Por Joaquín Symonds
Hace alrededor de seis meses que el senador Gustavo Penadés comenzaba a estar en el centro de la polémica, luego de que la militante del Partido Nacional Romina Celeste lo denunciara mediáticamente por abuso sexual, antes de su cambio de género a los 13 años.
A las pocas semanas surgió otro nombre: Sebastián Mauvezín, la persona señalada como “nexo” entre Penadés y las víctimas, porque para aquel entonces ya había al menos cinco menores que habían hablado con la fiscal Alicia Ghione para contarle historias similares a la que había narrado públicamente la militante blanca.
El camino que recorrió la Fiscalía desde entonces se centró en escuchar a los denunciantes —hoy en día 11—, reconstruir sus relatos y llevarlos ante la jueza de garantía para tener los elementos suficientes y así avanzar hacia a la formalización de la investigación. Este es el último eslabón del proceso, antes de la etapa del juicio oral y público, dado que ni la defensa de Penadés ni Ghione están dispuestos a llegar a un acuerdo abreviado.
Por estos días, el equipo fiscal que lleva adelante la investigación está terminando de analizar las pericias de los teléfonos de Penadés y Mauvezín, desgrabando las escuchas telefónicas y esperando la información que se solicitó a la empresa Meta —propietaria de Instagram y Facebook— sobre los chats que aportaron las víctimas, que no son los mismos que circularon en redes sociales.
En rueda de prensa Ghione aclaró que estas conversaciones, que serán periciadas para saber su autenticidad, no forman parte de la carpeta, por lo que no se la considera como una prueba. La fiscal también dijo que, al ser una compañía extranjera, no está obligada a brindar la información, aunque la Justicia uruguaya tiene cierta experiencia que indica que en casos de delitos sexuales se suelen aportar los datos que se solicitan.
Más allá de estas idas y vueltas, que se entiende que pueden ser promovidas por las defensas para ganar tiempo o seguir adelante con su estrategia, en la audiencia de imputación es de esperar que la Fiscalía solicite que Penadés vaya a la cárcel como medida cautelar mientras se desarrolla el juicio.
¿Cómo se podría justificar ese pedido? Lo primero que cabe es una razón técnica, dado que la ley 9155 del Código Penal establece que es necesaria la prisión como medida cautelar cuando “exista una circunstancia coercitiva” sobre la víctima, ya sea “del mismo o distinto sexo”. Se entiende que Penadés ha ejercido, según lo que relatan las víctimas, un uso de su condición de legislador y dirigente político para llevar adelante los actos por los que se lo acusa. Varios menores han declarado, con lujo de detalles, cómo el senador los presionaba y les hacía promesas laborales por ser miembro del Parlamento. Más allá de que también ha quedado asentado que les pagaba dinero a cambio de actos sexuales.
La segunda razón, que va de la mano de la primera, es que desde el inicio del caso han existido situaciones confusas en relación con las víctimas y amenazas que, tanto los denunciantes como los familiares de ellos, han manifestado en Fiscalía.
Este tipo de acciones se han plasmado a través de conversaciones de Instagram y llamadas telefónicas. Incluso, como informó Montevideo Portal hace unos meses, la madre de un menor de 16 recibió un mensaje que advertía que le iban a sacar la patria potestad de su hijo si declaraba en contra de Penadés.
Por estos dos motivos, sumado a que son muchas las víctimas que han declarado, Ghione tiene previsto pedir la imputación con prisión preventiva por 180 días. Como siempre, será la Justicia la que evalúe si hay méritos para acceder a la solicitud de Fiscalía o si se adopta otra medida cautelar alternativa.
Trama o no
Las defensas de los acusados, Juan Carlos Fernández Lecchini y Javier Vega, han argumentado tanto a nivel judicial como público que Mauvezín y Penadés son víctimas de una trama en su contra. El argumento principal apunta a que Jonathan Mastropierro, otro de los denunciantes —quien además posee un pasado delictivo por estafas— es el centro de ese plan y reunió a los denunciantes para planificar qué decir ante Fiscalía.
Sin embargo, la investigación no ha arrojado esto. Según pudo saber Montevideo Portal con fuentes de la causa, se está trabajando con tres grupos de denunciantes que no se conocen entre sí. Hay solamente tres jóvenes que sí declararon que tenían relación, pero uno de ellos explicó que entre un grupo de amigos se corrió la voz de que Penadés pagaba por relaciones sexuales y así fue que se conocieron.
Más allá de la postura de Fiscalía, en la audiencia del pasado viernes 18 los abogados de Penadés y Mauvezín recogieron algunos elementos que reafirman esa supuesta trama en contra de sus dos clientes.
Una fuente cercana a la defensa de Penadés explicó que en la instancia judicial de la semana pasada todos hicieron referencia a una misma marca de auto que el senador tuvo hasta fines de 2020 y principios de 2021. El modelo de vehículo que mencionaron fue el que conoció Mastropierro en 2020, cuando mantuvo un encuentro con el exnacionalista, ya siendo mayor de edad, según argumentaron los abogados. “¿Cómo pudieron mencionar la misma marca en encuentros que supuestamente ocurrieron entre 2022 y 2023, cuando Penadés cambió el auto a fines de 2020 o principios de 2021?”, se preguntó la fuente. La respuesta a la pregunta anterior se centra nuevamente en Mastropierro.
Vega y Fernández Lecchini entienden que fue el joven el encargado de coordinar las acciones y por tanto él les dijo “la marca que tenían que decir”.
Las pruebas que se conocen
En casos de delitos sexuales, las declaraciones de las víctimas resultan vitales como elemento probatorio para solicitar diferentes medidas judiciales sobre los acusados. Una de las prioridades de Ghione fue preservar la identidad de los jóvenes como forma de garantizar que la gran mayoría declarara ante la jueza Vargas.
Además, la Fiscalía posee el material que aportaron los moteles señalados por las víctimas. En este punto no solo hay grabaciones de cámaras de seguridad, sino también información que se solicitó para corroborar que haya sido Penadés quien pagó la tarifa para mantener el encuentro con los menores.
Por último, se esperan las pruebas que puedan surgir del análisis de los celulares, tanto de Mauvezín como del propio legislador. Esto último está siendo procesado por el equipo fiscal y se sumará a los datos que entreguen desde Meta, empresa que ya aportó lo suyo dando información sobre los perfiles de los chats que están incluidos en la carpeta de investigación.
Causa Abierta