Sergio Secinaro
Esta historia que vamos a contar sobre lo que la intendencia de Rivera presenta como la inversión más grande del departamento, refiriéndose a una nueva Zona Franca, realmente no tiene desperdicios y marca de impunidad con la que se mueven muchos políticos en el Uruguay.
Como decíamos, el intendente de Rivera Richard Sander hace poco tiempo había anunciado una inversión impresionante para trabajar una nueva zona franca en el departamento y como inversor principal a un brasileño y llamado Joao Celso de Toledo.
Hasta ahí todo bárbaro, pero resulta que todo empezó a adquirir matices bastantes oscuros, cuando un edil nacionalista cuestionó el pasado de tan importante inversor brasileño, pues sin más miramientos lanzó la bomba de que el “destacado inversor” “había tenido un problema penal muy grande con la Justicia Federal Brasileña, llamada la “Operação Castelhana”, ustedes saben que los brasileños nos dicen a nosotros “castelhanos”, “Operação Castelhana” de la Justicia Penal Brasilera…”
Pues el edil no estaba equivocado, ya que se puede comprobar fácilmente que Joao Celso de Toledo (que es contador en su país) actuaba en la protección patrimonial de varias empresas, tenía vínculos con el Uruguay, crear SAFI, la famosa SAFI que fueron derogadas en la legislatura pasada, reclutar testaferros en el Uruguay, simular juntas generales, de registrar abogados offshores, preparar contabilidad de empresas que no existen, mantener cuentas bancarias a fin de determinadas actividades, repatriar efectivo a favor de clientes y envíos de montos para esos fiscales que en resumidas cuentas es lo que se dice “lavado de dinero”, “lavado de activos”. Fueron imputados por estelionatos, que es estafa, por falsedad ideológica, menoscabo del Estado, crímenes tributarios contra el Estado brasilero…
El inversor cayó preso junto a 25 personas más en la denominada “Operação Castelhana”…
Con esto que lanzó un edil nacionalista en la junta de Rivera, como que se quemaba el pastel y entonces…
RECALCULANDO
Como señalamos, ante la exposición quemante del edil que los dejó evidentemente en evidencia, las autoridades de la intendencia de Rivera con el intendente Richard Sander a la cabeza, salieron a decir que entre los inversores de la nueva zona franca no estaba el polémico Señor Joao Celso de Toledo, sino que se trataba de la familia Gulin del estado de Paraná con un patrimonio que supera los 2.000 millones de dólares…
Muy bien, pero…
LA FOTO DEL ESCÁNDALO
Todo muy lindo el tema y así esta semana estuvieron los inversores en Rivera y se reunieron con el Intendente Richard Sander, sus colaboradores y hasta con el propio Presidente Luis Lacalle Pou… Y como en todas esas reuniones de grandes inversores anunciadas con bombos y platillos, no faltaron las fotos… ¿Y saben quién apareció sentado al lado del mismísimo Presidente Luis Lacalle Pou? Pues Joao Celso de Toledo, como se puede ver en la imagen…
Parece bastante sospechoso que se diga que Joao Celso de Toledo no tiene nada que ver en el grupo inversor y luego aparezca en la reunión, sentado al lado del Presidente Luis Lacalle Pou,… ¿Cómo se explica? ¿Qué fue a hacer si no tiene nada que ver? Bastante complicado de explicar…
Y la cosa no queda allí, porque ha llegado la versión a Crónicas del Este de que el Presidente Luis Lacalle Pou fue advertido de los tenebrosos antecedentes de Joao Celso de Toledo…
LOS GULIN TAMPOCO SON TRIGO LIMPIO
Pero no se apure estimado lector, porque este estofado tiene más condimentos, pues cuando a averiguamos los antecedentes de la familia Gulin del estado de Paraná, resulta que tampoco son trigo muy limpio, ya que Dante José Gulin estuvo acusado en la operación Riquixá, que investigaba un presunto esquema de fraude en licitaciones de transporte público en varias ciudades de Paraná, entre ellas Curitiba, Apucarana, en el norte, Foz do Iguaçu, en el oeste, Paranaguá, en la costa, y Guarapuava, en la región central, también como de otros estados.
Según el Ministerio Público, se trata de una organización criminal formada por miembros de un grupo económico familiar, con sede en Curitiba, que cometió delitos relacionados con la focalización ilegal de licitaciones públicas para la concesión de transporte público.
Según la denuncia, las personas recibieron pago por organizar el fraude a través de investigadores vinculados a la Unión de Empresas de Autobuses de Curitiba y Región Metropolitana (Setransp).
La prensa brasiñela explicaba que “El pago de los ilícitos practicados se hizo en forma de honorarios profesionales en contratos, con facturas fraudulentas, en montos que alcanzaron, en ese momento, R$ 900.000, según la denuncia”.
Un brasileño nos informó textualmente: “La familia Gulin es muy fuerte y poderosa acá en Parana. Son de origen italiano, pero tampoco son trigo limpio. Hace unos años tuvieron problemas serios con la justicia penal y como toda gente poderosa, con buenos abogados zafaron y prescribieron los delitos denunciados en la “Operación Riquixá”.
Fuente : cronicasdeleste.com.uy