MONTEVIDEO (Uypress)- El Frente Amplio (FA) solicitó a la presidenta de la Cámara de Senadores, Beatriz Argimón, que la Comisión de Constitución y Legislación analice si se puede aplicar alguna de las medidas previstas en el artículo 115 de la Constitución por “desorden de conducta” de la senadora Graciela Bianchi, frente al pedido de informes que hizo para conocer la “situación funcional” de la presidenta de la Asociación de Funcionarios de UTU, Mabel Mallo, tras sus criticas al presidente Luis Lacalle Pou.
El mencionado artículo establece que «cada Cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total de sus componentes«. También «podrá removerlo por imposibilidad física o incapacidad mental superviniente a su incorporación, o por actos de conducta que le hicieren indigno de su cargo, después de su proclamación». Cabe recordar que al amparo de este artículo el FA había solicitado la remoción del diputado colorado Omar Estévez, que todavía sigue a estudio de la cámara baja.
El pedido de informes que hizo Bianchi a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) es de un «gravísimo tenor» y «deshonra gravemente la responsabilidad ontológica» que los estados democráticos reservan a los parlamentos, que es «oficiar como control y contrapeso del gobierno a través del control de la gestión los demás poderes públicos». Se señala que, por el contrario, el pedido de la legisladora «no tiene por objeto controlar la gestión del Ministerio de Educación y Cultura, ni la de ANEP», sino que se «centra exclusivamente en recabar información» sobre la sindicalista.
Entiende el FA que Bianchi utilizó la potestad que le confiere la Constitución en el artículo 118 para solicitar información «de forma desviada a su fin» y configurando «una manifiesta hipótesis de desviación de poder repelida por nuestro orden jurídico».
La oposición pide rechazar este «desvío» para «así dar un mensaje claro a la ciudadanía en cuanto a que este Parlamento es una garantía a la libertad de expresión y a la libertad sindical y a que nadie -absolutamente nadie- será perseguido desde el Poder Legislativo cuando haga uso de tales libertades constitucionales tan caras para nuestro Estado Constitucional»; en este caso, la libertad sindical.
Finalmente, los senadores frenteamplistas afirman que «dar curso al pedido de informes en cuestión mengua la debida imagen institucional de la Cámara de Senadores frente a la ciudadanía, y además, deja en mala posición al gobierno en sí y a nuestro propio presidente de la República», mencionando que Bianchi es la senadora más votada del Partido Nacional.
Foto de portada: Javier Calvelo / adhocFOTOS
UyPress – Agencia Uruguaya de Noticias
