MONTEVIDEO (Uypress) – Un grupo de economistas conformó el espacio Frenteamplistas por el No al plebiscito de la seguridad social. La redacción del texto sostiene que si bien la reforma jubilatoria que aprobó la coalición de gobierno «avanzó en algunos aspectos», no consiguió terminar con los «principales problemas existentes» del sistema previsional y además «generó problemas nuevos»; de todos modos, se sostiene que el plebiscito «no es la solución».
Entre las 112 adhesiones de «frenteamplistas del ámbito de las ciencias económicas», se encuentran Gabriel Oddone, Mario Bergara, Fernando Lorenzo, Álvaro García y Pablo Ferreri.
El documento redactado sostiene que de aprobarse la reforma constitucional «tendría consecuencias injustas y regresivas y generaría enormes riesgos para la economía uruguaya».
El grupo de economistas analiza los tres puntos de la reforma impulsada por el PIT-CNT. Afirman que «la promesa del plebiscito de jubilarse a los 60 años no se cumple para la mayoría de quienes trabajan», que a esa edad no consiguen reunir el mínimo de 30 años de aportes que exige la ley para jubilarse, un «problema que afecta a la mitad de los que hoy trabajan, sobre todo los de menores ingresos y peores condiciones laborales, especialmente las mujeres». El PIT-CNT propone bajar la edad jubilatoria de 65 a 60 años.
Sostiene el informe que el plebiscito «no logra cumplir con la promesa de mejorar a futuro las pasividades mínimas». La propuesta a plebiscitarse establece que ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional. Al día de hoy, esto supondría un incremento de 18.840 a 22.268 pesos uruguayos por mes, cuyo costo total el PIT-CNT estimó en 460 millones de dólares al año.
Agregan los técnicos que el salario mínimo nacional es «una variable cuyo valor es fijado discrecionalmente por el gobierno de turno», por lo que «no implica ninguna garantía de que las pasividades mínimas aumenten su poder de compra, ni siquiera que lo mantengan, tal como pasó hasta el año 2004, cuando se castigaba al salario mínimo nacional para frenar el gasto en jubilaciones y pensiones», lo que supone «un riesgo cierto de que algún gobierno futuro limite el aumento del salario mínimo nacional, perjudicando a las y los trabajadores de menores ingresos».
Advierten sobre el efecto que tendría la eliminación del régimen de ahorro individual de las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP) ya que conlleva el traspaso de 23.000 millones de dólares desde las AFAP al Banco de Previsión Social (BPS), organismo que «quedará obligado a pagar pasividades mayores que las que se hubieran pagado por el sistema actual». «El BPS recibirá menos dinero del monto al que quedará obligado con los futuros jubilados, por lo que aumentará aún más su déficit previsional actual». Este monto «se agotará en menos de 15 años», y desde entonces «cada año se necesitarán más aportes del Estado» para cubrir el déficit del sistema previsional.
«La promesa de mayores pasividades» por parte del BPS «no debe alimentar la falsa ilusión de que existe un impuesto, que siempre pagan otros y que soluciona el enorme costo adicional». Este costo adicional equivaldría a duplicar el impuesto a las ganancias de «todas las empresas», aumentar cuatro veces los aportes patronales o «aumentar el IVA de 22% a 35%».
«Aun asumiendo que el altísimo costo que el plebiscito genera pudiera ser financiado, implicaría renunciar a destinar mayores recursos a atender otras necesidades prioritarias que tiene la sociedad, como la pobreza infantil, la seguridad, la educación y el sistema de cuidados, incluyendo la atención a las necesidades crecientes de una población envejecida», agrega el documento.
Advierten finalmente que, por la forma en que está redactada la papeleta, el plebiscito «deja blindados en la Constitución los privilegios actuales de la Caja Militar». La papeleta establece que «la entrada en vigor de la presente reforma no implicará pérdida o menoscabo en derechos o beneficios previstos en leyes anteriores en materia de prestaciones de seguridad social».
El grupo Frenteamplistas por el No concluye que la convocatoria a «un amplio, democrático y genuino diálogo social» sobre la seguridad social, como se plantea en las bases programáticas del FA, sí permitirá desarrollar «una reforma más justa y sostenible».
UyPress – Agencia Uruguaya de Noticias