas las frecuencias.
La Dinatel en lugar de hablar en forma genérica en contra de un sector de la comunicación, generando un grave daño al mismo, debería abocarse a seguir los procedimientos, y si tiene conocimiento de radios que están incumpliendo la normativa, en primera instancia comunicarle a las mismas, para que puedan hacer sus descargos.
Entendemos que el derecho a la comunicación y la libertad de expresión no pueden ser manejados con otorgamientos de changüís o premios de los gobiernos de turno, como mencionó Acosta y Lara, sino con políticas claras y transparentes, que garanticen el debido proceso en la concesión de un bien finito como son las frecuencias radio eléctricas, donde los estados son solo administradores de las mismas y no sus dueños.
En el marco de ataque al sector también manifestamos nuestra preocupación como el proyecto de ley en estudio en el Parlamento para modificar la Ley de Medios vigente.
Este proyecto elimina la CHASCA, único espacio con participación social, que entre otros cometidos, tiene el de emitir opinión en las adjudicaciones de frecuencias, lo que ofrece más capacidades de evaluación, garantías y transparencia en procesos tan importantes como las adjudicaciones de frecuencias.
Este proyecto además promueve la concentración de los medios de comunicación, generando un desequilibrio en el sistema de medios, lo que afecta no solo a los medios comunitarios, sino la libertad de expresión y el derecho a la comunicación e información de toda la sociedad.
Por AMARC URUGUAY Miguel Dell Acqua, Mesa Nacional de AMARC – 099 934 137
Alexis Espíndola, representante de AMARC en la CHASCA – 095 511 089
fuente : elecodigital.com.uy