La Asociación de Funcionarios de Impositiva (AFI) denunció a través de un comunicado medidas “represivas” por parte de la Dirección de la DGI, a la vez que reivindica un uso responsable de los fondos públicos.
Además el sindicato exige que se respete la libertad de expresión. Según destaca, la Dirección del organismo “retiró con total arbitrariedad y en forma unilateral las carteleras gremiales en el edificio de Fernández Crespo y Colonia, violentando de este modo las prácticas de buena fe que dispone la Ley 18.508”.
“Esta actitud es una clara intromisión en la autonomía sindical. La Dirección pretende disponer por sí y ante sí, dónde AFI debe colocar la cartelería de información a sus afiliados, cuando la ubicación de las mismas fue acordada entre las partes”, indican los trabajadores y aclaran que esa cartelería fue colocada hace más de 13 años y fue ubicada en distintos lugares del edificio, por un acuerdo entre las partes, “que la Dirección actual de DGI desconoce y violenta”, aseguraron.
Según el sindicato, la Dirección también vulnera la Ley 17.940, ya que la cartelería dispuesta no perjudica el funcionamiento ni la gestión del organismo, sino que expresan la visión de AFI sobre los temas que son de interés para los funcionarios.
El presidente de AFI, Adeimar González, dijo a Informativo Carve del Mediodía que “es una medida represiva, que tiene el claro objetivo de coartar la libertad de expresión del sindicato, además de meterse con la autonomía gremial”.
Los trabajadores señalan además, que la Dirección ha designado “a dedo encargaturas con salarios que superan los 200.000 pesos por mes, violentando el convenio vigente de junio de 2018 e incumpliendo con la Ley 18.719”.
El comunicado agrega que la Dirección de DGI “no cumple con los concursos de encargaturas vigentes, no integra los tribunales y pretende continuar designando cargos a dedo, y no realiza los concursos de ascensos pendientes establecidos en acuerdo de marzo de 2018”.
“Un jerarca de cualquier organismo no puede resolver a quién le asigna un cargo, a quien le paga un plus de cincuenta, ochenta o cien mil pesos, ¿por qué motivos? ¿Por política, por amistad, por vinculación? No sabemos. Cuando opera el dedo, cuando es a discreción la que define asignarse un millón o dos millones de pesos a una persona en un año es cuando no hay criterio”, señaló González.
A su vez, destaca que “no cumple con el artículo 10 de la ley 19.355 desconociendo la tarea profesional de decenas de funcionarios que la cumplen, utilizando la discrecionalidad para realizar cambios de escalafón”.
No convoca a la negociación colectiva, cierra oficinas y desmantela servicios como sucedió recientemente con el cierre de la Oficina de Santa Lucia, no llena vacantes y no realiza llamados a ingresos dejando desprovistas áreas críticas para la gestión del Organismo, y no instala los Servicios de Prevención y Salud, lo cual es una obligación dispuesta por decretos vigentes y una herramienta necesaria para dar cumplimiento a la normativa en materia de salud y seguridad laboral”.
Fuente : carve850.com.uy