Por Georgina Mayo
Una de las dos denuncias presentadas por un ciudadano a comienzos de este año ante la Unidad de Acceso a la Información Pública, y que apunta a la falta de investigación y respuestas de la Junta de Transparencia y Ética Pública, se inició en contra del ahora exsecretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.
La denuncia cuestiona el ingreso de tres ciudadanos rusos que arribaron al país en plena pandemia autorizados por el jerarca, de los que aún se desconoce no sólo los detalles sino el fundamento para haber autorizado su ingreso. Luego de declararse el estado de emergencia nacional sanitaria en marzo de 2020 se establecieron limitaciones generales de ingreso al país de pasajeros y tripulantes, así como la suspensión de vuelos privados internacionales.
El Decreto 104/020 exceptuaba de la prohibición del ingreso a propietarios y promitentes compradores de bienes inmuebles ubicados en el territorio nacional, titulares de participaciones sociales o acciones de personas jurídicas y los beneficiarios finales de éstas, sean propietarias o promitentes compradoras de bienes inmuebles ubicados en el territorio nacional. Pero la excepción tenía su límite porque el ingreso debía estar acreditado con un certificado notarial expedido por Escribano Público habilitado en el país o una declaración jurada.
Según la denuncia que conoció 25siete, dos cómplices de Alejandro Astesiano, fueron exceptuados de la prohibición de ingreso al país de extranjeros que se daba producto de la emergencia sanitaria por Covid-19, mediante una resolución firmada por el exsecretario de Presidencia en junio de 2021.
Según una resolución divulgada por el periodista Antonio Ladra, el gobierno autorizó el 11 de junio de 2021 el ingreso de 43 personas, entre ellas dos de los cómplices del exjefe de custodia presidencial Alejandro Astesiano, imputado por asociación para delinquir, tráfico de influencias y suposición de estado civil. Astesiano fue imputado el 28 de setiembre de 2022 en la causa de falsificación de pasaportes.
Delgado explicó a El País que su participación se limitó a una “firma administrativa” y que hubo “previa fundamentación del organismo competente”. Hubo “miles y miles de solicitudes de ingreso, y muchas de ellas fueron aprobadas, siempre teniendo los resguardos sanitarios correspondientes”, recordó el jerarca.
“Lo que yo hacía era firmarlas para que luego lo analizara Migraciones, siempre en función de una casuística contemplada por los distintos decretos”, precisó.
En tanto, el ciudadano o ciudadana que presentó denuncia en la Junta de Transparencia y Ética Pública, luego de la llegada de extranjeros sin su debida acreditación durante la Pandemia, mostró su disconformidad ante las explicaciones dadas por el exsecretario de la presidencia Álvaro Delgado. Según pudo conocer 25siete, el denunciante también preguntó en la Unidad de Acceso a la Información Pública por qué la Junta de Transparencia y Ética Pública no trató el tema del ingreso de ciudadanos extranjeros y, especialmente, el motivo por el cual llegaron al país tres ciudadanos rusos.
Durante la investigación sobre la expedición de pasaportes en base a partidas de nacimiento falsas, la fiscal Gabriela Fossati -quien se hizo cargo de una parte de la investigación sobre el caso de los pasaportes-, indicó públicamente que se desconocía la razón del ingreso de tres ciudadanos rusos, y entre ellos, la pareja de rusos que habrían llegado al país para participar en la compra de un frigorífico.
Ante el Parlamento, el ahora exsecretario de la presidencia Álvaro Delgado explicó los motivos de los ingresos sin una certificación notarial y sin una nota de las empresas que, eventualmente, solicitaban en forma impostergable a los ciudadanos rusos. Por su lado, la Junta de Transparencia y Ética Pública deberá tratar la denuncia porque a su vez la propia Junta de Transparencia fue denunciada ante la Unidad de Acceso a la Información Pública. La denuncia, que aún no se trató en la JUTEP indica que la decisión del jerarca de presidencia y candidato del Partido Nacional de haber permitido el ingreso de ciudadanos sin razones que lo avalaran contraviene lo dispuesto para los funcionarios públicos que deben argumentar la razón de los actos dictados.
Fuente : 257.uy