La denuncia que presentaron los senadores del Frente Amplio este miércoles para que se investigue el acuerdo entre el gobierno y la empresa belga Katoen Natie quedó en manos del fiscal de Delitos Económicos y Complejos Ricardo Lackner. La denuncia señala como eventuales responsables al exministro de Transporte, Luis Alberto Heber, el viceministro de esa cartera, Juan José Olaizola y al actual presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo. Además, fue denunciado el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, por su participación en el acuerdo.
La extensa denuncia relata, entre otros puntos, que el acuerdo saltó a la luz pública recién durante la comparecencia en comisión del exministro Luis Alberto Heber, el 21 de abril de este año. Sin embargo, expone que el acuerdo fue alcanzado el 25 de febrero de este año, entre Estado uruguayo y “Compañías KNG” y señala que fue suscrito con la finalidad de evitar un futuro litigio que, presuntamente, sería iniciado por la empresa al amparo del Tratado de Protección de Inversiones entre Uruguay y la Unión Económica Belga-Luxemburguesa.
Katon Natie planteó diferendos en cuanto al tratamiento que estaría teniendo la empresa, que vulneraría determinados estándares del Tratado.
El fiscal Ricardo Lackner que se hará cargo de la investigación es el mismo que en 2017 pidió el procesamiento del capataz que en Paysandú agredió a latigazos al peón rural que empleaba, y que se pronunció a favor de la extradición de la contadora Maya Cikurell por la investigación realizada por Panamá sobre la empresa Oderbrech.
Acerca de la denuncia presentada este jueves por el Frente Amplio, que sostiene varios aspectos sobre el acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie, algunos juristas consultados por 25siete indicaron que luego de la denuncia las expresiones del presidente Luis Lacalle Pou en su cuenta de Twitter, pueden eventualmente generar que también el mandatario deba declarar. Si bien la sola confesión de un hecho no es prueba, el presidente indicó que el acuerdo fue alcanzado fue bajo su supervisión y responsabilidad y es por eso que los penalistas consultados indicaron que no se puede descartar de plano su declaración.
Entre otros puntos, la denuncia presentada indica que “llamativamente, sobre fines de febrero de 2020 y a pocos días de que asumiera la nueva administración, la empresa Katoen Natie envió al Poder Ejecutivo una reiteración del pedido de negociación. Allí expresó por primera vez el supuesto monto del reclamo, unos 1.500 millones de dólares aproximadamente, sin fundamentación ni desarrollo que lo sustente alguno. Solo una mera y exorbitante cifra”, dice la denuncia.
El no asesoramiento denunciado
La denuncia califica como “grosera y rampante ilegalidad», el hecho de que el gobierno tomó semejante decisión sin asesoramiento jurídico y económico alguno, actuando como “dueños del Estado”. Se pregunta cómo se llevó adelante este acuerdo que, además, otorga una concesión monopólica por 50 años sin asesoramiento jurídico y económico como insumo y qué pudo motivar a las autoridades perpetrantes a incurrir en este acuerdo, desechanddo el asesoramiento del Ministerio de Transporte y la Administración Nacional de Puertos. La denuncia solicita que debe aclararse hasta qué punto las autoridades tomaron sus decisiones bajo el patrocinio de abogados contratados por la empresa beneficiaria del acuerdo. La denuncia sostiene que entre los nombres de los abogados invocados se encontraban profesionales que notoriamente habían trabajado o producido informes para la empresa Katoen Natie. Estos informes, se dijo, serían remitidos al Parlamento. Pero «finalmente eso no ocurrió”, indica el texto que llegó a Fiscalía. Las autoridades indicaron -sigue el escrito- que era necesario mantener esos informes en reserva, por lo que ya no serían enviados al Parlamento. En tanto, luego de promovida una acción de acceso a información pública para acceder al texto de los mismos, las autoridades modificaron nuevamente su versión, pasando a declarar que dichos informes en realidad no existen”.
La denuncia presentada este miércoles en Fiscalía indica entre otros puntos que el procedimiento de aprobación del Reglamento General de Atraque de Buques y del Régimen de Gestión del Puerto de Montevideo, el asesoramiento preceptivo de la ANP fue elevado sin la firma del Directorio, el cual no tuvo conocimiento del asunto”. La ley exige que la ANP asesore al Poder Ejecutivo en forma previa a la prórroga de cierto tipo de concesiones portuarias y antes de aprobar normativa portuaria.
Los legisladores del Frente Amplio en su denuncia advierten que “el gobierno debió realizar un procedimiento competitivo y sin embargo incumpliendo con las normas de contratación administrativa resolvió otorgar directamente y de manera flagrantemente ilegítima el monopolio de contenedores a la empresa KNG”.
Ocultamiento a la coalición de gobierno
La denuncia de la bancada del Frente Amplio indica que el accionar fue “ilegal y delictivo de parte de quienes participaron en el perfeccionamiento de este acuerdo y que se realizó en forma secreta, y a escondidas hasta de los propios integrantes de la coalición de gobierno, se firmó un nuevo acuerdo que es ilegal porque contraviene las normas jurídicas”.
La denuncia contra el acuerdo entre el gobierno por parte del Estado uruguayo y Katoen Natie señala que “si bien la existencia de algún tipo de acuerdo que había puesto fin al diferendo con las compañías del grupo KNG fue dada a conocer oficialmente por el presidente Luis Lacalle Pou el día 2 de marzo de 2020 en un discurso frente a la Asamblea General, los términos concretos del acuerdo permanecieron en el más oscuro secreto durante siete semanas más”. «Sólo se dio a conocer -sigue la denuncia- que la empresa renunciaría a su infundada (literalmente: en tanto jamás la fundó) pretensión indemnizatoria, que se extendería el plazo de concesión por 50 años más, que habría algún tipo de compromiso de rebaja de tarifas y que la empresa se comprometía a realizar nuevas inversiones por un total de USD 450 millones».
La denuncia expresó que el exministro de Transporte y el presidente de la ANP, incurrieron en irregularidades procedimentales usurpando incluso funciones que correspondían al directorio de la ANP, y potencialmente antedatando documentos públicos, todo con la finalidad de asegurar que los decretos que cumplen lo acordado se aprueben antes de dar posibilidad a la aparición de objeciones…”.
Publicación original. 30/09/2021
Fuente : 257.uy
