Caras y Caretas había dado a conocer esta información el pasado 30 de agosto de 2020.
POR VÍCTOR CARRATO 11 SEPTIEMBRE, 2021 FACEBOOKTWITTERWHATSAPPTELEGRAMPRINTFRIENDLYGMAILCOMPARTIR
El 14 de abril de 2020 el diputado Gerardo Núñez elevó un pedido de informes al Ministerio del Interior, solicitando “tomar conocimiento acerca del personal asignado a un servicio tan relevante como es el Servicio de Seguridad Presidencial (SSP) y en el entendido que la información solicitada resulta relevante para la labor parlamentaria”.https://3bca2fcbda95915826abc80a6e0a9a8d.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html
Pasados los plazos de 45 días hábiles para remitir los datos e informes solicitados por los legisladores y la prórroga reglamentaria de un plazo de 30 días hábiles, no hubo respuesta alguna. Al 9 de setiembre el pedido de informes aún no tiene respuesta.
Caras y Caretas había dado a conocer esta información el pasado 30 de agosto de 2020 incluyendo las anotaciones que Alejando Astesiano registra con delitos que van desde hurto y estafa a daños.
Ningún otro medio se hizo eco de la noticia.
Según datos llegados a Caras y Caretas, Astesiano habría sido removido de su función en la actualidad.
El reglamento
El reglamento del SSP está regido por el decreto Nº 16/006 de 16/01/2006, artículo 1.
El Servicio de Seguridad Presidencial es una dependencia de la Presidencia de la República, subordinada directamente a la Prosecretaría de la Presidencia, es decir, al Dr. Rodrigo Ferré en la actualidad.
“El personal asignado al Servicio de Seguridad Presidencial podrá tener estado policial o ser de carácter civil. En uno y otro caso, sus integrantes serán designados directamente por el presidente de la República, debiendo reunir en todos los casos las condiciones que se establezcan para el desempeño de esa función”.
Jefe indagado
Según información llegada a Caras y Caretas, el jefe del SSP era Alejando Andrés Astesiano Severgnini, de 48 años de edad, uruguayo, casado, con fecha de nacimiento 24 de julio de 1971. Su cargo de jefe del SSP lo muestra su tarjeta cuya copia publicamos adjunta.
De acuerdo a las informaciones llegadas a este medio, Astesiano habría sido procesado por estafa fuera de la reiteración real con dos delitos descritos en los literales A, C y E del artículo 58 del decreto ley 14.412 sin prisión. Esto data del 18 de abril de 2002.
El 30 de mayo de 2002, habría sido indagado por hurto, por parte de la Comisaría 6ª de Montevideo.
El 18 de febrero de 2003, fue indagado por el Área de Seguridad Zona 2.
El 24 de setiembre de 2003, indagado por hurto, por la Comisaría 19ª de Montevideo.
El 24 de diciembre de 2003, indagado por apropiación indebida, por parte de la Comisaría 16ª de Montevideo
El 6 de julio de 2004, indagado por apropiación indebida, por parte de la Comisaría 19ª de Montevideo.
Más tarde, el 8 de marzo de 2010, habría sido indagado por la Comisaría 4ª.
Posteriormente, habría sido indagado por estafa en mayo de 2010 por el Área Investigación Zona 2.
Luego, el 2 de diciembre, fue indagado, por estafa, por Investigaciones del departamento de Colonia y el 30 diciembre de 2011, indagado también por estafa por parte de la Comisaría 2ª del departamento de Canelones.
El 9 de enero de 2012, indagado por la dependencia de asuntos judiciales de la Policía de Montevideo.
El 27 de enero de 2012, indagado por la dependencia de asuntos judiciales de la Policía de Montevideo.
El 20 de mayo de 2012, indagado en averiguación de paradero, por la Jefatura de Policía de Canelones
Finalmente, el 3 de agosto de 2012, es indagado por daño por parte de la Jefatura de policía de Montevideo.
Antecedentes
Caras y Caretas recordó que no es la primera vez que el custodia presidencial se vuelve un personaje muy controvertido. En particular, puede recordarse que el comisario Miguel Zuluaga, quien integraba el cuerpo de seguridad de Luis Alberto Lacalle Herrera, fue denunciado antes del Mundial de Rusia, siendo el encargado de seguridad de la Selección uruguaya de fútbol por haber integrado los cuerpos policiales del Departamento IV de la División de Información e Inteligencia en la dictadura.
Zuluaga, quien fuera subcomisario de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, negó haber participado en torturas, aunque no negó su vinculación con la Inteligencia policial y con el departamento de Policía, que ha sido tan cuestionado por el tratamiento dispensado allí a los presos políticos.
Los misteriosos criterios que usan los Lacalle para elegir sus custodias están nuevamente en tela de juicio y, al no haber respondido el pedido de informes formulado por el diputado Gerardo Núñez, se deja entrever que al propio ministro del Interior le resultan impresentables.
Tamnbién recordó Caras y Caretas que siendo el Dr. Gonzalo Aguirre vicepresidente de la República en el gobierno de Lacalle Herrera, su custodia era el inspector Artigas Rivero, de quien fuera requerida su captura nacional e internacional en 2001 por el Juzgado Penal de 12º turno por estar sospechado de contrabando, entre otros delitos.
Artigas Rivero huyó y permaneció fuera del país hasta que Caras y Caretas lo entrevistó en una lujosa finca el balneario Hermenegildo en Barra del Chuy.
Artigas Rivero, que evidenció tener vínculos estrechos con la Policía de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay y contactos con Estados Unidos, también reconoció vínculos con el tráfico ilegal de cigarrillos y diversas empresas de free shops que estaban siendo investigadas por contrabando y actividades ilegales. Pidió garantía para volver a Uruguay, acusó a la jueza Ana Lima y al inspector Julio Guarteche y reconoció haber asesorado al diputado Gustavo Borsari en su despacho en temas de seguridad y, naturalmente, haber sido el responsable de la custodia vicepresidencial.
La nota de Sarandí
Curiosamente radio Sarandí publicó este 7 de setiembre, en su página web, una nota titulada “Las anotaciones policiales de los custodias del presidente Lacalle Pou”, sin hacer referencia al pedido de informes ni a la nota de Caras y Caretas de agosto de 2020.
Dice la nota de Sarandí que “en medio de denuncias por casos de corrupción policial en varios departamentos, fuentes de la propia Policía dijeron a Informativo Sarandí no comprender las razones que llevaron al presidente Luis Lacalle Pou de rodearse en su custodia personal con civiles y uniformados cuyo pasado es por demás turbio.
El caso principal es el de Alejandro Astesiano, un civil de 50 años equiparado a policía que es el jefe de la custodia personal del mandatario”.
Agrega Sarandí que el segundo al mando de Astesiano es el policía Jorge Luis Borges, oficial que se desempeñaba en las Áreas de Investigaciones de la jefatura de Montevideo estando en Investigaciones de Zona IV. Era integrante de un grupo de policías indagados por diversos delitos como extorsión, privación de libertad y coimas.
Borges fue el único de todo el grupo que se salvó de ser procesado, ya que en el momento de ocurrido el procedimiento, Borges estaba con licencia.
No posee antecedentes judiciales, pero en su ficha tiene más de una indagatoria por diversas causas.
Otro policía que integra la custodia y que suele estar en la residencia presidencial es Pablo Martín Valenzuela, quien también se desempeñó en Áreas de Investigaciones de la Jefatura de Montevideo, en la Zona IV.
Valenzuela fue removido de ese puesto luego de un confuso incidente en que una cámara de seguridad de un comercio registró el ingreso de dos rapiñeros y en un momento se ve a Valenzuela metiéndose algo en sus bolsillos, en tanto otros compañeros fueron indagados por haberse quedado con dinero del robo.
En julio de 2018, cuando ocurrió esto, se inició una investigación de urgencia con conocimiento de la fiscalía, lo que arrojó la derivación de esta investigación a la Dirección de Asuntos Internos. El caso se pierde allí. Valenzuela estuvo indagado varias veces por violencia doméstica.
Otro custodio suspendido
El 6 de mayo la prensa informó que el subjefe del Servicio de Seguridad Presidencial había sido suspendido por 15 días, ya que una mujer lo denunció por violación de la propiedad privada.
El custodio había ingresado sin autorización a un campo para cazar. La denuncia concluyó en una sanción al trabajador de la seguridad presidencial, ya que además se descubrió que incumplió una cuarentena que debía realizar por haber estado en contacto con un positivo de covid-19.
Se trata de Jorge Amaro, del Servicio de Seguridad Presidencial (SSP). El hecho por el que fue denunciado ocurrió en el departamento de Lavalleja.
A raíz de este doble incumplimiento, el jefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, suspendió por 15 días a Amaro.
También El Popular
El 8 de setiembre, el diario El Popular, en una nota de Rolando Arbesún, recuerda que “por segunda vez han tomado estado público, aunque sin mucho impacto en los medios más afines al gobierno, los datos referidos a los antecedentes de algunos de los miembros de la custodia presidencial.
La primera vez que esta información circuló fue a partir de una nota de quien suscribe, que publicara en la revista Caras y Caretas (https://www.carasycaretas.com.uy/seguridad-presidencial-dudas/), toda la información disponible sobre los antecedentes de Alejandro Astesiano, quien de acuerdo a lo ahora difundido por radio Sarandí es “un civil de 50 años equiparado a policía que es el jefe de la custodia personal del mandatario”.
Además se transcribe el pedido de informes del dipútado Núñez: “1) La nómina de funcionarios dependientes de esa Secretaría de Estado que se desempeñan en el Servicio de Seguridad Presidencial desde el 1° de marzo pasado indicando grado, procedencia o unidad de origen de los mismos.
2) La nómina de funcionarios dependientes del Ministerio del Interior que fueran asignados a la jefatura, coordinadores y asesores del SSP, acompañando el texto del legado funcional correspondiente en cada caso”.
El Popular señala que “de todo esto pueden extraerse, como mínimo, tres observaciones.
Atendiendo al reglamento que establece que, “en uno y otro caso, sus integrantes serán designados directamente por el Presidente de la República, debiendo reunir en todos los casos las condiciones que se establezcan para el desempeño de esa función.
¿Cuáles son las condiciones que el mandatario destaca, para el caso de Astesiano, habida cuenta de su extenso prontuario?
Atendiendo al silencio que rodea, institucionalmente, la solicitud del diputado frenteamplista: ¿por qué el ministerio del Interior no ha emitido ninguna respuesta sobre lo solicitado en el pedido de informes del 14 de abril de 2020 y reiterado en diversas ocasiones?
¿Qué explicaría que semejante “escándalo informativo” que involucra al círculo íntimo de la Seguridad Presidencial y que, de alguna forma, se relaciona con las sospechas de comportamientos y acciones de corrupción en el Ministerio del Interior, no sea tratado en los medios que, un día sí y otro también, hacen posible el “blindaje mediático” del gobierno, al tiempo que rastrean cualquier minucia comportamental de los miembros de la oposición?
Fuente : carasycaretas.com.uy