El crimen de Amparo Fernández tuvo gran repercusión. Sus compañeros señalan intento de destitución que privaría a sus hijos de una pensión
Amparo Fernández, enfermera de profesión, desapareció el 29 de junio de 2019. Tenía 36 años.
Oriunda y residente en Paysandú, había viajado al departamento de Florida para encontrarse con un hombre identificado como L. D. O. con el que estaba en contacto a través de las redes sociales y con quien tenía un interés común: los caballos.
Tras la desaparición, este hombre fue el principal sospechoso en todo momento. En los primeros interrogatorios dijo que habían discutido y la había llevado hasta la ruta para que tomara un ómnibus.
Posteriormente, y ante la imposibilidad de sostener esos dichos, declaró que viajaba junto a Amparo en un vehículo, que ella había sufrido una mortal caída en la carretera y que él, asustado, había arrojado el cadáver al río Yi.
En diciembre de 2020, L. D. O. fue condenado a 26 años de cárcel. Los restos de Amparo jamás aparecieron.
En las últimas horas, los antiguos compañeros de trabajo de la infortunada joven tomaron conocimiento de una insólita situación. La Red de Atención de Primer Nivel (RAP) de ASSE publicó en la prensa sanducera una intimación para que Amparo se presente a trabajar “bajo apercibimiento de renuncia tácita”.
La filial departamental de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) recibió con asombro y desagrado la noticia de que —para colmo de ironía— se produjo horas después de que se llevara a cabo un homenaje a la víctima de femicidio.
“En el día de ayer nuestra FFSP rindió homenaje a nuestra compañera Amparo Fernández, víctima de la violencia machista y que hasta la fecha se encuentra desaparecida”, expresó la FFPS en su cuenta de Facebook.
“Como trabajadores y trabajadoras ante el procesamiento del femicida, estamos bregando para que sus hijos puedan contar con una pensión”, añade la publicación, que atribuye una intencionalidad a la RAP.
“Hoy tenemos la amarga sorpresa de que se está realizando todo el proceso formal para su destitución, lo cual implica que sus hijos seguirán sin recibir la pensión de su madre”, señala.
Pedido de destitución de la directora
En un comunicado posterior, la FFSP amplió su reclamo y manifestó “absoluto rechazo y profundo repudio al accionar reciente de la Directora de la RAP Paysandú, Dra. Claudia Buenaventura, quien, de manera insensible y cruel, intimó oficial y públicamente a nuestra compañera Amparo Fernández a presentarse en su lugar de trabajo”.
“Recordemos que Amparo fue brutalmente asesinada el 29 de junio de 2019, víctima de femicidio, y hasta el día de hoy su cuerpo no ha sido encontrado, y el Tribunal de Apelaciones confirmó la condena de 26 años de prisión para el responsable de este horrendo crimen”, añade el texto.
“Esta comunicación oficial no solo es un acto de negligencia e insensibilidad, sino un insulto a la memoria de Amparo y a todos quienes la lloran. Lo ocurrido no es un error menor: es una muestra de desprecio por la vida, una humillación para sus seres queridos y un recordatorio desgarrador del horror que enfrentó”, considera la FFSP.
“Es inadmisible y absolutamente intolerable que alguien en una posición de autoridad actúe con semejante deshumanización. Por ello, exigimos con firmeza que las autoridades de ASSE destituyan inmediatamente a la Dra. Claudia Buenaventura”, prosigue.
“Este accionar ofensivo no solo desacredita a la institución que representa, sino que perpetúa la violencia institucional hacia Amparo y todas las mujeres víctimas de violencia de género. No permitiremos más indiferencia ante la violencia hacia las mujeres. Amparo no está olvidada, y no descansaremos hasta que se haga justicia, no solo en los tribunales, sino también en la memoria y el respeto hacia su nombre”, concluye la misiva.
Montevideo Portal