El Partido Nacional votó el desafuero de Penadés para blindarse políticamente, pese a que, durante 30 años, sus compañeros de ruta encubrieron sus sórdidas aventuras con su silencio.
El desafuero del senador nacionalista Gustavo Penadés, actualmente desvinculado de la colectividad, disparó una nueva investigación sobre explotación sexual de menores, que ya tiene repercusión internacional.
No en vano, la relatora especial de la ONU sobre la venta, explotación y el abuso sexual de niños, Mama Fatima Singhateh, denunció que estas prácticas deleznables “están naturalizadas” en Uruguay.
Además, el affaire penal del legislador blanco fue mencionado -con gran destaque- por la cadena CNN, El País de Madrid y la BBC de Londres.
El informe de la fiscal Alicia Ghione, quien tiene a su cargo la causa contra el desaforado parlamentario, contiene detalles repugnantes, que revelan la catadura del imputado. Aunque Penadés está amparado por la presunción de inocencia que rige nuestro Estado de derecho, la contundencia de los testimonios y de las pruebas determinó el pedido de desafuero formulado ante el Poder Legislativo.
Pese a que ahora la Justicia actuará sin ataduras porque el imputado comparecerá a los estrados judiciales como un ciudadano común luego de ser despojado de su inmunidad, gozará igualmente de todas las garantías del debido proceso.
La figura del desafuero nos iguala a todos ante la ley, demoliendo el inmoral muro de impunidad que, en el pasado, amparó delitos de gobernantes de los partidos tradicionales que quedaron sin sanción penal.
El Partido Nacional, que no dudó en amparar al senador cabildante Guido Manini Ríos, quien fue convocado por la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad para explicar por qué omitió informar en tiempo y forma acerca de las confesiones formuladas por el criminal José Nino Gavazzo ante un tribunal de honor, se exorcizó a sí mismo para mitigar costos políticos.
Los que quedaron en una posición incómoda son el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, quienes afirmaron que creían en la inocencia de Penadés.
Ahora, el inefable Heber afirma que Penadés no es la misma persona que conoce desde hace 40 años. Evidentemente, tenía una personalidad secreta como tantos héroes de ficción.
El Partido Nacional votó el desafuero de Penadés para blindarse políticamente, pese a que, durante 30 años, sus compañeros de ruta encubrieron sus sórdidas aventuras con su silencio.
¿Nadie en la interna partidaria estaba enterado de lo que hacía Penadés en su vida privada?
Esta hipótesis es muy difícil de digerir, tratándose de un partido cuyos integrantes están acostumbrados a mentir. No en vano, siguen siendo cómplices de los casos de corrupción o apariencia delictiva perpetrados por el gobierno, incluyendo las actividades ilícitas del excustodio presidencial Alejandro Astesiano, el otorgamiento de un pasaporte al narco Sebastián Marset, la sospechosa concesión de servicios portuarios durante 60 años a una multinacional belga, las compras con sobreprecios de aviones, drones y de la vacuna contra la covid-19 y el otorgamiento de una exoneración a la empresa en la cual es gerente el esposo de la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, entre otras tantas chanchadas.
¿Deberíamos creerles que no sabían nada?
Ahora, en una postura teatral, los blancos -que de blancos no tienen nada porque la mayoría de sus gestiones de gobierno incluyendo la corrupta administración de Luis Alberto Lacalle Herrera están teñidas de ominosa opacidad- se rasgan las vestiduras. Por más que se laven la cara sacrificando a Penadés -que al igual que Astesiano se transformaría en un nuevo chivo expiatorio- la tienen muy embarrada. Ni siquiera el blindaje mediático ha logrado ocultar lo inoculable, aunque la Justicia solo mantiene abiertas las causas de Astesiano, Marset y la escandalosa entrega del Puerto de Montevideo.
¿Dónde fue a parar el honor de la rancia colectividad fundada hace 187 años en medio de la barbarie y el fragor de las guerras fratricidas entre las dos divisas tradiciones?
A partir de ahora, el Honorable Directorio que rige los destinos de este centenario partido debería llamarse Deshonorable Directorio. En su fuero íntimo, los miembros del Partido Nacional más allegados al desaforado senador seguramente sabían cuáles eran sus costumbres y sus instintos más bajos y aviesos.
¿Alguien le advirtió que su carrera política se terminaría abruptamente si se conocía la verdad?
La respuesta a esa pregunta es una incógnita. Más allá de lo meramente jurídico, ¿qué opinan los católicos nacionalistas que ocupan altos cargos en la estructura del gobierno incluyendo al propio presidente de la República, ante la conducta abiertamente inmoral de uno de sus integrantes?
Aunque los actos realmente aberrantes presuntamente perpetrados por Penadés corresponden a la esfera privada, nadie podrá negar que el acusado usó su poder para perpetrar estos desaguisados. En efecto, de acuerdo a los testimonios recabados por la Fiscalía, el parlamentario, que les pagaba a sus víctimas menores de edad por favores sexuales, también les prometía trabajos en el Estado.
Es decir, que abusaba del poder que le otorgaba su investidura y, lo que es aun más repulsivo, medraba con las necesidades materiales de adolescentes de 13, 14, 15 y 16 años e incluso de niños, procedentes de familias en situación de vulnerabilidad.
El ejercicio abusivo del poder sí es, además de un delito del cual pueden ser imputados los gobernantes o los altos jerarcas del Estado, un tema bien político, por más que la oposición frenteamplista haya actuado con la mayor moderación y la derecha aglutinada en la coalición de gobierno intente desviar el eje del debate para no ser salpicada por el escándalo.
Al margen de las evidencias recabadas por la Justicia, existe la presunción de que la denuncia inicial de Romina Celeste Papasso -a la cual siguieron otras siete- es parte de una operación política y una guerra intestina.
Aunque esa hipótesis no es descabellada, lo concreto es que Penadés ahora deberá comparecer ante los estrados judiciales sin sus privilegios y su colectividad partidaria no pueda hacerse la distraída.
Por supuesto, no es el primer escándalo de estas características que se suscita en el Partido Nacional. Como se recordará, en julio de 2013, la jueza Karen Ramos dispuso el procesamiento con prisión del exsecretario general de la Intendencia de Paysandú, el nacionalista Horacio de los Santos, por un delito de abuso de funciones, al consensuar el desarrollo de un fiesta con drogas, alcohol y actos inmorales en un predio municipal conocido como “la casita del parque”. En las orgías participaban menores de edad. Este hombre ocupaba el segundo cargo en importancia en el gobierno departamental sanducero luego del intendente.
Asimismo, el empresario Diego Susena, imputado por abuso de menores en el marco de la Operación Océano, quien se ha fotografiado con Luis Lacalle Pou y Laura Raffo, integró la lista 40 del Partido Nacional. También el empresario Ariel Pfeffer, otro de los implicados en la megacausa, ha posado para la foto con la hoy precandidata Laura Raffo, por lo cual no está en duda su filiación partidaria.
Estas prácticas aberrantes parecen ser moneda corriente en la colectividad blanca, por lo cual los miembros del gobierno que profesan la fe católica deberían confesarse ante su correligionario el cardenal Daniel Sturla por guardar silencio ante lo que era un secreto a voces.
Causa Abierta